Bogotá, abril 18 de 2008.
Entiendo que la reciente misiva enviada por congresistas norteamericanos al Presidente Uribe Vélez, es una forma de participar en el debate público y legítimo que se desarrolla en Colombia. Todos podemos y debemos participar en la controversia democrática. Yo lo hago a diario en la cátedra universitaria, como comentarista en los medios electrónicos, como columnista de periódicos, como autor de libros, como invitado a múltiples tertulias, unas públicas, otras privadas. Siempre intervengo con respeto por la persona del contradictor, pero defendiendo con energía y convicción las razones y las realizaciones de la política de seguridad democrática del Presidente Álvaro Uribe.
Aprendí de mi mentor y guía espiritual, Benjamín Franklin, a ser tolerante sin deponer las convicciones; a enfrentar los peligros aunque teniendo claro que existen; a defender las ideas, al mismo tiempo que el derecho del otro a expresar las suyas. Es recurrente la afirmación –descalificadora moralmente- de que discutir con una persona allegada al gobierno o un miembro de él, es poner en peligro la vida. ¡No! Como dije en mi carta del 1º. de abril de 2008 al señor Iván Cepeda: “en el campo de la democracia nadie es enemigo de nadie. Sólo nos reconocemos como contradictores y émulos. Exalto su entereza al repudiar el apoyo de las organizaciones terroristas a la marcha del 6 de marzo. Cuente con toda mi solidaridad en la lucha por hacer visibles a las víctimas del terrorismo y para que haya verdad, justicia y reparación”. Que las Farc, pública y abiertamente invitaran a la marcha, hizo que me opusiera a ella. El que estuviese dirigida a condenar los “crímenes de Estado”, cuando no existe ninguna política atribuible a las instituciones legítimas sino unos casos e individuos que deben y están siendo condenados por la justicia, me parecía un despropósito con la autoridad que vela por la vida mía, la de Iván y la de todos los ciudadanos. No sugerí entonces, ni lo hago ahora, que Iván Cepeda estuviera afiliado a las Farc.
Soy un convencido, como lo son los ilustres congresistas, de que la democracia y la defensa de los derechos humanos son bienes públicos universales. No puede predicarse de ellos que sean valores exclusivos de Occidente, cuando lo que está de por medio es la dignidad de la persona, la defensa de la vida humana, la igualdad entre hombres y mujeres, y la posibilidad de vivir en libertad. Esa es la verdadera lucha que estamos dando los colombianos y por eso es crucial, en la actual geopolítica, dar respuesta al siguiente dilema: es Colombia un Estado legítimo, democrático, respetuoso de los derechos humanos, o no lo es.
El pueblo colombiano -tanto opositores como amigos del gobierno-, el gobierno norteamericano y la gran mayoría de miembros del Congreso de Estados Unidos, están convencidos de que somos una democracia. El hecho de que esa democracia haya sido asediada por el terrorismo no la descalifica. Al contrario, es un mérito nuestro dar la lucha contra el intento terrorista de paralizar la sociedad, financiado por narcóticos que llegan a las calles y colegios de los distritos norteamericanos. Esta democracia decidió no dejarse derrotar, defender la vida y la libertad de todos, absolutamente todos los ciudadanos.
Estados Unidos y Europa ya tienen consenso doctrinario sobre el terrorismo y los terroristas: ni unos ni otros aceptan que alguien haga apología de los ataques con bombas y de los asesinatos de dirigentes políticos y sociales. Basta leer sus legislaciones o ver la ejemplarizante destitución de la alcaldesa de Mondragón (País Vasco) por guardar silencio frente a la prédica terrorista, por no actuar dentro de los mínimos éticos de los demócratas.
Colombia recorre ese mismo camino con su política contra el crimen: la seguridad democrática, que es garantía de seguridad para todos. En el punto 27 de la plataforma política del Presidente Álvaro Uribe se lee: “la seguridad democrática es para proteger a todos, al trabajador, al empresario, al campesino, al sindicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier agresor”. Ese principio político tiene una aplicación práctica: el gobierno dirige la acción de la fuerza pública contra todas las expresiones del crimen: el paramilitarismo, la guerrilla, el narcotráfico, los funcionarios públicos cómplices del crimen organizado y las bandas criminales que han emergido luego de la desmovilización de los paramilitares.
Para nosotros, defender la seguridad democrática y los derechos humanos, así como a quienes los defienden, es un asunto de civilización, de respeto por nuestra democracia liberal con separación de poderes; es aceptar sólo el monopolio de la fuerza ejercido por la autoridad estatal dentro de los límites consagrados en el derecho de los derechos humanos.
El pueblo de Colombia aprueba la política de seguridad democrática. Algo he contribuido yo a explicarla. Tenemos que seguir debatiendo, contradiciendo, informando bien y en forma transparente y celebrando el hecho de que Colombia sea cada vez más segura, más democrática, más cohesionada y que esté transitando por la ruta del progreso.
Atentamente,
José Obdulio Gaviria Vélez
