El carro bomba en la escuela de policía de Bogotá generó el levantamiento de la mesa de diálogo e incertidumbre por el futuro.

El pasado 17 de enero un ataque terrorista convulsionó a Colombia. El ELN explotó un carro bomba en una escuela policial en Bogotá, que dejó 21 muertos -entre ellos el guerrillero que conducía el vehículo- y 68 heridos. El atentado significó el levantamiento de la mesa de diálogos de paz y con ello la incertidumbre de un escalamiento de la violencia, como prevén los expertos. Y, además, se reactivaron las órdenes de captura contra los delegados del grupo insurgente abriendo una polémica que ha generado división internacional. A todas luces, un panorama complejo.

El presidente Iván Duque decidió dar por terminada la negociación con el ELN luego de que el grupo terrorista aceptara su responsabilidad, que ya había confirmado el Gobierno Nacional, en la explosión de 18 kilos de pentolita en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, donde estudian jóvenes para pertenecer a la institución. Pese a que miembros del Comando Central (Coce) afirmaron desconocer el plan -adjudicado al Frente Oriental en cabeza de alias 'Pablito'- alegaron a través de un comunicado que fue una "operación lícita" dentro del derecho de la guerra.

En el documento, el grupo guerrillero afirmó que el Gobierno no tuvo en cuenta su "gesto de paz" al declarar cese de actividades criminales en las fiestas de fin se año pasado, que cumplieron "rigurosamente" entre el 23 de diciembre de 2018 y el 3 de enero de 2019 pese al "imcumplimiento del Estado", que "realizó ataques militares en contra del ELN en todo el territorio nacional". A la vez, expresaron que "el camino de la guerra no es el futuro de Colombia", sino "la paz". Sin embargo, la salida negociada ya no es una opción, las vías por ahora serán militares.

Uno de los elementos cruciales de las negociaciones de paz que ha habido en Colombia, incluida la reciente del ELN, es que se llevaron a cabo en medio del conflicto; es decir, no se llegó a una acuerdo previo de cese de hostilidades para iniciar los diálogos, a ese punto se llegaría a medida de que los acuerdos avanzaran, explicó a Infobae Ángel Tuirán, director del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Sin embargo, iniciado el actual gobierno -el 7 de agosto de 2018- con la conversación suspendida, el presidente anunció un plazo de 30 días para evaluar su viabilidad.

Duque siempre fue enfático -incluso durante campaña- en advertir al grupo guerrillero que se sentaría en la mesa si cesaban sus acciones criminales como muestra de "voluntad de paz". Lo cual no pasó. De acuerdo al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, desde la posesión del mandatario uribista el ELN ha secuestrado a 9 personas de un total de 17 que estarían en su poder. Y, entre otros atentados, los ataques a oleoductos fueron 89 el año pasado y los primeros 18 días del 2019 se registraron cinco.

"Si revisamos lo que ha sido la negociación con el ELN, el año pasado también hubo un hecho fuerte, un ataque contra la Policía en Barranquilla que también dejó muertos y que puso en jaque los diálogos. Pero en ese momento había otro gobierno, que le apostó a este tipo de soluciones. Hoy hay otro gobierno, que es donde está el debate, que desconoce lo que fue pactado en el marco de esa negociación del gobierno anterior y que tiene otras condiciones para negociar", explicó Tuirán.

En ese sentido, la decisión fue algo así como un baldazo de agua fría para el ELN, que pese a su negativa de detener el secuestro y la extorsión, había mantenida viva la esperanza de una salida negociada del conflicto. Hasta entonces, la guerrilla no quería cargar con la responsabilidad de terminar los diálogos para no restar credibilidad ante la Iglesia Católica y la comunidad internacional, aliados en la negociación, como lo había advertido el portal La Silla Vacía.

Sin embargo, con el atentado en Bogotá no sólo recayó sobre el ELN dicha responsabilidad, sino que se ganaron el rechazo de la ciudadanía, incluso de los sectores que respaldaban los diálogos de paz, y se convirtieron en el principal enemigo del Gobierno, para el que antes eran otro actor más junto a las disidencias de las FARC y a las bandas criminales. "Calcularon que con un bombazo podían ablandar al presidente, y que generarían presión sobre el Gobierno para seguir los diálogos", como dijo a Infobae John Marulanda, consultor en seguridad y defensa y ex coronel del Ejército Nacional.

El resultado de todo este contexto, advirtieron los expertos, no será un escalamiento del terrorismo pero sí un recrudecimiento de la violencia en todo el país.

Más violencia

Todavía hay varias hipótesis sin comprobar en el atentado al sur de Bogotá que significaría un cambio sustancial en la forma de hacer la guerra en Colombia. Lo que se conoce con certeza es que José Aldemar Rojas Rodríguez, explosivista del ELN, ingresó en la camioneta Nissan Patrol modelo 93 de forma violenta a las instalaciones de la escuela policial y chocó contra una pared del dormitorio de mujeres, momento en el que explotó. Todavía se analiza si tuvo la intención de inmolarse, como terminó ocurriendo, hecho que sería inédito en Colombia.

Esta semana un informe que entregó el equipo antiexplosivos de la Policía a la Fiscalía reveló que los terroristas utilizaron una alarma de carro para detonar la carga explosiva. Lo que no se sabe aún es si fue activada por Rojas Rodríguez o si lo hizo algún cómplice que se encontraba a los alrededores, a no más de 500 metros. Los expertos consultados afirmaron que es difícil comprobar la hipótesis del acto suicida y, antes, la descartan.

