Una serie de ataques a empresas multinacionales en Colombia podría ser un indicio de que los grupos armados están perdiendo disciplina y aumentando su carácter criminal, en esta nueva era del crimen organizado en el país.

El 20 de septiembre, tres geólogos de la multinacional minera Continental Gold fueron asesinados en el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia. Hombres armados, aparentemente de la disidencia del Frente 36 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), atacaron el campamento donde dormían 11 geólogos que desarrollaban actividades de exploración minera en la zona. El ataque dejó tres personas muertas y tres heridas.

Surgieron varias hipótesis sobre el hecho. Las autoridades afirmaron que la disidencia del Frente 36 —un grupo de personas que abandonaron el proceso de paz de las FARC y están bajo el mando de Ricardo Abel Ayala, alias “Cabuyo”— realizó el ataque en alianza con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, este último grupo repudió los hechos y afirmó que no tiene presencia en la zona. El grupo criminal Los Urabeños, quienes según varios medios también fueron investigados, negaron ser autores del crimen.

Dos semanas antes, el 5 de septiembre, Continental Gold había sido blanco de otro ataque en Buriticá, otro municipio de Antioquia donde la compañía canadiense tiene su principal proyecto de minería de oro. Varios sujetos atacaron a dos ingenieros de la Continental Gold, mataron a Óscar Alarcón y lesionaron a su compañero. La policía capturó a cuatro miembros de Los Urabeños por ser los supuestos autores del ataque.

Más recientemente, supuestos miembros de Los Urabeños secuestraron a 17 funcionarios de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Zaragoza, Antioquia, según el ejército. De acuerdo con una de las víctimas que habló con El Tiempo, el grupo los mantuvo bajo intimidación durante tres días para extorsionar a la empresa de servicios públicos, que tiene presencia en varios países de la región. El ejército liberó a los funcionarios el 25 de septiembre. Los Urabeños negaron haberlos secuestrados.

Análisis de InSight Crime

Pese a sus diferentes contextos, estos tres casos representan la lucha contra la legalidad — o la explotación de ella — por parte de grupos territoriales que están cada vez más alejados de un liderazgo disciplinado e ideológico.

Antioquia ha sido el escenario de un reacomodo de actores criminales después de la desmovilización de las guerrillas de las FARC, cada uno en búsqueda de fortalecer sus ingresos criminales en un departamento donde abunda la coca y la extracción ilegal de oro.

Empresas legales, tal como Continental Gold y otras entidades poderosas, suponen una amenaza a los ingresos de estos grupos. La entrada de empresas a territorios en conflicto histórico (lo cual se podía suponer iba a ser más fácil con la salida de las FARC) no solamente consume los recursos que nutren a los actores criminales, como el oro, sino que muchas veces trae una mayor atención estatal y presencia de fuerzas de seguridad. Tal fue el caso de Buriticá, donde Los Urabeños perdieron la mayor parte de un botín criminal importante por las acciones de la empresa Continental Gold y las autoridades estatales.

Además, la salida de las FARC ha implicado una reformulación del escenario criminal, y que los grupos emergentes, como las disidencias, tengan que reestablecer su dominio territorial. El ataque en Yarumal, además de enviar un mensaje a la multinacional, podría ser un intento del grupo reducido de la disidencia del 36 de demostrar su fortaleza militar y disposición a la violencia. Adicionalmente, la subida de estos mandos guerrilleros disidentes a posiciones de máximos jefes de sus propias estructuras, significan que ya no tienen que responder a una cúpula histórica, y que tienen menos obligación a la disciplina.

Paralelo a eso, Los Urabeños también están viendo una atomización al interior del grupo, la captura masiva de capos e importantes incautaciones de droga. Este debilitamiento del mando de la organización y de sus finanzas parece haber resultado en un menor control de la cúpula hacia algunas facciones territoriales, y que estas estén buscando más rentas alternativas como la extorsión.

Tras la firma del acuerdo de paz en Colombia, el aumento en la llegada de inversiones y empresas foráneas que algunos esperaban para el país podría estar en riesgo debido al escenario volátil que crean los grupos ilegales que siguen activos, y quienes van a luchar para proteger sus propios intereses.