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Sábado 22 de Septiembre del 2018

Caducidad del delito político

1. Un delito ambiguo

 

Dentro del ordenamiento legal colombiano el delito político es el único delito de rango constitucional. Mientras todos los demás delitos se definen de manera taxativa en el Código Penal, la enunciación del delito político en nuestra Carta Magna no tiene que ver con la tipificación de la conducta delictiva de quien lo comete o la delimitación del bien jurídico que se afecta con su comisión, sino con los beneficios que recibe el delincuente. Se dice en consecuencia que el delincuente político pude ser indultado o amnistiado, que no podrá ser extraditado, que no pierde los derechos políticos, que puede recibir asilo, sin que se pronuncie una sola palabra sobre las víctimas o el bien público afectado. Todo parece indicar que se trata de un delito aséptico, sin víctima o daño al bien común, delito que de entrada está justificado y perdonado.

 

De hecho, lo propio del delito político es la ambigüedad en su definición. Ni la constitución, ni el Código Penal dicen con claridad de que se trata. La tradición jurídica colombiana asimila el delito político con los llamados dentro del Código Penal “delitos contra el régimen constitucional y legal”. Estos delitos se caracterizan por la confrontación a la autoridad, bien sea con el intento de derrotarla o suplantarla. Durante muchos años se recurrió a la conexidad para entender como políticos delitos como el homicidio o el secuestro. Hasta la época de la desmovilización del M-19 bastaba con que el jefe del grupo armado ilegal certificara, por ejemplo, que el secuestro o asalto a mano armado se había hecho para cumplir propósitos de la organización subversiva, para de inmediato recibir dichos delitos perdón por parte del Estado. La tendencia actual, más que extender el ámbito del delito político es la de limitarlo. En 1993 el Congreso colombiano prohibió la conexidad con el secuestro y la corte Constitucional en 1997 se pronunció en contra de un artículo del Código Penal que permitía la conexidad del delito político con el homicidio. Son por demás conocidas las restricciones internacionales que impiden la conexidad del delito político con los delitos atroces o el narcotráfico.

 

Aunque la tendencia creciente a nivel nacional e internacional es la de enumerar sus excepciones, con el delito político sucede lo mismo que con la definición de Dios en las llamadas teologías negativas. Aunque nadie se atreve a decir con exactitud que es, si son muchos los tipos delictivos de los que se predica que no son delito político ni conexos de éste. Se trata a todas luces de un delito atípico, más aún cuando recordamos que la interpretación más clara del delito político la encontramos en la tradición jurídica que lo considera un “delito altruista”. Tomando como criterio de clasificación la intención de quien delinque, se diferencian los delitos en dos tipos, los “egoístas” o comunes y los “altruistas” o políticos. Desde la época de Lombroso, mientras se identifica el delito egoísta con un delincuente nato motivado por la satisfacción de apetitos primitivos, se considera al delincuente político como un romántico sacrificado que pone en peligro su propia vida y seguridad por salvaguardar el bien común. Podemos decir entonces que más que con una delimitación objetiva del bien jurídico que se afecta o la conducta criminal que se tipifica, la definición del delito político tiene que ver con una mitología fundadora que legitima el uso de la violencia para propósitos altruistas, configurándose el típico caso de esa perversión ética que se resume en la frase lapidaria: el fin justifica los medios.     

 

2. Anatomía de un mito

 

De allí la necesidad de atender a esta mitología fundadora antes de entrar en las definiciones operativas. Las fuentes del delito político las encontramos en la reivindicación tomista del tiranicidio. Tal punto de vista se generalizó después de la revolución francesa y la justificación liberal de la lucha armada contra las dictaduras. Finalmente se extendió a la teoría marxista de la lucha de clases y la exaltación de la violencia como partera de la historia. El siglo XX padeció los más censurables genocidios políticos de izquierda y de derecha.

 

Nuestra generación, alimentada por las utopías revolucionarias que se extendieron por el mundo en la segunda mitad del siglo XX, constató que tras el discurso romántico de quienes luchan con las armas por la justicia y la libertad se esconden pasiones vengativas y sentimientos de odio que llevaron a los desastres humanitarios de la antigua Unión Soviética, a los abusos de las dictaduras socialistas y a los excesos de movimientos revolucionarios en el Tercer Mundo.

