Cesa el fuego con las Farc (II)

La presencia estatal y las garantías de seguridad van de la mano del compromiso de las Farc de cesar toda actividad criminal. Participación política exigirá de ellas valores que nunca han ejercido.

De la creación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, 23, más ocho campamentos, que se anunciaron el jueves en La Habana y se concretaron ayer, ya los alcaldes y los gobernadores concernidos expresaron su aceptación aunque matizándola con la obvia preocupación por los efectos que para la seguridad de sus habitantes tendrá la instalación formal de ellas en sus veredas.

No se trata de una escogencia al azar, sino de territorios en los que las Farc se sienten cómodas y donde sus comandantes y guerrilleros habrán de permanecer, sin delinquir ni extorsionar a habitantes y propietarios de la zonas aledañas, mientras se verifica el desarme total. El deber correlativo del Gobierno y las Fuerzas Armadas será el de garantizarles seguridad y protección a su integridad física.

En Antioquia habrá tres de esas zonas (en Remedios, Ituango y Dabeiba), y un campamento en zona rural de Vigía del Fuerte. Municipios todos donde esa guerrilla ha dejado su rastro de sangre y dolor. Y donde ahora habrán de mostrar la transición que en todos los aspectos implica dejar de portar fusiles al hombro para imponer la ley de la fuerza, y en su lugar aprestarse a hacer política desarmada.

Como señalaba ayer el expresidente Belisario Betancur, muchas cosas han cambiado en la sociedad para confiar en que este proceso pueda llevar, ahora sí, a un acuerdo final de paz. Entre esos cambios destacamos el de la postura de obediencia de las Fuerzas Armadas ante la decisión del poder civil de negociar políticamente el cese del conflicto. Y que implica, ni más ni menos, el compromiso, no solo legal, sino de honor, de los militares y policías de cuidar y velar por la vida de quienes hasta ayer mismo atacaron las suyas con la mayor fiereza.

En tanto se cumplen esas garantías de seguridad, por una parte, y de no delinquir ni seguir azotando a la población civil con extorsiones y chantajes, por otra, habrá de cumplirse el depósito de las armas, de todas ellas, en los contenedores que quedarán bajo vigilancia y control de los equipos internacionales dispuestos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El número de armas, su entrega efectiva y la renuncia a ellas como instrumento de fuerza es uno de los puntos en los que las Farc se juegan el crédito en los compromisos asumidos.

Otro de los focos de los acuerdos anunciados el jueves desde Cuba fue el de la participación en política, ya configurado desde antes pero sobre el cual el presidente Juan Manuel Santos ofreció convertirse en el máximo garante para que los desmovilizados puedan ejercer ese derecho, transformado en prerrogativa en cuanto podrán disfrutarlo incluso siendo objeto de condenas penales por cualquier clase de delitos.

Acceden las Farc a un sistema político que quisieron derribar a la fuerza y al cual tendrán que adaptarse, porque no es realista que esperen que sea el sistema el que se adapte a sus métodos y límites ideológicos tan contrarios a una sociedad abierta y de libre examen. De allí que también ellas estén obligadas a la tolerancia y a la aceptación del debate plural. Tendrán que aceptar que sus tesis y programas sean rebatidos y cuestionados. Pacíficamente, por supuesto, pero sin pretender que no se pueda contradecirlos, pues ya se roza el riesgo de que cualquier juicio crítico se tache de “ataque a la paz”.

Esto incluye, por supuesto, la inminente campaña por el plebiscito, que bajo ninguna circunstancia deberá hacerse mientras la entrega de armas no se haya verificado y su alcance esté ya lejos de quienes las empuñaron.

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