El nuevo enfoque en la lucha antidrogas que planteó el Presidente apunta a la dirección correcta.

Ante decenas de expertos venidos de todo el mundo para hablar de control de drogas ilícitas, el presidente Juan Manuel Santos ha insistido de nuevo en la necesidad de hacer, más que un alto en el camino, un radical giro en la estrategia mundial contra el narcotráfico.

En ese foro, que congrega en Cartagena a varios de los más poderosos ‘zares’ antidrogas del planeta, el Presidente de los colombianos planteó las enormes inconsistencias entre las políticas de represión que se siguen aplicando en los países productores, frente a las normas cada vez más laxas ante el consumo que se ven en las naciones ricas.

Inconsistencias que se agravan cuando se analizan, lejos de pasiones ideológicas, los resultados de la guerra contra el narcotráfico, tal y como se ha concebido a lo largo de las últimas tres décadas, y que muestran que, en lo que se refiere a ese flagelo, ‘la culebra sigue viva’ a pesar de todos los esfuerzos.

Santos invitó una vez más a la comunidad internacional a dar un debate de fondo, basado en la evidencia científica, sobre los efectos de una eventual descriminalización o regulación del consumo de narcóticos. Es un paso que, como lo señaló el Jefe de Estado, Colombia no va a dar unilateralmente. Pero el mundo está en la obligación de abrir esa discusión, a instancias de una nación que, como pocas, se ha ganado sus galones en la lucha contra el narcotráfico.

Con numerosas voces en contra, tanto en el país como en Estados Unidos, nuestro principal socio en esta batalla, Colombia ha decidido suspender el uso del glifosato en las aspersiones contra los cultivos de coca. Décadas de enormes sacrificios en vidas y costos asociados al daño ecológico, a la corrupción y a la capacidad de violencia de los narcos, le dan a nuestra república la solvencia moral para plantear nuevas opciones ante una amenaza que compromete al mundo entero.

No se trata, como lo sostienen algunos, simplemente de resignarse y permitir que generaciones enteras caigan en las redes de los que se lucran con la degradación física y moral de los consumidores de drogas. Lo que está diciendo Colombia, y cada vez con más eco, es que llegó la hora de destinar mayores recursos a la prevención y a la atención social y económica de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: los cultivadores, los consumidores y, también, las ‘mulas’, cuyos problemas económicos son aprovechados por los narcos. Hoy hay consenso respecto a que darles trato de criminales reduce ostensiblemente las posibilidades de éxito de la acción estatal contra el flagelo.

De lo que se trata es de llevar por fin la presencia de las instituciones y la cultura de la legalidad a vastas zonas de Colombia, que por décadas se acostumbraron a que la única cara que les mostraba el Estado era la de las fumigaciones y las operaciones de la Fuerza Pública.

El replanteamiento pasa por afinar aún más la incautación de droga –en cuatro años se consiguió impedir la llegada a las calles de las ciudades del mundo de 820 toneladas de cocaína– y, sobre todo, y en esto hay que ser enfáticos, por lograr que los Estados desarrollados aprieten el control sobre los insumos utilizados en el refinamiento del alcaloide y sobre las enormes ganancias financieras que se quedan, en su mayoría, en las poderosas economías del norte.