 

Por su parte, también las derechas reivindicadoras del orden cayeron en execrables excesos. El fascismo y el nacionalsocialismo, o las dictaduras militares en América Latina, violaron los derechos humanos de los ciudadanos al tratar de imponer desde el estado el ideal de un mundo mejor. Hoy resulta claro que la justificación ancestral y romántica del tiranicidio se convierte con facilidad en argumento legitimador del genocidio.

 

Los delincuentes políticos de izquierda y de derecha tienen su materialización en los actuales grupos guerrilleros y paramilitares colombianos, que siguen justificado el homicidio o el uso del terror como factor propiciador de convivencia. Guerrilleros y paramilitares justifican sus acciones contra civiles inocentes, o sus ataques brutales a la fuerza pública, por sus ideales de justicia o sus intentos por defender el orden. Motivo por el cual consideran la defensa del delito político como eje central de sus ideologías.

 

Al constatar los efectos funestos que tiene sobre la democracia el homicidio político o la legitimación del uso de la violencia, no podemos permanecer indiferentes, refugiados en utopías en principio románticas e inocentes que revelan sin embargo su carga mortífera cuando se concretan en la realidad. La validez del delito político debemos medirla por sus efectos sobre el tejido social. Es hora de preguntarnos si esta justificación generosa del delito como método para luchar por la justicia, el orden o la libertad, puede seguir teniendo vigencia en un país que ha conocido como ninguno la insania de quienes se esconden tras bellos ideales para bañar de dolor y sangre la superficie de la patria.        

 

3. Reflexión sobre el homicidio político

 

Empecemos entonces por cuestionar la fuente de la que se alimenta la teoría del delito político: la justificación del tiranicidio. En una reunión con un grupo de amigos con los que comparto viejas solidaridades y afinidad intelectual, nos vimos de pronto envueltos en una curiosa polémica sobre la validez del homicidio político, y en especial del tiranicidio. Uno de ellos, conocido ecologista y defensor de la convivencia, afirmó de pronto que si retrocediera en el tiempo y se viera ante el dictador dominicano Leonidas Trujillo, no dudaría en asesinarlo. Que justificaba lo que habían hecho quienes lo mataron y que haría lo mismo ante Hitler o personajes parecidos.


Le repliqué diciendo que bajo ninguna circunstancia justificaba el asesinato con fines políticos. Así se trate de un odioso tirano, considero que bajo ninguna circunstancia se puede justificar el crimen. Matar es siempre una torpeza, una desgracia. No podemos caer en la coartada de justificar el derramamiento de sangre en nombre de la convivencia. Gran parte de la problemática del país se deriva de la forma honrosa como miembros de los grupos armados ilegales ven sus acciones homicidas, pues consideran que en determinadas circunstancias matar es un acto digno, transgrediendo sin reatos de conciencia la frontera ética que nos impone el mandamiento del no matarás.

 

Como sucede con las discusiones entre amigos, quedaron en el ambiente los argumentos sin llegar a conclusiones definitivas. Pero creo que el asunto merece un debate a fondo. Después de la toma del Palacio de Justicia por el M-19 desarrollé una reflexión que me llevó a concluir, que quien está dispuesto a morir por una idea es un homicida en potencia, convirtiéndose en un peligro social. Bajo ninguna circunstancia podemos justificar que se mate en nombre de la libertad o la justicia. Tampoco que los ciudadanos se amparen en el derecho a la autodefensa para tomar las armas y hacer justicia por su propia mano. Como sustentó el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe en su intervención ante la Corte Constitucional, con ocasión del debate sobre las "Convivir", en un Estado de Derecho los ciudadanos no pueden argumentar el derecho a la autodefensa, pues lo que impone es la solidaridad con la Fuerza Pública y las autoridades legítimas.


Por eso repito lo que dije a mi amigo cuando me preguntó qué haría si tuviera a Hitler enfrente con la posibilidad de matarlo. Le respondí que así fuera una amenaza para mi vida, intentaría relacionarme con él respetando su singularidad. Pero, que si por alguna circunstancia terminaba yo como homicida, de un tirano o de cualquier otro ciudadano, jamás reivindicaría con orgullo ético mi acción. Que lo consideraría un equívoco, producto de mi determinismo y no de mi libertad. Practicar la violencia no es ninguna virtud. Si alguien se ve obligado, como el animal acorralado, a recurrir a ella, no tiene porque sentir orgullo de haberlo hecho, sino dolor y pesadumbre moral. Basta ya de seguir considerando honroso el homicidio político, como tampoco lo puede ser el terrorismo de Estado.