Como lo explicó el coronel (r) Marulanda: "América Latina no es un continente que tenga la cultura, tradición o educación para suicidas tipo Palestina. Aquí nuestra religión no nos exige ese sacrificio, y no tenemos un registro histórico de que se haya dado. Basado en mi experiencia de 30 años bajo filas, no creo que se haya suicidado. Lo que creo es que se perdió la oportunidad de dejar el carro parqueado para que se alejara, y lo activaron remotamente al ver que estaba prácticamente descubierto el plan. El ELN y las FARC han hecho esto en el pasado, en Bogotá con el carro bomba en el club El Nogal, por ejemplo".

No obstante, el atentado tuvo ya un impacto mediático y en la sociedad lo suficientemente fuerte, por el número de muertos. Y se presume que el costo humanitario podría escalar junto con las acciones violentas que desde esta semana se empezaron a percibir. En Antioquia hubo un hostigamiento a militares por la zona de reinserción de los excombatientes de las FARC, en Arauca atacaron con granada una Estación de Policía y en Chocó y Nariño fueron capturados tres guerrilleros que realizarían acciones terroristas contra la Fuerza Pública.

"No creo que se pueda hablar de escalamiento del terrorismo, sino del conflicto como tal. El gobierno anterior firmó un acuerdo de paz con las FARC y de forma casi que inmediata comenzó un recrudecimiento de la violencia entre el Estado y el ELN. Pues el ELN trata de llegar a la mesa de negociación con un margen de maniobra grande y por eso emprende estas acciones que a todas luces son terroristas", afirmó a Infobae Mauricio Jaramillo, docente investigador del programa de Ciencia Política de la Universidad del Rosario de Bogotá.

Las regiones periféricas, donde el Estado aún no tiene el control o la institución no llega, son las que sentirán los efectos más fuertes en el orden público. Como Catatumbo, por ejemplo, golpeada por la guerra entre el ELN, EPL, las disidencias de las FARC y bandas criminales. Según mencionó Jaramillo. En las principales ciudades, como ya ha sucedido en Bogotá y Barranquilla, también se prevén ataques contra la Fuerza Pública, aunque ya no de la magnitud del realizado a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander.

Para ello, hay que tener en cuenta que el ELN tiene presencia en 115 municipios del país, ampliando su expansión territorial respecto al 2016, cuando se firmó la paz, porque empezaron a ocupar las zonas abandonadas por las FARC; de acuerdo a un informe de la Fundación Paz & Reconciliación. A partir de esa misma fecha hubo un crecimiento de al menos 500 hombres armados, pasando de 1.300 a 18.00 o 2.000 combatientes, según cifras oficiales.

A ello se le suma su presencia en Venezuela, en medio de relaciones diplomáticas tensas. ONGs han documentado frentes del ELN en 12 de los 24 estados del vecino país, donde se mueven estratégicamente, con la venia del régimen de Nicolás Maduro, y donde aprovechan rentas ilícitas como la minería ilegal.

"Lo que han informado las autoridades es que muchos de estos cabecillas normalmente se encuentran pasando la frontera, lo que impide la acción efectiva de las Fuerzas Militares en su contra. Esta estrategia está llamada a deslegitimar la vocería política del ELN y, en un segundo momento, a lo que ha sido el accionar del gobierno de Maduro al aceptar su presencia en territorio venezolano", dijo Tuirán.

La polémica de los protocolos

Ahora, de forma inmediata, lo que más se percibe es la polémica por los Protocolos en Caso de Ruptura de la Negociación, que establecen medidas para el regreso a Colombia del equipo de los 10 delegados del ELN en la mesa de diálogo de La Habana, que ya no son reconocidos como tal y a quienes les activaron circular roja de Interpol. La situación ha generado divisiones internas en el país, pero también posturas diversas entre los países garantes.

"El Gobierno del presidente (Iván) Duque no reconoce esos protocolos. Esos protocolos los negoció el Gobierno anterior dentro del marco de un proceso de conversaciones con el ELN, proceso que no ha tenido lugar durante el Gobierno del presidente Duque", afirmó este martes el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo. La posición ha sido apoyada por países como Chile y Ecuador. Pero ha sido rechazada por otros como Cuba y Noruega.

Mientras el presidente Duque reitera su pedido de extraditar a los cabecillas del ELN que se encuentran en la isla, el Gobierno cubano ha manifestado que respetará los protocolos del diálogo de paz.

"Cada gobierno actúa como vocero o representante de un Estado, sobre todo para este tipo de circunstancias donde es un país el que acoge una mesa de diálogo y que confía en que ese Estado, si hay cambio de gobierno, va a respetar lo que se acordó (…) Internacionalmente es muy difícil entender que hay actos de Gobierno y actos de Estado, ahí es donde se genera el debate, frente a la responsabilidad que tiene un Gobierno en un tema tan particular como este de cumplir lo acordado y hacer honrar a la palabra empeñada por el Estado", explicó el abogado Tuirán.

Los expertos difieren con la posición del gobierno de Duque, para quienes el gobierno anterior de Juan Manuel Santos asumió una responsabilidad de Estado y no de Gobierno. "El gobierno de Iván Duque tiene derecho a levantarse de la mesa, pero debe respetar esos protocolos y no se puede escudar en el argumento que pertenecen a un gobierno anterior, eso es como si llegara un gobierno y dijera "yo no firmé el TLC con Estados Unidos, no tengo compromiso internacional, porque lo asumió otro gobierno". Creo que eso no es serio, al margen de que esté bien o mal", expresó Jaramillo.

Así las cosas, el Gobierno aumentará la ofensiva militar contra el ELN, a la vez que éste sus acciones bélicas en el país. Mientras que se espera la respuesta de Cuba de extraditar o no a los cabecillas del grupo subversivo, pues la posición del mandatario colombiano ya ha sido clara.