Cuando las revoluciones empiezan a triunfar, también son susceptibles de debilitarse, cuando la toma de decisiones, son ambivalentes o cambiantes en el escenario de los acontecimientos.

La Asamblea Nacional está en mora de desenmascarar la nacionalidad del presidente Nicolas Maduro Moros, que de acuerdo a los documentos que posan en nuestro poder, es colombiano por nacimiento; su nombre competo: Nicolás Alejandro Maduro Moros, nacido en Ocaña, Norte de Santander, República de Colombia, el 21 de noviembre de 1961, partida de nacimiento: No 11 folios: N412 y N471.

Teniendo en cuenta que el artículo 226 de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela exige que para ser presidente se requiere: ser venezolano de nacimiento en firme y cumplir con los demás requisito exigidos por la Constitución, la Asamblea Nacional, con mayoría opositora elegida el pasado 6 de diciembre, debe entrar a decidir sobre si es cierta la nacionalidad colombiana del presidente Nicolas Maduro Moros; en este caso, proceder a su destitución y colocarlo a buen recaudo de las autoridades competentes para que sea procesado por los delitos que haya podido cometer en el ejercicio del cargo como “presidente”, en forma arbitraria e inconstitucional, y que en varios aspectos ha afectado la vida social, económica y política de nuestro país.

Los colombianos, a quienes nos ha perjudicado tanto el cierre de la frontera desde el mes de septiembre pasado, esperábamos que en su informe del viernes pasado, el presidente Maduro tuviera un poco de sensatez y de humanidad con las miles de familias colombovenezolanas que desde entonces se han visto afectadas por determinación tan arbitraria.

Pero también es saludable hacer algunas objeciones a la nueva Asamblea Nacional: considero que la orden de retirar las efigies de Bolívar y Chávez, ordenada por su presidente, fue una salida en falso, puesto que fueron varios los venezolanos que se sintieron aludidos y ofendidos con tal determinación. Pero, más allá de este acontecimiento hay que criticar también la decisión tomada inicialmente al posesionar a los tres diputados indígenas y después, ante un fallo amañado y político del Consejo Electoral, reversarlo.

El principio de autoridad empieza a menguarse cuando las decisiones no son serias, máxime si se tiene un gobierno en plena vigencia; sin embargo, esto no debilita el mandato que le otorgó el pueblo venezolano para sacar adelante el país de la encrucijada en que se encuentra.

Quienes escuchamos el discurso del presidente Nicolás Maduro frente a la Asamblea Nacional de oposición mayoritaria —rindiendo su informe anual de gestión—, no podemos menos que sorprendernos frente a la desfachatez de un gobernante que se atreve a proponer enmiendas de sus propios fracasos, ante un país que ya escogió su rumbo nombrando mayoritariamente 112 diputados para que busquen una salida lo más pronto posible a la situación angustiosa y caótica que están viviendo.

Antes de presentar el informe ante la Asamblea Nacional, el presidente Maduro decretó la emergencia económica por 70 días, prorrogable por otros 70, la que muy seguramente no tendrá ningún efecto, puesto que no existe ni la credibilidad, ni los instrumentos básicos para sacarla adelante, como son el político y el apoyo ciudadano que desde hace varios años se encuentra más que indignado por la forma corrupta e irresponsable en que viene conduciendo sus destinos.

Si bien su discurso en algunos apartes estuvo saturado de vientos de reconciliación, es muy difícil que los venezolanos reversen la decisión que han tomado, al elegir mayoritariamente a una asamblea para que legisle y busque salidas rápidas con el fin de poner en orden al aparato productivo del país, que en los actuales momentos se encuentra en receso en más de un 80%.

La inseguridad imperante en Venezuela es caso tan crítico que, según las estadísticas, cada dos minutos ocurre un asesinato; así mismo ocurre con el despojo de las viviendas simplemente por el hecho de no comulgar con el gobierno chavista, que con las elecciones del pasado seis de diciembre prácticamente quedó borrado del mapa.

Es apenas obvio que la oposición mayoritaria de la Asamblea Nacional deba actuar con más contundencia, puesto que tiene el respaldo mayoritario de su pueblo y de la opinión mundial. No hacerlo sería claudicar ante un innegable mandato claro otorgado por las mayorías, que se sentirían muy defraudadas si no se aprovecha esta única oportunidad.

Al decir que deben emprender la reconstrucción de nuestro hermano país, no estamos equivocados puesto que todas las instituciones del orden nacional y regional se encuentran permeadas por la corrupción y no existe en estos momentos un poder ejecutivo que pueda liderar ante el país y el mundo la bandera de la reconciliación, como sí lo puede hacer la Asamblea Nacional recientemente elegida, puesto que tiene mayoría calificada para actuar y sentar las bases de una nueva Venezuela, que en estos momentos se debate ante una inflación superior al 120%.

El mundo entero está esperando lo que vaya a pasar con los 75 presos políticos, que se encuentran tras la rejas, simplemente por capricho del gobierno chavista, al no comulgar con las atrocidades cometidas contra el pueblo venezolano. Esa ley de amnistía debe ser prioritaria puesto que fue una de las banderas que esgrimió la oposición para hacerse elegir.

Debemos tener muy en claro que los problemas de Venezuela afectan notablemente a nuestro país, razón por la cual nos sentimos aludidos frente a toda esta problemática que a decir verdad lleva más de 17 años, y todos los días vemos con notable preocupación cómo nuestras relaciones binacionales en el aspecto comercial se ven más afectadas, cuando en años anteriores tuvimos un comercio binacional de envidiable entendimiento ante el mundo, pero muy especialmente con la Comunidad Andina de Naciones, CAN, organismo del cual se retiró unilateralmente el presidente Chávez con los resultados absurdos que saltan a la vista.

Merced a tan atípica determinación fueron muchas las empresas e industrias que se han cerrado y el rubro de las exportaciones aún espera el pago de muchas de ellas, prometidas por el difunto Hugo Chávez y posteriormente por el gobierno de Maduro, desde hace varios años.