 

Recordemos que hasta Kant el homicidio político era considerado el más grave de todos los crímenes, pues se trata de una muerte premeditada, de un uso deliberado de la violencia para cambiar el curso de la vida social. Después de la revolución francesa y dentro de la tradición liberal, el homicidio con fines políticos fue visto como algo honroso. Ideologías totalitarias como el marxismo y el fascismo llegaron en el siglo XX al paroxismo homicida, predicando la violencia de manera abierta y enlutando la faz de la tierra con horrendos genocidios. Rumbo que empieza a ser corregido hoy cuando, como sucede en la legislación inglesa, la mera amenaza del uso de la violencia con fines religiosos, étnicos o ideológicos, es considerada un acto terrorista.


Hasta hace poco el crimen político estaba justificado en Colombia por el código penal. En una sentencia histórica, la Corte Constitucional declaró inválido ese atavismo, en el mismo momento en que se imponía en el mundo la condena unánime al uso de la violencia como instrumento político. Hoy, quienes usan la violencia con fines religiosos, étnicos o ideológicos, son llamados terroristas. Al llamar terrorista a quien usa la violencia para producir un cambio social entramos al meollo del asunto. Nunca más le podemos permitir a las autoridades o a los revolucionarios hacer uso del terror para imponer sus ideales. En el siglo XXI debe estar proscrito tanto el terrorismo de estado como el terrorismo de los particulares.


Es necesario diferenciar el terrorismo del uso legítimo de la fuerza y el monopolio de la violencia que la moderna teoría del derecho confiere al Estado. Es necesario establecer distancia entre la violencia ideologizada por parte de caudillos o revolucionarios y el uso profesional de la fuerza propio de los ejércitos modernos. Las antiguas teorías democráticas que exaltaban la condición del pueblo en armas, facilitaron la masificación de la violencia y su utilización como herramienta política. Nada bueno sale de exaltar las pasiones del pueblo a la vez que confundimos la dinámica civil con el aparato armado. Cuando se ideologiza la violencia con fines patrióticos o imperialistas, bajo las doctrina del odio de clases o de la defensa nacional, se eclipsan las diferencias entre el poder político y el militar, colocándose las armas al servicio de visiones del mundo apocalípticas o polarizadas. Ni las dictaduras de derecha que asimilan el poder político al militar, ni los socialismos corporativos que militarizan la vida civil, son compatibles con los intereses democráticos.

 

Uno de los pilares de las democracias contemporáneas es la diferencia entre el poder civil y el militar, estando el segundo bajo el control de las leyes y las instituciones republicanas. Es importante reivindicar la condición especial del militar como profesional de las armas, que en todo momento debe responder ante el poder civil por sus actuaciones. En el mundo contemporáneo la tarea central de las fuerzas armadas es la del control y la contención para asegurar un orden con libertad, favorecedor del pluralismo político y el respeto a los derechos humanos. Dentro de esta política de seguridad democrática no caben ni la doctrina de la guerra total, las prácticas de agresión armada o las guerras invasoras. El militar no puede estar animado por el odio ni por ideologías excluyentes: es un profesional de las armas obligado a hacer un uso delicado de la fuerza. Cuando los ciudadanos animados por ideas iluminadas toman las armas para imponer sus puntos de vista, se convierten en un auténtico peligro público. Aquél que está dispuesto a morir por una idea es un homicida en potencia, convirtiéndose en un peligro social. Bajo ninguna circunstancia podemos justificar que se mate en nombre de la libertad o la justicia. Tampoco que los ciudadanos se amparen en el derecho a la autodefensa para tomar las armas y hacer justicia por su propia mano. En un Estado de Derecho los ciudadanos no pueden argumentar el derecho a la autodefensa, pues lo que impone es la solidaridad con la Fuerza Pública y las autoridades legítimas.

