Poca atención recibieron dos importantes noticias que pueden marcar el rumbo de nuestra economía. La primera fue la designación de Santiago Rojas Arroyo como director de la Dian. Rojas es, sin duda, uno de los mejores funcionarios que ha tenido Colombia en las últimas décadas. Discreto, eficiente y transparente, aceptó abandonar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para asumir uno de los cargos más delicados en un momento muy difícil. En los próximos años deberá llenar las arcas de un Estado que enfrenta retos fiscales complejísimos.
La segunda noticia tiene mucho que ver con el estado real de nuestras finanzas públicas. El Gobierno anuncia que habría una amnistía para repatriar capitales y aumentar el recargo. Esta noticia confirma la grave situación fiscal que el Gobierno anticipa para su segundo mandato. Los ingresos tributarios son insuficientes para cubrir las necesidades crecientes no financiadas. Está el torniquete de las pensiones, que cada año se aprieta más sin que se solucionen los problemas estructurales. Se suma el explosivo expediente de la crisis de la salud, frente a la cual el Gobierno no pudo hacer nada en el primer cuatrienio y cuyos costos son desconocidos, pero inmensos. Y, finalmente, el proceso de paz, de cuyos costos estimados nada sabemos, salvo que el listado de obligaciones por parte del Estado se extiende con cada reunión en La Habana. Todo punto cerrado de la negociación aumenta en billones el costo futuro del acuerdo sin que se identifiquen las fuentes que cubrirán los generosos compromisos adquiridos.
En cualquier escenario, el Gobierno requiere más ingresos para enfrentar los retos futuros. Aumentar los impuestos es inevitable. Debemos prepararnos para una nueva reforma tributaria que muy seguramente será presentada en las próximas semanas. El apretón es aún más necesario, ya que se confirma el estancamiento en los niveles de producción de petróleo por la inestabilidad de las normas, la lentitud de los permisos ambientales y el saboteo de los municipios que han logrado frenar la expansión del sector.
Los esfuerzos meritorios en el tema de fiscalización son inelásticos, pues el contrabando, el lavado y la evasión siempre encuentran nuevas formas para eludir los controles. Mientras tanto, por el lado del gasto, el Gobierno adquirió en la pasada elección compromisos políticos inmensos que tendrá que atender si quiere que su proyecto de paz reciba el respaldo necesario. La mermelada prometida tiene que ser repartida, pues las deudas con los caciques deben ser religiosamente saldadas.
Por ello, la idea de promover todas las reformas legales, incluso constitucionales, que incorporen, mediante una generosa amnistía, una parte de los capitales de colombianos en el exterior. Esto permitiría incrementar los ingresos sin tener que aumentar en exceso la presión fiscal o asumir el costo político de una mayor austeridad en los niveles de gasto. El presupuesto que presentará a consideración del Congreso después del 7 de agosto será un buen indicador de las intenciones del Gobierno en la materia.
La amnistía no es una mala idea, pero confirma la preocupación creciente del Gobierno por el desborde del gasto que vendrá en los años venideros para atender los problemas no atendidos y responder a las expectativas creadas.
