El balance de la Administración Santos está atado forzosamente a los diálogos de paz. Su otro legado serían infraestructura y educación. Pero aún se escuchan las mismas promesas de 2010.

El presidente Juan Manuel Santos cumple el quinto año de una gestión que ha tenido líneas discontinuas y otras donde se han cambiado los principios rectores, como la seguridad pública.

Si bien fue elegido en 2010 como continuador de la Seguridad Democrática ejecutada entre 2002 y 2010, pronto dio un giro radical que, no obstante, fue avalado por una mayoría electoral que lo reeligió en 2014 bajo la oferta de “la paz”. Y ha persistido en el diálogo con la guerrilla, con cambios evidentes en el uso del lenguaje. Y en esta materia la semántica tiene consecuencias. Unas veces ha sido realista al explicar el proceso como una desmovilización de la guerrilla para el cese del conflicto armado interno y la posterior gestión del posconflicto, pero otras, como en su campaña reeleccionista, vendió directamente la promesa de paz como un hecho. La misma contraparte del Gobierno en La Habana le ha hecho ver, a él y al país, lo equivocado de ese eslogan.

En todo caso, si llegar a un acuerdo ha sido complejo, cuestión ya de años y no de meses como fue la promesa inicial, lo que vendrá luego es un trabajo hercúleo: en recursos, capacidad política, liderazgo comunicativo y destreza jurídica. Tendrá, para empezar, el mecanismo de refrendación popular de los acuerdos, algo en lo que el presidente ha comprometido su palabra y sobre lo cual sería impensable una retractación o un engaño; y posteriormente, la gestión del posconflicto, que aunque le tocará a los sucesivos gobiernos, dependerá de las bases que haya fijado el actual.

La administración Santos ha sabido conseguir apoyos internacionales a su política negociadora, mérito incluso sabiendo que ningún gobierno extranjero se opondría a una negociación de paz con grupos de extrema izquierda, como las Farc o el Eln. En ese sentido, el equilibrio con los difíciles gobiernos vecinos ha sido más provechoso que la confrontación, así haya habido momentos en que la defensa de la dignidad nacional, en particular frente al gobierno chavista, haya requerido mayor fortaleza y menos contemporización.

De no prosperar un acuerdo final tras los diálogos de paz, el legado que podría reclamar el Gobierno Santos sería la infraestructura vial. Si salen como están proyectadas las Autopistas de la Prosperidad y las otras megaobras como la navegabilidad del río Magdalena, debe reconocérsele a su administración ese salto a la modernidad.

Se abona, por otra parte, el énfasis en hacer de la educación uno de los pilares de los esfuerzos del Ejecutivo. Y allí la ciudadanía confía en que haya verdadera política de Estado más allá de la poderosa campaña publicitaria.

La salud y la justicia han sido las grandes falencias. Ayer mismo, en su alocución de balance, reconoció la frustración por las deficiencias en la atención en salud, a lo que hay que añadir el problema financiero estructural. En cuanto a la justicia, no pudo su gobierno levantar cabeza ni siquiera con la llamada reforma de equilibrio de poderes, que aparte de farragosa no cambiará una penosa realidad de morosidad y falta de confianza en un valor tan esencial al Estado de Derecho. La crisis penitenciaria sigue en peor estado que cuando asumió en 2010, sin solución a la vista.

A pesar del intento de sembrar confianza y esperanzas, no es muy alentador que en el listado de asuntos pendientes enunciado por el propio presidente ayer, sigan inmodificables realidades que pesan a los colombianos, como la inseguridad ciudadana, y que los anuncios se parezcan tanto a los de hace 5 años.

Mañana haremos el balance económico, en el cual también hay altibajos con la preocupación añadida de un panorama poco optimista.