Aunque tardó en reaccionar, las decisiones tomadas ayer por la Corte Constitucional se dirigen hacia la recuperación del hilo perdido de su prestigio.
El suceso que envuelve al magistrado que la presidía es vergonzoso y su respuesta frente al enojo ciudadano fue cínica. Todo eso agudiza el proceso de desinstitucionalización que agobia al país y produce efectos deletéreos, funestos, irreversibles sobre el Estado de Derecho.
Es tan delicado el problema que resulta válido reclamar prudencia frente a su manejo. No es fácil pedirla en una sociedad tan polarizada, conflictiva y mediatizada como la nuestra. Pero es necesario evitar las conductas viscerales en las personas y la manipulación –a veces involuntaria, a veces no- de los medios de comunicación.
Hace dos o tres días, después de entrevistar al abogado del todavía presidente de la Corte, un afamado noticiero pidió a sus oyentes decidir sobre la credibilidad de los dos magistrados directamente involucrados en el episodio. Como si se tratara de una ruleta rusa. Desde el punto de vista del derecho y de la justica semejante pregunta no tiene sentido. ¿Acaso es la conducta del magistrado denunciante la que está en tela de juicio? Por Dios, la pregunta encierra un abuso con este jurista. Así de claro.
El ente investigador es, probablemente, el menos confiable del entramado institucional colombiano. Pero ello no autoriza a ningún medio de comunicación para dictar sentencia. Tampoco a ninguna persona para politizar el caso, como lo hacen quienes acuden a la socorrida teoría del complot o de la conspiración. Y menos a ningún funcionario a descalificarla, como lo hizo el ministro del Interior.
Es doloroso, pero el país cada día se descuaderna más. Las instituciones no funcionan y la opinión ciudadana termina cooptada por los medios. Nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho se están pareciendo a una caricatura. Como la Chócolo, publicada ayer en El Espectador, donde el magistrado acusado le espeta a la justicia la frase celebérrima: “Usted no sabe quién soy yo”.
