Pecan por ingenuos quienes creen que en Colombia no se hace política en las aulas y que la libertad de cátedra no sufre de abusos constantes por parte de quienes confunden deliberadamente el rigor académico con la alfabetización política.
Así ha quedado demostrado en las últimas semanas, cuando varios estudiantes hicieron públicos videos de sus maestros que, posando de intelectuales, trataban de inculcar determinada opción política, quedando muy bien como activistas pero pésimamente como profesores.
Pues sí. Resulta lamentable que en algunas instituciones educativas no se entienda que el papel del profesor y de la universidad no es el de sumar adeptos para determinada causa, sino el de dar herramientas a los estudiantes para que cada cual pueda sacar sus propias conclusiones. Adoctrinar políticamente en las aulas no es la máxima expresión de la autonomía universitaria como algunos han sostenido en estos días, sino su más vil perversión, pues se renuncia al método científico y se rompe de facto con la idea de que la enseñanza debe hacerse de manera desinteresada, objetiva y neutral frente a asuntos controversiales. Permitirlo no sólo no es ético, sino también profundamente antidemocrático: la educación debe servir para brindar a los estudiantes las herramientas para saber cómo pensar, no para decirles qué pensar y mucho menos bajo la arbitraria y latente amenaza de las notas y calificaciones.
Pero este vicio de algunos “educadores” no hace parte de una enfermedad tropical que sólo nosotros padecemos. Para evitar estas desviaciones, y para sólo citar un buen ejemplo, la Universidad Estatal de Pensilvania (EE. UU.), dentro de su Política de Libertad Académica (HR64), publicó aquello a lo que los profesores deben atenerse: “Faculty members are expected to present information fairly, and to set forth justly divergent opinions that arise out of scholarly methods and professionalism” y termina insistiendo en que los maestros no deben tomar ventaja de su posición, provocando discusiones sobre temas irrelevantes que nada tienen que ver con el contenido de su clase o su experticia. En nuestro medio, aunque vagamente, algo similar ha sostenido la Corte Constitucional.
Lo grave de esta realidad es que el activismo académico no es ni involuntario ni ocasional y seguramente en algunos casos tiene politizada desde la clase hasta el currículo. Así, deliberadamente practicado, el adoctrinamiento tiene como propósito impulsar una determinada agenda política y promover la idea de que ciertas tesis tienen respaldo científico y en consecuencia existe una posición correcta frente a ellas. Se trata sin duda de una acción reflexiva para controlar los medios de producción cultural, tal como sugieren algunos teóricos marxistas.
Ningún tema o controversia debe dejarse fuera del debate académico ni debe castigarse a los profesores por sus inclinaciones ideológicas. Pero ni las universidades deben ser plataformas para manipular a los estudiantes y controlar la política, ni la enseñanza debe delegarse en los políticos disfrazados de académicos. En un escenario como ese pierden los estudiantes y las universidades.