 

Si por alguna razón un ciudadano termina como homicida, de un tirano o de cualquier otro ciudadano, no tiene sentido que reivindique con orgullo ético su acción. Debe considerarlo un equívoco, producto de su determinismo y no de su libertad. Practicar la violencia no es ninguna virtud. Si alguien se ve obligado, como el animal acorralado, a recurrir a ella, no tiene porque sentir orgullo de haberlo hecho, sino dolor y pesadumbre moral. Una democracia pluralista no puede sustentarse en la violencia. Basta ya de seguir considerando honroso el homicidio político, como tampoco lo puede ser el terrorismo de Estado. Todo el honor al ciudadano desarmado que sólo confía en la fuerza de su palabra, para que nunca más en la historia pueda el homicidio presentarse como fundador de convivencia. Todo el respeto y gratitud al militar que usa la fuerza legítima para proteger los derechos de los ciudadanos y permitir la libre expresión y el pluralismo político. Toda la condena para aquellos que se permiten matar por una idea, rompiendo con su furia armada el frágil tejido de la democracia.

 

4. El delito de opinión

 

Censurada la posibilidad de recurrir a la violencia como método de transformación social, queda preguntarse si el delito político del que habla nuestra constitución es un delito de opinión que sería necesario preservar bajo un fuero especial para bien de la democracia. Nos hacemos esta pregunta porque en algunos defensores del delito político creemos encontrar más bien una defensa encendida de la libertad de expresión o del derecho a la disidencia. La confusión comienza cuando se identifica la posición opositora en el campo de las ideas con la actitud delincuencial de quien toma un arma para imponer por la fuerza sus ideas. Démonos entonces a la tarea de separar con precisión estas dos esferas del comportamiento humano.

 

Es claro que ni el homicidio, ni el secuestro, ni los actos contra la población civil o las masacras pueden entenderse como delitos políticos. Nadie puede justificar hoy que matar sea un acto altruista. Se equivoca el romántico liberal o socialista cuando enaltece el acto de matar o morir por una ideología. Es este un acto atávico, que sin lugar a dudas se alimenta de arcaicas tradiciones que concedían al sacrificio de sangre la potestad de convocar las fuerzas organizadoras de la convivencia. Así como la democracia griega nació del rechazo al sacrificio humano para invocar las fuerzas del orden, las democracias contemporáneas se alimentan del rechazo al intento de sacrificadores civiles que creen todavía necesario matar a un sector de la población –llámese los ricos, los negros, los desechables, los comunistas, o cualquier otro– para que sea posible un orden social justo.

 

Rechazar el derramamiento de sangre o el uso del terror como instrumento político no quiere decir aplacar la disidencia. Al contrario, las democracias contemporáneas, a diferencia por ejemplo de las democracias socialistas o de las democracias sustentadas en doctrinas de la seguridad nacional, alientan el pluralismo y la diversidad de opiniones. En estas democracias no hay dogma, ni hay herejes. Es por eso que la divergencia, la disidencia, la opinión contraria al gobernante, no se constituyen en la Colombia actual en tipo delictivo alguno. La Constitución garantiza la libertad de expresión en todos sus matices. Cuando la oposición cuenta con todas las garantías para adelantar su labor, no existe ninguna justificación para la oposición armada.

 

Corresponde tanto al gobierno como a los opositores y contestatarios políticos diferenciar con claridad el ejercicio de oposición de las actividades delictivas propias de los grupos armados ilegales. En el campo de la disidencia civil, sin armas, los ciudadanos pueden llegar tan lejos como sea necesario. He planteado incluso la posibilidad de una “insurgencia civil”, desarmada, como instrumento legítimo de expresión dentro de la democracia. Pero la fuerza de esta radicalidad civil debe estar acompañada de una condena tajante al uso de la fuerza o la violencia para imponer cambios sociales. La fuerza de los ciudadanos radica en ser una pura fuerza de opinión, manteniéndose fieles al principio del “no matarás”.

 

Si queremos fortalecer la fuerza de la opinión civil, tenemos que desalentar las posibilidades de una oposición armada. Pues mientras la fuerza de opinión es un fenómeno de mayorías, las disidencias armadas suelen ser fenómenos de minorías mesiánicas que quieren imponerle a los demás sus ideas totalitarias. La profundización del pluralismo democrático es incompatible con la existencia de grupos armados de izquierda o de derecha que convierten en objetivo militar a los exponentes locales de la democracia.

