Colombia tiene una organización institucional diferente a la de todos los países de América en el sentido de que aquí, desde la Constitución del 91, el poder de control tiene relevancia constitucional plena.

La culpa de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hubiera atrevido a llegar hasta acá –o sea, al borde de arrasar con la institucionalidad del país– la tiene hasta cierto punto el propio gobierno colombiano. Invitado en su oportunidad por la Comisión a sentar su opinión sobre el caso Petro, no fue capaz inicialmente de responder defendiendo la dignidad de la justicia colombiana. En su afán de parecer políticamente neutral, lo único que hizo fue remitir los documentos del Procurador, pero se rehusó a fijar una posición, cuando era su deber hacerlo porque el Gobierno representa al Estado, que tiene aquí condición de parte en el proceso. Fue una grave omisión consciente del Gobierno.

La consecuencia es este documento de 11 páginas con características escandalosas. La primera, que se firmó a la medianoche anterior a la mañana en la que el Procurador notificaría al Presidente su orden de destituir a Petro, para que seguramente, como lo había planeado la Comisión, terminara en un golpe de Estado a nuestra institucionalidad constitucional, judicial y disciplinaria.

En dicho documento se solicita al gobierno colombiano la bobadita de “suspender inmediatamente los efectos de la decisión emitida por la Procuraduría”. Es decir, ¡le pide a la rama del Poder Ejecutivo que intervenga contra un órgano constitucional autónomo! Eso solo se ve en los regímenes dictatoriales.

Y precisamente, el espíritu de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era velar por la consolidación democrática del continente. Su labor fue muy valiosa cuando en las dictaduras que usaban instalarse en América no había garantías judiciales. ¿Pretende ahora la CIDH reversar nuestra madurez democrática y obligar al Gobierno de Colombia a que pare las decisiones que tomen las autoridades constitucionales de otras ramas? Por fortuna, a última hora, el Presidente y su Ministro de Justicia salvaron al país de la debacle.

Colombia tiene una organización institucional diferente a la de todos los países de América en el sentido de que aquí, desde la Constitución del 91, el poder de control tiene relevancia constitucional plena, equivalente a las ramas clásicas (Ejecutiva, Legislativa y Judicial), y está colocado en paridad con ellas. No supeditado a ninguna. Quizás la CIDH no sepa que esa decisión fue tomada en la Asamblea Constituyente del 91, de la cual el M-19, al que pertenecía el Alcalde, ocupó una de las tres presidencias.

Lo otro absolutamente escandaloso es la frase de que sus miembros toman la decisión de otorgar medidas preventivas “ante la falta de certeza de que los recursos internos puedan evitar la separación de su cargo” (del Alcalde). Esa descalificación y hasta negación de la vigencia del Estado de Derecho en Colombia y del aparato del Estado son inauditas.

No llegaré hasta el extremo de pedirle al Gobierno que para que no se nos haga tan tarde, como con el retiro del Pacto de Bogotá, por cuenta de lo cual perdimos medio mar Caribe, nos retiremos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque quedaríamos igualitos a Venezuela. Pero le solicito cordialmente a la Canciller que le envíe una nota a la Comisión en la que le especifique hasta dónde entiende Colombia el alcance de sus competencias y le advierta que no acatará las decisiones que tome en extralimitación de sus funciones, cosa que la Comisión, me dicen que incluso a disgusto de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace cada rato estirando su reglamento interno. Ante lo cual Colombia siempre ha guardado un silencio omisivo.

Por fortuna, el caso Petro nos permite decir de una vez por todas: ¡Ya no más manoseo institucional!

Entre tanto… Advierto nuevamente que no tengo cuenta en Twitter. Me están suplantando. Si la abro, lo comunicaré a mis lectores aquí mismo.