Solo de cinismo se puede calificar el pronunciamiento hecho por el gobierno de Colombia conjuntamente con las FARC hace una semana desde La Habana en el que los terroristas dicen reconocer que en efecto hay víctimas que reparar en el conflicto armado de medio siglo que ha vivido el país. Desde el inicio del proceso de tratativas de La Habana ha sido claro que este punto de la agenda bilateral sería crucial para los colombianos. Que sería determinante para que la población de a pie aceptara y endosara los acuerdos que se alcancen en la mesa que Juan Manuel Santos ha montado en Cuba.

Es que los integrantes de una sociedad que ha sufrido los horrores de una guerra sangrienta en la que aún hoy se siguen capturando niños para las filas subversivas, se sigue asesinando campesinos, se continúa con el secuestro extorsivo, las minas personales, las violaciones, las expropiaciones forzadas de tierras, los atentados contra la infraestructura y la narcotización de Colombia están muy atentos a la fórmula que se acordará para que se haga justicia a quienes han sido y siguen siendo afectados por las tropelías guerrilleras.

Solo para llevar bien la cuenta hay que señalar que son 220.000 muertos los que el país ha puesto en estos crueles enfrentamientos perpetrados por las FARC y el ELN y que hay más de 4 millones de colombianos afectados de distinta manera por el conflicto armado.

El desparpajo guerrillero –que no está explicitado en la declaración pero que han expresado de viva voz sus líderes– radica en que los criminales terroristas, se consideran igualmente víctimas de la conflagración armada que ellos mismos han promovido y sostenido en su país.

El problema del reconocimiento de las víctimas es importante porque a ellas se les debe una reparación que vaya en el sentido de hacer justicia con quienes produjeron los daños. Es decir, que se conozca la verdad de los hechos y que los criminales paguen por sus fechorías. Al considerarse también los terroristas víctimas del conflicto, pudieran ellos sustraerse de sus responsabilidades en la administración de la ley, y obtener mejores condiciones de incorporación a la vida política, al final del conflicto. Entre ellas, aspirar igualmente a una reparación, ¿por qué no?

Que las FARC quieran darle la vuelta a la tortilla con el tema del reconocimiento y reparación a las víctimas, haciéndole creer al país que, ahora sí, la población afectada por la guerra interna va a recibir justicia no es más que una patraña electorera para favorecer a Juan Manuel Santos en la contienda de mañana y para que se mantengan como van las conversaciones de La Habana, que sin duda favorecen a los alzados en armas. Lo que es, a todas luces, inmoral, es que el gobierno que intenta reelegirse se preste a formar parte de tales medias verdades con el fin de conseguir movilizar a su favor parte de los 20 millones de colombianos que no le dieron sus votos en la primera vuelta.

Este tema 5 de la agenda de paz no está dilucidado en sus detalles porque su discusión aún no se inicia. Por ello constituye una bellaquería confundir al electorado con una declaratoria de reconocimiento de las víctimas para instaurar el espejismo de que está resuelta a su favor, la reparación a la que tienen derecho cuando se produzca la reconciliación de los colombianos.

Para la batalla electoral de mañana ha sido en extremo complejo el atraer la atención y la buena disposición de todos aquellos que no apoyaron la paz tal como la concibe Santos. En esa batalla han aparecido instrumentos, como este, que en lugar de sumar, restan y dejan entrever a los electores la condición de falta de transparencia que reviste un proceso vital para cada uno de ellos y para la paz de su nación.

La sorpresa de un nuevo castigo puede ser grande para quienes no tienen como norte la verdad sino el poder.