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Lunes 11 de Diciembre del 2017

Acuerdo insuficiente

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 20/10/2015

 

Paulina Gaviria Betancur, directora de la Unidad de Reparación de Víctimas - Foto: eluniversal.com.co

*El drama de la desaparición forzada
*Ley 1408 es mucho más integral

Si bien es loable que en la mesa de negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana se haya alcanzado un acuerdo alrededor del tema de la desaparición forzada surgen algunos interrogantes respecto al alcance del pacto. Según lo explicado por las partes se trata de dos tipos de medidas, las primeras e inmediatas son de corte humanitario y buscan construir confianza, por lo que están dirigidas a poner en marcha acciones de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de los restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Tanto Estado como guerrilla deben actuar en esa dirección con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Las segundas, que solo serán implementadas después de la firma del acuerdo final, plantean la creación de una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que tendrá “un alto nivel de carácter humanitario y extrajudicial que gozará de independencia y autonomía administrativa y financiera”.

Frente a ese esquema surgen algunos interrogantes. Por ejemplo, si era necesario un pacto de estas características cuando los mismos protocolos del derecho internacional humanitario establecen como obligación irrenunciable a los actores de un conflicto armado interno o internacional proporcionar la información sobre personas que hayan sido sometidas a desaparición forzada, las circunstancias que precipitaron dicho acto, la motivación y todos los datos para la ubicación y recuperación de los restos de las víctimas. También hay quienes se cuestionan si ese carácter “extrajudicial” no termina siendo violatorio de los mismos principios básicos de la justicia transicional, que se supone se aplica como columna vertebral de este proceso de paz al partir de la premisa de que a cambio de la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, abre la puerta para imponer penas alternativas a los responsables de esta clase de delitos graves. Y es que aquí no se está hablando de hechos aislados, sino de violaciones sistemáticas de los derechos humanos toda vez que las mismas estadísticas de la Unidad Nacional de Reparación a las Víctimas sitúa en más de cuarenta y cinco mil casos los de desaparición forzada en Colombia en el marco del conflicto. Pareciera entonces que esa jurisdicción especial de paz que se piensa crear, desde La Habana, está sustentada, con cada acuerdo que se anuncia, en su carácter extrajudicial y ajeno a la institucionalidad que rige al Estado colombiano y soporta todo su aparato judicial.

Por otro lado, si se revisa el acuerdo se puede evidenciar que sus alcances son inferiores a los establecidos por la Ley 1408 sobre Víctimas de Desaparición Forzada, cuyo decreto reglamentario fue firmado precisamente en febrero de este año y mediante el cual se ordena, entre otros temas, la creación de un banco de perfiles genéticos de desaparecidos, un plan de apoyo a los familiares de las víctimas, la elaboración de mapas y obligación de compartir información a todas las autoridades que buscan a las personas de las que se perdió el rastro, así como el establecimiento de políticas para la conservación de cuerpos o restos humanos no identificados o identificados no reclamados. Ese mismo decreto, que no lleva ni ocho meses de vigencia, también establece la creación de “santuarios de la memoria” en aquellos sitios en donde la Fiscalía presuma la existencia de cuerpos o restos de personas desaparecidas forzadamente pero por condiciones geográficas o topográficas es imposible su exhumación. Incluso la misma norma ordena una serie de actos para conmemorar la memoria histórica de las víctimas de este delito. Es evidente, entonces, que tanto la ley como el decreto van mucho más allá del pacto de La Habana y lo más lógico hubiera sido convencer a las Farc de aplicarse a lo ya vigente mediante la confesión de la fatal suerte corrida en sus manos por miles de inocentes en las últimas décadas. Es más, como lo advirtieron ya algunos juristas, las obligaciones que lo pactado en Cuba establecen para el Gobierno no son ninguna novedad, sino todo lo contrario, pues el Estado, pase lo que pase en Cuba, tiene la obligación de buscar a los desaparecidos, esclarecer lo que les ocurrió y entregar los restos a sus familiares para que sean dispuestos de manera digna y humanitaria. Aquí lo que se desconoce es la verdad de las Farc, a todas luces las mayores victimarias. Y ello no se puede subrogar en Cuba ni en Colombia.

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