El Personero de Caucasia (Antioquia) dice que esta región es un Estado fallido.

En el Bajo Cauca antioqueño la ilusión de la paz, luego de la desmovilización de la guerrilla de las Farc y las treguas del ELN en el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, fue apenas un soplo.

Una esperanza que se desvaneció como la neblina que se levanta  en la madrugada.  En los últimos meses, los grupos paramilitares, las disidencias de las Farc y el ELN regresaron como tornado, llevándose a su paso todo lo que se atraviesa.

Caucasia, Tarazá, Zaragoza, Nechí, el Bagre y Cáceres, al igual que el sur de Córdoba, padecen los estragos de la guerra por la coca, el oro y las rutas del narcotráfico. En medio del fuego cruzado están centenares de miles de civiles que hoy están confinados, desplazados, sin empleo y aguantando hambre.

A las balas de los violentos se suma la crisis de Hidroituango que acabó la pesca, el barequeo, el balestreo y tiene en vilo a las comunidades que están a la orilla del río Cauca, que temen que la represa reviente.

En Caucasía, según el alcalde Óscar Suárez, el 87 por ciento de la gente vive en la pobreza absoluta. Los muertos en un 95 por ciento los ponen jóvenes entre 18 y 25 años.El  mototaxismo es la mayor ocupación.  No hay quien cultive, ni inversionistas o proyectos del Gobierno nacional para las más de 1.700 hectáreas  que tiene el municipio desocupadas.

El personero de Caucasia, Orlando de Jesús Ávila, dice que los homicidios se han disparado. “El año pasado fueron 145. Muy preocupante, supera indicadores a nivel nacional, ocupamos primeros lugares”, dice.

Acota que al igual que el resto del Bajo Cauca, en ese municipio hay una disputa de las bandas criminales por el territorio, sobre todo las estructuras del Clan del Golfo. “Esto del Bajo Cauca es lo que muchos teóricos han llamado un agujero negro, un Estado fallido”, subraya Ávila.

En su paso por Caucasia, el río Cauca se ancha y es visible la escasez de agua. Es muy fácil llegar a la mitad del río; su lecho está completamente seco. Allí encontramos a varios hombres sacando piedra y arena.

Los balestreros, al igual que los mineros artesanales que sacan oro y pescadores, se quejan porque  hoy no tienen ingresos. “Ese es uno de los riesgos que lleva a actividades ilegales en esta región del país”, comenta uno de  ellos.

Camilo Nisperusa dice que por Hidroituango, el río está así. “El río lo mataron, claro que lo mataron, por eso está seco. Acabaron con la pesca, el pueblo está afectado, la gente está dedicándose a otras cosas. La economía se ha disminuido porque nosotros teníamos un trabajo fijo y pasan días sin vender”, se queja Nisperusa.

En Tarazá la situación es igual. La tensa calma esconde el miedo y la zozobra que imponen los grupos armados que aprovechan la pobreza y falta de oportunidades para reclutar jóvenes.

La secretaria de Gobierno del municipio, Patricia Aguilar Pérez, dice que no es con militares y policías como se soluciona la miseria y el conflicto en la región.

Pero también la preocupación ronda a miles de campesinos que se acogieron a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el Bajo Cauca, porque el Gobierno está erradicando a la fuerza sin cumplir los pagos a tiempo, pero también los grupos armados están asesinando a los líderes sociales que se acogieron al programa.

Don Urías vive en una de las veredas de Tarazá, donde es dirigente comunitario. Relata que hay que saber moverse en el territorio porque cualquier actitud o palabra puede significar la muerte.

"Después de la dejación de la armas de las Farc en Tarazá han asesinado a cinco líderes sociales y otros se han ido por las amenazas”, indica el campesino.

En el municipio de Zaragoza las cosas no son distintas al resto del Bajo Cauca antioqueño. La ley del terror impera y las fuentes de empleo se acabaron, la gente está abandonando el pueblo y los jóvenes son blanco  de los grupos criminales.

El alcalde Albeiro de Jesús Menoyos enfatiza que la falta de oportunidades y el  desempleo, que ronda casi el 90 por ciento, son el origen de la violencia en Zaragoza.

“La problemática de la minería. Porque desafortunadamente el Gobierno la está atacando y nos está diciendo ilegales, criminales, no sabiendo que aquí hay gente buena que quiere hacer minería responsable. Pero hay desacierto del gobierno en no haber educado al minero y por eso también la problemática ambiental”, subraya Menoyos.

Añade que los jóvenes están pagando los platos rotos porque los grupos armados se aprovechan de ellos,.

"Les meten el cuento y en cinco minutos el pelao se va a hacer cosas malas y viene el desenlace. Nos los están matando, se están muriendo en una edad muy corta debido al desespero y las oportunidades que no hay en el Bajo Cauca”, concluye con desconsuelo el funcionario.

Los alcaldes, comunidades, campesinos y autoridades del bajo Cauca antioqueño coinciden en que el Gobierno Nacional debe mirar a esta región del país que se está incendiando, antes de que sea demasiado tarde.

Los grupos armados ilegales hoy son los dueños del sur de Córdoba y de los más de 8 mil 400 kilómetros cuadrados que abarcan los seis municipios que están en el nororiente del departamento de Antioquia.