 

Así como a las Fuerzas Armadas se les impide ser deliberantes, a los deliberantes se les debe impedir estar armados. Aceptar de entrada una calificación bondadosa para el delito político es perdonar de antemano a quienes desconocen este límite básico de toda democracia. Si existió alguna benevolencia para justificar a los ideólogos y reformadores sociales que se permiten derramar sangre para imponer sus ideas, es hora de censurarlos, tanto como a aquellos militares que abandonan su papel profesional para ideologizar el uso de las armas, poniéndolas al servicio de doctrinas totalitarias. Nada más peligroso que un intelectual improvisándose como militar con métodos sanguinarios; nada más indeseable que un militar dejándose seducir por teorías políticas y sociales que desconocen los resortes de la pluralidad democrática. Justificar la existencia del delito político es tornar vana e insulsa esta frontera constitutiva de la democracia.

 

5. Del delito político a los beneficios por reincorporación

 

§a. Si algo define a Colombia es su condición de democracia amenazada. Nadie puede negar el enorme esfuerzo que hemos hecho por mantener la continuidad institucional y la profundización de la democracia. La Constitución del 91 hace énfasis en la defensa de los derechos fundamentales y la participación ciudadana, señalando como horizonte el pluralismo político. Existe un consenso fundamental sobre la validez de la democracia, defendido con celo por los diferentes sectores de la nación.

 

Esta democracia en proceso de profundización se consolida en medio de una amenaza armada por parte de grupos ilegales de izquierda y de derecha que se financian con el narcotráfico, el secuestro y otras actividades ilícitas. Dichos grupos han convertido en objetivo militar a las autoridades locales y regionales, mientras tratar de imponer un orden autoritario en las regiones donde alcanzan influencia. Para enfrentarlos, este gobierno ha puesto en marcha una política de seguridad democrática que tiene como pilares centrales la defensa de los derechos ciudadanos y la consolidación del pluralismo político. Política que busca recuperar la autoridad legítima sin caer en excesos autoritarios. Frente al autoritarismo de los grupos armados ilegales que buscan imponer su hegemonía, reivindicamos la pluralidad propia de una sociedad democrática que recupera el orden a la vez que profundiza la justicia y la libertad.

 

Bajo la primera administración de Álvaro Uribe la izquierda democrática, férrea opositora de su gobierno, se consolidó en firme como alternativa de poder y accedió por primera vez a la alcaldía de Bogotá, segundo cargo más importante de la nación. Bien dijo el presidente Uribe que durante su gobierno pasamos de las garantías retóricas a las reales, pues los logros de la seguridad democrática pueden medirse por el fortalecimiento de las garantías a la oposición.

 

No obstante su compromiso con la recuperación de la autoridad democrática y el imperio de las instituciones y la legalidad, fiel a su talante liberal el presidente Uribe dejó abierta la puerta a una salida dialogada con los grupos armados ilegales. No porque les concediera legitimidad alguna. Porque entendía una realidad histórica y sociológica, que ha llevado a miles de compatriotas a vincularse a dichos grupos en medio de la espiral de violencia que hemos vivido en los últimos años. La lucha contra el terrorismo no puede ser fundamentalista ni dogmática. Si los terroristas se muestran dispuestos a abandonar sus métodos violentos, el gobierno debe mostrarse dispuesto a explorar caminos para su plena reincorporación a la civilidad.

 

Durante el gobierno de Álvaro Uribe tanto a guerrilleros como a paramilitares se les dejó abierta la puerta del diálogo. Sin desgastarnos en esa estéril discusión que considera noble el delito cometido por los guerrilleros, pero censurable el cometido por los paramilitares, nos negamos a considerar que hubiera delitos de primera y segunda categoría. Todos los delitos son condenables. Tanto los de la guerrilla como los de las autodefensas. Pues unos y otros interfieren con el normal funcionamiento de nuestro orden constitucional y legal. Unos y otros amenazan nuestra democracia. Para unos y otros debemos buscar mecanismos de reincorporación a la civilidad, siempre y cuando muestren su disposición a abandonar la violencia e integrarse al seno de la democracia.

