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Miércoles 18 de Septiembre del 2019

Acabar con la impunidad

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Fernando Velásquez Velásquez  |

Fecha: 27/09/2015

 

Foto: line.cubecdn.net

En medio de los calurosos apretones de manos entre Santos (quien ya inició la misma senda viajera de un dictador venezolano fallecido hace poco) y alias Timochenko (con bendición papal y casi franciscana de Raúl Castro quien, dice el Diario oficialista El Tiempo, “está jugado por la paz de Colombia”), se acaba de hacer un anuncio importante para el logro de esos propósitos; así se infiere del “Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz”.

Mientras esto sucedía (no desde La Habana) y como si el acuerdo parcial fuese ya ley de la República, el Fiscal General, que es parte de este redomado y maloliente sainete, salió a los medios a anunciar la suspensión de imputaciones en contra del Secretariado de las Farc y, por supuesto, una “amnistía” (cuya ley tampoco se ha expedido) para cobijar a más de quince mil miembros de esa agrupación (El Espectador.com, 24-09-2015).

Toda una estrategia mediática muy bien urdida, llena de verdades a medias (¡que son mentiras!) en virtud de la cual los actores de turno se legitiman ante las comunidades nacional e internacional, porque el ajedrecista presidente grita pletórico: “¡No vamos a fracasar! ¡Esta es la oportunidad de la paz!”

Pues bien, en el diseño acordado (¿cuánto le cuesta al país expedir y poner en marcha otra ley de justicia y paz, aunque más maquillada?), se observan varias peculiaridades: se aplica a alzados en armas y a agentes del Estado (punto quinto); se anuncia amnistía lo “más amplia posible por delitos políticos y conexos” (ahora se entiende el sapo que nos vendió el Ministro Cristo, según el cual el tráfico ilegal de drogas es “delito conexo”) y el “castigo” para los “delitos de lesa humanidad” y los “graves crímenes de guerra” (¿cuántos años vamos a necesitar para esclarecer las 100.000 violaciones y endilgar responsabilidades, según el dato que se tenía, muy bien guardado, Montealegre Lynnet? ¿O acaso la real consigna es no hacerlo?).

Se habla de “dejación” de las armas no de entrega de armas (o de las armas, lo que es bien distinto), en un plazo de sesenta días contados después de la firma del llamado Acuerdo Final (ahora, señalado para el 23 de marzo de 2016); se vuelve a hablar de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Y, se anuncian dos tipos de procedimiento para el juzgamiento: “uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente” (punto sexto); también, por todos lados, aparecen “los derechos de las víctimas” que, una vez más, resultarán burlados.

En materia de sanciones (punto séptimo), se habla de tres modalidades para los delitos graves: a) penas entre cinco y ocho años de prisión, en “condiciones especiales” (¿trato privilegiado a los jefes?), para quienes así lo reconozcan; b) iguales montos para los que “de forma tardía” lo admitan, en “condiciones ordinarias” (¿cuáles?); y, c) hasta de 20 años de prisión, para los que no acepten responsabilidad y sean declarados culpables.

En fin, ahora sí entendemos la razón por la cual el acuerdo señala que “la función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad” (algo que ningún sistema punitivo ha alcanzado a lo largo de la historia de la Humanidad pero que, es seguro, la palabrería santista va a lograr) eso sí, valga el juego de palabras, con impunidad (habrá penas que comporten “restricción de libertades y derechos” pero en “condiciones especiales”, o sea, no se avizoran condenas reales), porque en eso son expertos los maquiavélicos juristas de la paz (los cepedas, henaos, etc.), coautores del nuevo engendro que tantos réditos le augura a los negociantes criollos que nos venden blancas palomitas.

¡En fin, ahora poco interesa si la verdadera paz llega, lo importante es que obtengamos el ansiado Premio Nobel!.

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