Esta semana el Registrador Sánchez dijo que el retraso en la difusión de los resultados electorales del 14 de marzo del año pasado cuando se eligió al actual Congreso de la República y se definieron las consultas internas de los conservadores y verdes, fue causado por un ataque electrónico proveniente de la Policía Nacional.
Ese accidentado proceso electoral estuvo marcado por la duda. Recordemos la queja que en su momento elevó el dirigente gremial José Félix Lafaurie, quien aseveró que en la sede de la Registraduría ubicada en Corferias, donde se encontraba el registrador y otras autoridades, se estaba repartiendo alcohol, en clara violación de la ley seca.
Pero el asunto es mucho más profundo. Carlos Ariel Sánchez, que ahora posa de víctima, indicó que hubo 95 mil hits o consultas por minuto al débil, oneroso y poco fiable servicio informático que contrató la Registraduría con Une-Epm y con la firma Arolen S.A. para sistematizar los resultados de esa elecciones, razón por la que, según él, se presentó el monumental retraso en la transmisión de datos —recordemos que el cuestionable resultado final de la consulta conservadora se demoró más de una semana—.
Sánchez ha indicado que los ataques a la plataforma provinieron de la Policía Nacional, el DAS y el Ministerio de Defensa.
Hay algunos elementos que el registrador ha omitido en su denuncia. Mirémoslos con detenimiento. La Policía Nacional tiene cerca de 25 mil computadores a los que tienen acceso los 160 mil policías del país. Todos esos equipos están conectados a través de programas Proxy (un sistema que canaliza todos los computadores en una sola dirección IP, que es la etiqueta que identifica la conexión).
Así las cosas, si 20 computadores en diferentes lugares, que estén conectados a una red Proxy, entran a una misma página, es posible que aparezca la misma dirección IP. El doctor Sánchez ha olvidado hacer claridad frente a ese tema y también ha obviado decirnos que los servidores de la Policía y del Ejército guardan una copia de seguridad de los datos electorales por si los computadores de la Registraduría llegaran a fallar.
Eso explica por qué el 14 de marzo y los demás días de elecciones la página de internet de la Registraduría tiene tantas visitas provenientes de los computadores de la Policía y del Ejército.
Parece entonces que don Carlos Ariel ha encontrado en la Fuerza Pública un pretexto espectacular para desviar la atención de lo que realmente sucedió en aquellas elecciones, donde hubo cuestionamientos muy fuertes respecto de la pericia de la Registraduría, lo cual cubrió con un perenne manto de duda los resultados que conocimos a destiempo.
No sabemos a ciencia cierta si la composición del actual Congreso, ni mucho menos si el tardío y sospechoso resultado de la consulta conservadora, se ajustaron a lo que verdaderamente quiso el pueblo que concurrió a las urnas en ese certamen democrático.
Y llama más la atención que este episodio sea resucitado, precisamente, faltando pocos días para las consultas que tendrán lugar este domingo y a pocos meses de las elecciones regionales.
Pero el debate es oportuno. Que el registrador explique con claridad por qué resolvió cambiar al operador que históricamente había sistematizado los procesos electorales en Colombia, sin mácula alguna, por Une-Epm y Arolen S.A., empresas cuyos servicios resultaron insuficientes y costosos. Tampoco estaría de más que nos garantizara si las fallas que se presentaron aquel día no significaron una alteración de los resultados, porque si hubo fraude, estoy seguro de que el responsable fue alguien muy distinto al general Óscar Naranjo, tal y como Sánchez ha querido insinuar.
Ernesto Yamhure Elespectador.com Mayo 26 de 2011