 

§b. El gobierno de la seguridad democrática impulsó en el Congreso la reforma a la antigua ley 418 de 1997, que establecía como requisito para entablar conversaciones con grupos armados ilegales que el presidente de la república les reconociera carácter político. Nos pareció degradante e inconveniente que el Jefe de Estado, sin ninguna contraprestación por parte de los ilegales, les concediera estatus político, pues era tanto como reconocer que en Colombia existían dos tipos de organizaciones políticas: las que están sometidas a la ley y las de aquellos que pueden matar y secuestrar para cumplir sus propósitos.

 

Mantuvimos sin embargo la atribución del presidente para adelantar diálogos y acuerdos con grupos guerrilleros y de autodefensas en procura de la paz nacional. Igualmente, la posibilidad de conceder indultos y amnistías para los llamados delitos políticos. El mismo gobierno, para dar piso jurídico sólido a los procesos de desmovilización de las autodefensas, impulsó la tipificación del comportamiento delictivo de los miembros de estos grupos como una modalidad de la sedición, lo cual no puede confundirse con la concesión del estatus político a las autodefensas, pues se trata de un requisito eliminado de la ley colombiana que no estábamos interesados en revivir.

 

Nos movió más bien el interés pragmático de facilitar la reincorporación a la civilidad de miembros de estos grupos ilegales que pueden ser perdonados por haber incurrido tan sólo en concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de prendas privativas de las fuerzas armadas. Pero como de manera expresa se dice en la constitución que dicho beneficio solo puede conceder al delito político, para dar soporte legal a nuestra tarea de paz, impulsamos en el Congreso esta clarificación jurídica, sin la cual el proceso que adelantamos con las autodefensas y en especial los beneficios de resolución inhibitoria o indulto para los miembros de base de estas organizaciones podían correr el peligro de ser impugnados.

 

Al tipificar como sedicioso al miembro de las autodefensas estamos describiendo con exactitud su actividad delictiva, que no es otra que interferir con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal, compitiendo con el estado por el monopolio de las armas y la justicia. Este intento de suplantar la autoridad es entendido en la legislación colombiana como delito político, susceptible por tanto de indulto o amnistía. Para nosotros bastaba con que se consignara en la ley la potestad de conceder un beneficio judicial para guerrilleros o paramilitares desmovilizados, que no estén comprometidos en delitos atroces o cuyas acciones ilegales no hayan comprometido el bienestar de particulares. Pero teníamos que someternos al orden vigente, y por tal motivo aclarar que dichas personas incurrían en delito político, a fin de poder recibir tal beneficio. En otras palabras, nos acogíamos al orden constitucional y jurídico vigente para avanzar en las tareas de reincorporación a la civilidad y consecución de la paz, pero a la vez señalábamos que dicho marco debía ser revisado a fin de conseguir el mismo objetivo, sin necesidad de caer en la tradición caduca de conceder una dignidad especial al delito político.

 

Es por eso que el gobierno anuncié el interés por eliminar del ordenamiento constitucional y legal colombiano el delito político. Muchos dijeron que existía una aparente contradicción entre calificar a los miembros de las autodefensas como sediciosos y llamar a la eliminación del delito político. ¿Será, como han dicho algunos, que queríamos abrir una puerta para la reinserción a la vida civil de las autodefensas para cerrársela después a la guerrilla? ¿O que se trataba de una estrategia guerrerista de la administración de Álvaro Uribe? ¿Era acaso imposible adelantar diálogos con grupos armados ilegales si eliminábamos de la Constitución y la ley el concepto de delito político?

 

Digamos en primer lugar que así como la eliminación del requisito de reconocimiento político a los grupos armados ilegales, impulsada por el gobierno Uribe en el año 2002 no impidió adelantar con ellos diálogos para su retorno a la democracia, la eliminación del delito político del orden constitucional no impide que se mantengan disposiciones legales para indultar o amnistiar a aquellos ciudadanos que han incurrido en delitos contra el régimen constitucional y legal. Mantener abierta una puerta pragmática a la reconciliación nacional no quiere decir que sigamos dando estatus y categoría al delincuente político.

