“Un proceso de paz sin justicia, especialmente de tipo penal, es hoy un imposible ético y jurídico”, afirmó el fiscal general de la Nación, doctor Eduardo Montealegre, en entrevista que publicó recientemente el diario El Tiempo.

Lo acompaña la razón al hacer esta aseveración.

Ahora recordemos que esa es la posición que se ha defendido, con insistencia, desde las orillas de la oposición democrática.

Y no era difícil estructurar y abogar por esa postura.

Bastaba con hacer consideraciones humanas acerca de la imposibilidad moral de aceptar que quienes han pretendido imponerse mediante la violencia y el terrorismo, al final, quieran volver a la sociedad sin aceptar su responsabilidad por los delitos que han cometido, ni recibir el castigo adecuado.

Por otra parte, era suficiente darle una mirada a la evolución del pensamiento universal en materia de lucha contra la impunidad.

Además, no se necesitaba nada distinto a leer los textos de instrumentos como el Estatuto de Roma, y analizar los pronunciamientos que han hecho cortes y organismos internacionales, sobre el inescapable deber de los Estados de investigar y juzgar a los autores de los más graves crímenes contra la humanidad.

Defender la posición de la paz sin impunidad fue fuente de señalamientos y descalificaciones.

No importa, poco a poco la verdad se va imponiendo.

Por eso, en este momento crítico de las conversaciones, es necesario repetir varias cosas.

Las amnistías y los indultos, hoy, son inaceptables. Hace bien el Fiscal cuando recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para hacer referencia solamente al Sistema Interamericano, ha declarado inválidas las amnistías incondicionales que se otorgaron en décadas recientes en nuestro continente.

Debe recordarse, también, que el Estado colombiano se comprometió a que sus autoridades actuarán contra los posibles responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, y, de la misma manera, a aceptar la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional si es que aquellas no cumplen con su deber porque no quieren o no pueden.

En igual forma, no es bueno olvidar que el cumplimiento o incumplimiento de esa obligación se analizará a la luz de la autenticidad de los procesos que se adelanten, la proporcionalidad de la pena que se imponga de cara a la gravedad del crimen y el grado de responsabilidad del autor, y de la eficacia de la sanción.

Por otra parte, es verdad que los tratados internacionales no obligan a imponer una pena determinada a los Estados.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la reclusión es lo que señala el Estatuto de Roma para quienes hayan sido condenados por la CPI.

Y que el castigo que se haya aplicado tradicionalmente, en el orden local, a quienes sean declarados culpables de los delitos consagrados en dicho Estatuto, es uno de los criterios que se tienen en cuenta para determinar la autenticidad de la acción de las autoridades nacionales.

En consecuencia, para que todo quede claro, si el Gobierno desconoce estos lineamientos básicos en el mundo contemporáneo y procede a firmar acuerdos con las Farc, no será posible garantizar su sostenibilidad.

Ahora bien, lo que realmente falta es que ese grupo terrorista deje de pretender que la nación reconozca la legitimidad de todos los delitos que han cometido,  porque estaban ejerciendo el derecho legítimo a la rebelión.