No puede asumirse el fraude y la manipulación electoral como parte del folclor político. Tampoco puede aceptarse una anulación inexplicable de cédulas. El CNE tiene que depurar sus métodos.

Suenan todas las alertas en materia de transparencia electoral, y llevan activadas bastante tiempo. Entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE) despliegan toda su capacidad para advertir a la ciudadanía y a las autoridades sobre las múltiples modalidades de fraude y de nuevas o repetidas formas de adulteración de la limpieza en los comicios.

Es lamentable que para buena parte de la población todas estas alertas y denuncias no merezcan un mínimo de atención, o que si lo hacen, pasen a formar parte de lo que podríamos denominar folclor electoral. Como si fuera parte de una realidad política tan arraigada que se asuma ya como irremediable. O, peor aún, que varios de esos ciudadanos sean partícipes de esas modalidades de compra y venta de votos, o de acarreo de votos e inscripción fraudulenta de cédulas.

Asombra que haya quienes, desde medios de comunicación y redes sociales, defiendan la idea de recibirle plata al político que quiere comprar el voto, siempre y cuando el sufragante, al final, vote por quien quiera. Una especie de “ladrón que roba a ladrón…”. Pero ni ética ni legalmente eso es admisible. La plata con que se compra el voto se origina siempre en un acto ilícito, muchas veces de recursos públicos birlados a las arcas estatales. Y el Código Penal es claro: es punible tanto la conducta de quien compra el voto como de quien recibe la dádiva o la promesa remuneratoria.

La respuesta tradicional de las autoridades ha sido más bien de pasividad. No obstante, según la MOE, para las elecciones de este año se ha visto mayor iniciativa de la Fiscalía en lo que tiene que ver con investigar los delitos contra el sufragio, incorporados en el Título XIV del Código Penal. Y el Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció con gran despliegue publicitario la anulación de casi el 42 % de las cédulas inscritas este año, por presunta trashumancia de votantes. Esto último, sin embargo, puede terminar siendo uno de los fiascos del año.

Ayer mismo, el CNE tuvo que dar marcha atrás a la anulación de la inscripción de 70 mil cédulas en Bogotá. Es decir, los portadores de esas cédulas sí podrán votar, se supone. Por tratarse de la capital el ruido fue mayor, ¿pero qué pasará en otros municipios, donde votantes perfectamente legitimados para ejercer su derecho al voto ya no tendrán tiempo para que se les resuelvan sus recursos contra la anulación de su inscripción?

Ha habido casos en que las autoridades parecen haber decidido la situación con paradigmas mentales del siglo XIX. Que si una persona nació en un municipio, es sospechosa porque se inscribió para votar en otro. Como si la movilidad se restringiera a la aldea natal.

La trashumancia electoral debe prevenirse y castigarse, pero con mejores medios y sin incurrir en arbitrariedades. Son preocupantes las denuncias que apuntan a anulaciones de cédulas para perjudicar a determinados partidos de oposición. O, como dice la senadora Claudia López, “para cuidarle el negocio a los politiqueros”.

Hay muchas maneras de prevenir la trashumancia, incluso en el momento mismo de la inscripción. Se evitaría así el espectáculo triste para una democracia de avisarles a los ciudadanos, pocos días antes de las elecciones, que no pueden votar porque son sospechosos de haberse prestado al trasteo sucio de tantas mafias políticas que, con seguridad, lograrán en todo caso sus propósitos.