 

Nuestra propuesta se orienta por eso a eliminar, en primer lugar, el rango constitucional que tiene el delito político, para limitarlo a una simple figura del Código Penal. Bajo esta nueva perspectiva entenderíamos el delito político no como ese delito altruista, ambiguo e indefinido, que se menciona en la Carta Magna sólo para concederle beneficios, sino como un tipo delictivo del Código Penal que se define de manera objetiva por el bien jurídico que se pretende proteger, que no es otro que el bien político de la autoridad legítimamente constituida. El delito político, llámese rebelión, sedición, conspiración o asonada, debe entenderse simple y llanamente como un delito consistente en el concierto para delinquir que tiene como propósito derrocar la autoridad o interferir con su ejercicio, afectando de esta manera el cabal funcionamiento del régimen constitucional y legal.

 

Este delito debe ser en principio duramente condenado, pues afecta la esencia de la democracia. Sin embargo, por consideración a la realidad histórica y sociológica que vive el país, de manera simultánea con la eliminación dentro de la Constitución y la ley de cualquier referencia al delito político, podríamos mantener de manera transitoria unas facultades en manos del Ejecutivo para que se indulte a quienes, habiendo cometido delitos contra el régimen constitucional y legal, se muestran dispuestos a reincorporarse a la civilidad. Tal decisión podría incorporarse a otro tipo de legislación transitoria, como es el caso de la antigua ley 418 de 1977, prorrogada por la ley 782 de 2002 y otras leyes posteriores –pues se trata de una ley cuya vigencia se prorroga cada 4 años–.Las facultades especiales para conceder indulto, única y exclusivamente por delitos cometidos contra el régimen constitucional y legal, podrían extenderse por un período corto, a definir, mientras se consolida la normalización del país, tal como ha sucedido varias veces con la ley de orden público a la que hemos hecho referencia.

 

Al eliminar el concepto de delito político y reemplazarlo por el de delito contra el régimen constitucional y legal, logramos una definición positiva de esta delito, limitándolo al intento de derrocar o suplantar la autoridad mediante la conformación de grupo armado ilegal de guerrilla o autodefensas, el uso de prendas privativas de las fuerzas armadas y el uso ilegal de armas. Este es por demás el único delito que puede perdonar el Estado, pues se trata de un típico delito contra el éste, ya que la víctima es la autoridad legítima en cuanto investida por el pueblo o la ley en dicha condición. Si se incurriese en homicidio, robo, secuestro, masacre o cualquier otra modalidad delictiva tipificada en el Código Penal que afecte los intereses de particulares, es claro que el delincuente no puede ser perdonado por el estado, debiendo adelantarse un proceso judicial que asegure la cabal reparación de las víctimas. De allí que para delitos diferentes a los que afectan al normal funcionamiento del régimen constitucional y legal consideremos necesario la aplicación de un instrumento como la Ley de Justicia y Paz, que permite a los miembros de grupos armados ilegales que contribuyan a la paz nacional recibir beneficios jurídicos, siempre y cuando hayan sido juzgados por autoridades judiciales, condenados, pagado un mínimo de pena privativa de la libertad y reparadas integralmente las víctimas.

 

En conclusión, insistimos en quitar al delito político rango constitucional y carácter altruista, para convertirlo en un tipo delictivo definido de manera positiva y sin ambigüedad dentro del Código Penal. Como tipo delictivo lo caracterizamos en relación con el bien jurídico que se afecta con su comisión, denominándolo de manera escueta como delito contra el régimen constitucional y legal. Al describir la conducta del delincuente, afirmamos de manera expresa que se trata del intento por derrocar o suplantar la autoridad, sin que pueda existir conexidad alguna con otros delitos que afectan intereses particulares.

 

No obstante la gravedad de este delito, por atentar contra la esencia de la democracia, consideramos pertinente mantener una legislación transitoria que permita al ejecutivo y al Congreso conceder indultos o amnistías, sólo para estos delitos y de manera transitoria, de forma similar a las facultades transitorias consignadas en la Ley 782 de 2002 y prórrogas posteriores. Y decimos de manera transitoria, porque el horizonte es eliminar por completo el tratamiento bondadoso que en la actualidad reciben quienes pretender derrocar o suplantar a las autoridades legítimas, someter por el terror a los ciudadanos, o matar a los policías y soldados de la patria. Nuestra actitud comprensiva y abierta hacia la reconciliación no puede convertirse, como sucede en la actualidad, en una incitación al delito más grave que pueda cometer una persona en su condición de ciudadano: el de atentar con las armas contra la esencia de la legalidad democrática.

 

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