Domingo 22 de Octubre del 2017

Capos de la justicia

Publicado en:

Revista Semana  | 

Autor(a): Rafael Guarín  |

Fecha: 17/08/2017

 

Néstor Humberto Martínez - Foto: las2orillas.co

!Deplorable! !Indignante! !Vergonzoso! El fiscal general Néstor Humberto Martínez recibió de autoridades estadounidenses pruebas sobre gravísimos actos de corrupción ocurridos en el seno de la Corte Suprema de Justicia y que comprometen a tres expresidentes de ese máximo tribunal, a quienes la embajada americana ya les canceló la visa. Queda claro que no es un simple rumor.

Martínez se refirió a solicitudes de dinero o pagos por decisiones que se debían tomar en esa Alta Corte frente a casos de políticos. ¡Tremendo! Se trataría de vender la administración de justicia a personas que habrían cometido un delito y que cometen uno nuevo con el fin de asegurar impunidad. Un carrusel del crimen, donde muy poderosos delincuentes capturan las instituciones del Estado y luego compran la inocencia con el concurso de abogados que, en evidente concierto para delinquir, logran que magistrados amigos (¿socios?) los beneficien. Los mismos resortes sirven para hacer inculpaciones y persecuciones sin ningún fundamento.

El asunto es extremadamente grave ya que involucra a pesos pesados que han controlado por años gran parte de la rama judicial y porque son verdaderas empresas criminales y redes de corrupción construidas durante mucho tiempo en el Estado. Tales tentáculos cobijan no solo a la corte sino a la Fiscalía General de la Nación.

Leonidas Bustos, uno de los capos de la justicia, aspiró a reemplazar a Eduardo Montealegre y era en la corte su hombre de confianza. ¿Cuántos nombramientos se hicieron en esa Fiscalía por solicitud de Bustos? ¿Quiénes cumplían la misma función delincuencial que el fiscal Moreno en la era Montealegre? ¿Cuántas gestiones hizo ese protegido de Bustos ante esa Fiscalía? ¿Cuántas decisiones son prevaricatos? ¿Cuál es la eventual responsabilidad de Montealegre?

Francisco Ricaurte manejaba la Sala Laboral de la Corte Suprema. Su poder era tan grande que persistió aún después de su retiro, debido a que lideraba un grupo que intervino en la elección de varios nuevos magistrados. Luego saltó al Consejo Superior de la Judicatura donde mantuvo la mano metida en la designación de altos funcionarios judiciales. Ese individuo creó una telaraña de influencias cuyo alcance es insospechado. Para completar, su hermano, Rafael de Jesús Ricaurte, fue solicitado en extradición por los Estados Unidos por narcotráfico. ¡Esta es la gente que maneja la justicia!

El contubernio que se crea con la elección de fiscal por parte de la Corte Suprema permite que magistrados pongan muchas fichas en ese organismo. Cuando resulta que quien promueve los nombramientos es un personaje corrupto termina utilizándose el ente investigador como instrumento de extorsión y criminalidad organizada. Ese tipo de personajes saben dónde estar con el propósito de salvaguardarse y seguir delinquiendo. El “honorable magistrado” Ricaurte aspiraba a ser parte del todopoderoso Tribunal para la Paz. ¿Se imaginan esa belleza?

Es indispensable que se determine cuál es el roscograma de esos magistrados en la Fiscalía, Tribunales y Juzgados. ¿Cuántos magistrados y fiscales le deben el puesto a estos capos? ¿En qué casos y ante qué instancias judiciales esos señores han intervenido y con qué resultados? No basta con condenar a los protagonistas del escándalo si no se desmantela el aparato criminal. Señor fiscal Martínez, ¿Cuál es la lista de cuotas de esos personajes que se mantienen en ese organismo? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Importante saber a quién tienen en la Procuraduría, la Contraloría General y la Personería de Bogotá. ¿Cómo se articulan? Es una red de extorsión y de venta de decisiones judiciales, administrativas y disciplinarias.

Bustos es el mismo que en 2011, siendo vicepresidente de la corte, descartó los computadores de Raúl Reyes, afirmando que “no sirven para construir proceso”, con lo cual se terminó favoreciendo con impunidad a todos los personajes que aparecían como delincuentes en esos dispositivos. ¡Las Farc celebraron! ¡Teodora también! Según ese señor, “el derecho no puede ser un obstáculo para la paz”, al parecer, no lo puede ser para nada, siempre que exista un pago.

Los magistrados se alientan a delinquir gracias a que tienen la impunidad garantizada. Hace varios años escribimos en esta misma columna: la impunidad es absoluta en las Altas Cortes. “Los controles simplemente no existen. Los magistrados carecen de la vigilancia disciplinaria y penal que debe ejercer la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Por físico terror esa instancia es incapaz de abrir siquiera indagaciones preliminares en contra de los magistrados y quien ose hacerlo es inmediatamente investigado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Así, aunque los honorables magistrados prevariquen, nunca prevarican, aunque delincan jamás violan la ley”. (Ver: Descontrol judicial http://www.sema…).

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