La extrema polarización que impera en Colombia durante épocas electorales –en particular estas elecciones- y que debilita nuestra democracia, cada vez toma más fuerza, y no sólo tienen como principales exponentes a líderes políticos y generadores de opinión, sino que ha involucrado, para mal, a sectores de la sociedad que están llamados a preservar la calma y la objetividad en el mar de radicalismos al que nos encontramos expuestos.
Así, la Colombia dividida de hoy, exige que instituciones que dinamizan las democracias, como la academia y los medios de comunicación, sean agentes que se orienten por la neutralidad informativa y la objetividad; hecho que lamentablemente hoy no impera en nuestro país debido a que, bajo la falacia del falso conflicto entre libertad y objetividad, importantes figuras académicas y periodísticas buscan despojar de la objetividad y la neutralidad informativa a los colombianos.
Este es el caso de algunos personajes públicos, quienes aprovechándose de su investidura académica no sólo han desinformado a través de posturas claramente sesgadas, sino que han ahondado la división que el país hoy padece. De este modo, causa curiosidad ver cómo, algunos de estos académicos adaptan incluso sus más importantes posturas académicas en pro de los fines políticos del momento. Un ejemplo de ello es el artículo “Las enseñanzas del análisis comparado: procesos transicionales, formas de justicia transicional y el caso colombiano”, en el que Rodrigo Uprimny, sostuvo que en el marco de procesos de transición, tratándose de crímenes de Lesa Humanidad, estos debían ser excluidos de perdones totales; y sólo serían admisibles perdones parciales siempre y cuando existiera una contribución a la paz, a la verdad y a la reparación, lo que suponía la confesión total de los hechos frente a los cuales se pretende el perdón parcial, y el cumplimiento de unos mínimos de pena privativa de la libertad, pues no parece admisible que responsables de comportamientos tan atroces puedan recibir un perdón total o deban únicamente cumplir penas alternativas.
Ese Rodrigo Uprimny, que encontraba razonable las penas privativas de la libertad que disponía el proceso de Justicia y Paz para criminales de lesa humanidad (Ley 975/2005), fue el mismo académico que años después, en representación del centro de estudios Dejusticia (entidad de la que él es cofundador y su cabeza más visible, que se ha visto ampliamente beneficiada por el proceso de La Habana, a través de sendos contratos no sólo con el Gobierno Nacional sino con países extranjeros como Estados Unidos, Suiza y Noruega), en múltiples audiencias públicas sobre la implementación de los acuerdos de paz en el Congreso de la República, defendió que confesos criminales de lesa humanidad, pudieran tener penas distintas a la privación efectiva de la libertad, y es el mismo académico (o político) que a través de un trino calificó la propuesta de una sola Corte como una treta castrochavista, cuando países como Chile, Suecia, Canadá, Noruega y Suiza (entre otros), ya cuentan con este mecanismo.
Es evidente que, en este escenario electoral, los líderes de opinión, académicos y periodistas optarán por posturas de su preferencia. Lo que no es admisible es la falta de coherencia que se percibe en algunos de ellos ante la elección presidencial, pues al mejor estilo de los políticos que el señor Uprimny constantemente critica en sus columnas, muy seguramente en unos años (como ya pasó), será el primer defensor de la propuesta de una sola Corte, que hoy tanto critica.
