El acto legislativo fue aprobado en quinto debate en la Comisión Primera de la Cámara. Hay quienes creen que implica una talanquera para eventuales diálogos con el ELN.
Con 25 votos a favor, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Acto Legislativo 072 de 2018, que adiciona dos artículos a la Constitución, los cuales estipulan que en ningún caso el delito del secuestro ni los relacionados con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes serán considerados delitos políticos o conductas conexas a estos. La iniciativa pasa a segundo debate en lo que es ya el trámite en segunda vuelta.
“Celebro la aprobación de este proyecto que ha sido bandera del presidente Duque. El Estado colombiano debe sentar un precedente en el sentido de deslegitimar el uso del secuestro como mecanismo para la financiación de la lucha armada. No vamos a permitir que los delitos de secuestro y narcotráfico sean una excusa para los delitos políticos en Colombia”, manifestó la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.
Aunque para algunos analistas este acto legislativo implica cerrar la puerta definitivamente a un eventual proceso de paz con el ELN, la funcionaria señaló que no es así, pues cada negociación tiene sus particularidades y define sus temas en la mesa. Según dijo, el proyecto ha sido abordado desde dos perspectivas: una jurídica y otra política, siendo ambas de crucial importancia para entender no solo su conveniencia, sino principalmente, su necesidad.
De lo que se trata desde el punto de vista jurídico, explicó, es de colocar límites al desbordado alcance que se le ha querido dar al delito político y a sus consecuencias: amnistías e indultos. “El secuestro como el narcotráfico han sido problemáticas que tradicionalmente se han excluido del beneficio de conexidad con delitos políticos, dada la gravedad del daño social que han causado”, indicó.
Borrero enfatizó que es necesario que el Congreso imponga límites normativos a la aplicación de la conexidad, evite beneficios injustificados y pondere los efectos dañinos que conlleven la falta de castigo efectivo de conductas punitivas transnacionales. "Este acto legislativo, que ya dio su quinto paso para convertirse en reforma constitucional, conlleva un mensaje muy positivo para el país", finalizó.
