La división de las Farc
¿Para dónde va el proceso de paz?
El presidente Iván Duque tiene una disyuntiva sobre qué conducta seguir frente al proceso de paz entre el gobierno de su antecesor y las Farc. Porque si bien la administración actual no tiene culpa alguna en las graves y múltiples deficiencias de las negociaciones, fruto en buena parte de la premura que llevó a la improvisación, lo cierto es que la responsabilidad recae sobre su período gubernamental o al menos eso será lo que le endilguen aquellos que creyeron ver la panacea nacional en los diálogos de La Habana.
Hoy la frustración por los errores cometidos campea por todos lados. Los expertos que apostaron, en los inicios, porque el proceso de paz con las Farc llegaría máximo a la entrega de unas armas (no todas), la eliminación positiva de la “chapa” guerrillera y la división en disidencias terroristas paulatinamente poderosas, estaban en lo cierto.
En efecto, de la reciente carta de alias Iván Márquez, jefe negociador de esa guerrilla en La Habana y quien ha tomado distancia de lo pactado, firmando desde la clandestinidad con su antiguo nombre de batalla, así puede comprobarse. Ahí allí, ciertamente, un mea culpa por no seguir los consejos de ‘Manuel Marulanda’ de no entregar las armas sino con la aplicación efectiva de los acuerdos. Lo cual querría decir, en términos de hoy, que todavía es válido retornar a ellas en vista de lo que llama una transfiguración del pacto en un Frankenstein, a raíz de los ajustes legítimos y posteriores de la Corte Constitucional, en particular la eliminación de los terceros de la jurisdicción transicional (JEP). Asimismo, esa advertencia amenazante viene acompañada, aparte de una andanada contra el mandatario anterior, con el tema crucial del pedido de extradición y la acusación por parte de los Estados Unidos a uno de los plenipotenciarios de los diálogos habaneros por tentativa de conspiración contra ese gobierno, en materia de exportación de drogas ilícitas luego de la firma del convenio. En suma, por estas y otras circunstancias que aduce “Márquez”, el acuerdo fue “traicionado”. Lo que lo deja en libertad de proceder. Porque ese es, a fin de cuentas, el tono y el mensaje de la carta, pese a dejar abierta la mediación del Congreso para sacar la paz “del abismo de los acuerdos fallidos”.
Así las cosas, la carta resulta típica de algunas facetas del país como esa de llegar a situaciones tan inverosímiles. Es decir, para el caso, que el jefe negociador de un proceso de paz tan publicitado internacionalmente, a pesar de las reservas nacionales registradas en el plebiscito y que llegó a valer un Nobel de Paz, se declare en disidencia política desde la clandestinidad. Una disidencia que parecería tener un límite en la extradición de su compañero en prisión, cuando ella podría cambiar de naturaleza si llega a verificarse ese procedimiento.
En tanto, como también sucede con muchas cosas en Colombia, todo está enquistado en la modorra de la tramitología. El expediente de la extradición debería resolverse en un término razonable, para evitar el desgaste del Estado, sea cual sea el sentido de la decisión. Del mismo modo, los voceros autorizados de la JEP deberían ser algún día claros, en un dictamen institucional, sobre si “Márquez” y los varios ex comandantes en su misma condición están o no todavía inscritos en las cláusulas extraordinarias de la justicia transicional. De hecho, el Procurador hubo de llamarles la atención. Al mismo tiempo, no se sabe hoy tampoco de la suerte de cabecillas disidentes como alias “Guacho” y “Cabuyo”, ya célebres por sus crímenes, pese a anunciarse que serían capturados en el término de la distancia. Y tampoco hay manifestación en ningún sentido sobre el amplio informe del New York Times en el que se advierte sobre las arenas movedizas de un proceso que parece naufragar. De suyo, un informe de anteayer de la Fundación Ideas para la Paz es claro en sostener que en los 170 municipios priorizados se incrementaron los asesinatos en un 28 por ciento, de 2017 a 2018, y el desplazamiento se triplicó.
Dentro de los episodios confusos, entonces, la única luz clara sobre el tema la dio el presidente Duque hace unos días en la ONU cuando dijo que los negociadores del proceso habían sobredimensionado la financiación y que no se había erigido una institucionalidad que pudiera cumplir con los objetivos. La disyuntiva sobre el proceso parecería, pues, resolverse en esos criterios. Lo que no es cosa de poca monta en un país sin recursos y anhelante de otros programas de antemano también desfinanciados.
