El comunicado divulgado en La Habana informa que Gobierno y Farc han llegado a un acuerdo sobre el tema de Justica Transicional que abarca tópicos muy sensibles a la luz de la normatividad nacional e internacional y constituyen elementos esenciales al desarrollo del proceso de paz. Por lo mismo, son del mayor interés para los ciudadanos. Inmediatamente publicitado por los medios como si se tratara de un convenio que cobra vigencia a partir de su lectura, olvida que la norma adoptada por las partes es que “nada está acordado hasta tanto todo esté acordado”.
Sin embargo, este inusitado entusiasmo no alcanza a esconder las preocupaciones, imprecisiones y falencias que asoman de la lectura atenta del comunicado y del sentimiento de que los asuntos más sensibles no se han acordado aún. Crece la percepción de que se trata de un convenio inconcluso, maliciosamente presentado como una conquista de paz, pero ocultando su condición de inacabado. Lo reconocen los mismos negociadores cuando afirman que: “Pero las condiciones específicas de la restricción de la libertad están por decidirse” y “el acuerdo sobre justicia tiene unas bases que tendrán que desarrollarse” ( De la Calle); o, refiriéndose a la restricción de la libertad del autor de un crimen grave “va a tener que estar en un lugar con un régimen de vigilancia y control” y que “las características de ese régimen y el lugar dependerán de como se termine de configurar el acuerdo” (Sergio Jaramillo)
Ello explica el sepulcral silencio del Gobierno ante la solicitud del Procurador General de publicar el acuerdo para hacer claridad sobre lo convenido en todos sus aspectos y detalles. No puede proceder el Gobierno, en un asunto de tanta trascendencia nacional, a confundir cartas a la manera de mañoso jugador de póker. Esa actitud no se compadece con la transparencia que debe prevalecer a lo largo de este proceso de paz, si realmente se quiere convocar la voluntad ciudadana para refrendar, con pleno conocimiento de causa, los acuerdos de paz de La Habana.
El Gobierno tiene la responsabilidad de actuar con claridad, permitiendo la ilustración de los ciudadanos para evitar que crezca el sentimiento de que el acuerdo quedó hecho a la medida de las Farc, que no pagarán un día de cárcel y harán política validos de su inmensa fortuna, al tiempo que se negoció la suerte de los miembros de la Fuerza Pública por haber defendido las instituciones de nuestra democracia.
