A la grave situación de la Comuna 13, en Medellín, se suman los asesinatos, desplazamientos, extorsiones y presión de los ilegales en el departamento. El Norte, Nordeste y Urabá, preocupan.

Este 2018, que entra en su recta final, no termina bien en materia de orden público y seguridad para el departamento de Antioquía y para algunas comunas de Medellín, muy en especial la 13, donde el pasado viernes murió un menor de 13 años impactado por una granada lanzada en medio de la guerra de bandas. El martes en la noche, en una finca de San Juan de Urabá, 4 personas fueron asesinadas a machete, entre ellas un anciano de 93 años y un niño de 10. Semana luctuosa.

Un conjunto de fenómenos de violencia, en su mayoría atravesados por las bandas criminales, de las cuales el 45 % del país hace presencia en la región, sacude a los antioqueños con desplazamientos masivos y gota a gota, tanto en las áreas rurales como en las calles metropolitanas. Otro gran detonante de las disputas territoriales entre grupos ilegales son los cultivos ilícitos, la extorsión y el microtráfico.

El Norte, con Ituango como principal escenario de la guerra entre bandas residuales de la guerrilla de las Farc y los otrora paramilitares (hoy Clan del Golfo y Caparrapos), además de facciones del Eln, sufre la presión sobre líderes sociales y comunidades rurales como Santa Rita.

El otro triángulo de la confrontación se traza sobre Tarazá, Cáceres y Caucasia. Según la Unidad de Víctimas, citada por este diario, 12 mil personas han llegado desplazadas en 2018 a Medellín, 4.700 procedentes del Bajo Cauca y el Nordeste, aunque pueden ser más dada la “invisibilidad” de los destierros (por el miedo y la falta de denuncias).

Antioquia sufre de nuevo una gran inseguridad rural. Los homicidios, de acuerdo con Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, al final de año registrarán un incremento que fluctuará entre el 25 % y el 30 %, aunque ya para octubre las autoridades regionales aceptaban que en el Bajo Cauca los homicidios aumentaron en un 200 %.

Por ahora, las medidas de excepción tomadas por la Gobernación de Antioquia, con apoyo del Gobierno Nacional, y mediante consejos de seguridad extraordinarios liderados incluso por el mismo presidente Iván Duque, no han contenido la ola de presiones y agresiones contra la población civil y los líderes.

Desde hace cuatro semanas arribaron a Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia cerca de 600 miembros del Ejército Nacional, pero defensores de derechos humanos e incluso funcionarios municipales advierten que la situación no ha mejorado: pervive ese engañoso estado de “tensa calma”, en un ambiente permeado por las redes de las bandas criminales en cascos urbanos y corregimientos.

En límites con Chocó, municipios como Vigía del Fuerte, Murindó, Apartadó y Turbo están recibiendo el influjo de la disputa territorial entre la guerrilla del Eln y el Clan del Golfo en el Bajo Atrato, además del espacio que empiezan a abrirse allí las disidencias de los frentes 5, 18 y 36 de las Farc, dedicadas a respaldar la cadena mafiosa de cultivos de coca y tráfico de drogas, desde el Nudo de Paramillo hasta el Golfo de Urabá.

Sobre la situación de Medellín, en especial de la Comuna 13, por la guerra de bandas y el azote al transporte público, que dejó otro niño víctima el viernes, se ha llamado la atención. Pero aquel espectro terrible de la violencia se amplía a una Antioquia que termina el año que inició con la promesa del posconflicto, pero que está atrapada en el pantano de los homicidios y del desplazamiento forzado.