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Lunes 18 de Junio del 2018

Claroscuros de la paz negociada

1. El saldo heredado

 

§i. Una de las condiciones básicas para la existencia del Estado democrático es el monopolio de la las armas en manos de la Fuerza Pública. Colombia representa un caso excepcional entre las naciones democráticas, pues cuenta todavía con la presencia de grupos armados irregulares, ejércitos privados que intentan imponer por la vía del terror su orden y control. Grupos que en algunas zonas le disputan al Estado legítimo el monopolio de las armas, como si nos debatiéramos todavía en lo que los tratadistas clásicos llamaban una situación de barbarie, haciendo grandes esfuerzos por ingresar al estado de civilización.

 

La existencia de estos grupos armados ilegales echa raíces en la desconfianza que desde décadas atrás, algunos sectores de la sociedad democrática han alentado frente al Estado de Derecho. Jugaron también un papel importante ideologías fundamentalistas como el marxismo, que llevó a muchos jóvenes a declarar una guerra a muerte contra la sociedad democrática. E incidió de manera decisiva en su crecimiento y perpetuación la problemática de las drogas, pues sin los recursos del narcotráfico dichos grupos no habrían tenido el poder ni la capacidad de daño que alcanzaron dentro de la sociedad colombiana.

 

A partir de 1982 el discurso de la paz ingresó de manera activa al escenario político nacional. La amnistía para miembros de la guerrilla, ofrecida por el gobierno y aprobada por el Congreso como un ramo de olivo a las organizaciones insurgentes, permitió la salida de las cárceles de importantes guerrilleros –entre ellos el fallecido jefe de las FARC Alfonso Cano– y abrió un espacio de diálogo que culminó con la firma de los dos acuerdos de La Uribe entre delegados del gobierno y las FARC. Fue la época en que se pintaron palomas en todos los muros de la patria y se generó un entusiasmo colectivo que culminó con dos episodios trágicos relacionados con el fracaso de los diálogos: la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, alegando violación por parte del gobierno de los acuerdos de cese al fuego; y el asesinato de cientos de dirigentes de la Unión Patriótica, partido que había nacido de los acuerdos de La Uribe.

 

Varias enseñanzas pueden sacarse de este esfuerzo de paz: que un cese al fuego debe pactarse no solo con voluntad política sino con eficaces mecanismos de verificación, para no dar pie a mutuas acusaciones de violación de lo pactado; que no es suficiente el entusiasmo ciudadano por la paz, pues con facilidad un entusiasmo por la paz que termina en frustración conduce a una nueva espiral de violencia; que es necesaria una articulación real entre el Presidente de la República y las Fuerzas Armadas, para actuar coordinadamente en un escenario de diálogo con organizaciones ilegales; que los discursos de paz pueden esconder estrategias de guerra, y que tras ellos las organizaciones ilegales pueden ocultar la voluntad de fortalecer el aparato militar aprovechando la oxigenación que da la apertura de un espacio de diálogo.

 

§ii. Hacia finales de los años ochentas y comienzos de los noventas, varias organizaciones guerrilleras –entre ellas el M-19, el EPL y la Corriente de Renovación Socialista– tomaron la decisión de abandonar las armas y reintegrarse a la vida civil. Estos procesos de paz exitosos, adelantados durante los gobiernos liberales de Virgilio Barco y César Gaviria, tuvieron como constante la decisión ya tomada por parte de dichas organizaciones ilegales de abandonar la violencia y retomar el sendero de la civilidad. Al igual que sucedió con el proceso de desarme de las guerrillas liberales que se vivió en Colombia a mediados del siglo XX, quedó claro que un proceso de paz exitoso tiene como premisa la voluntad del grupo armado ilegal de abandonar las armas y retornar a la legalidad.

 

De allí las dificultades que sistemáticamente se han presentado con las FARC y el ELN, grupos que se niegan a tratar el tema del desarme y la desmovilización de sus miembros como parte de una agenda de diálogo, pues pretenden avanzar en pactos políticos con el gobierno mientras mantienen la capacidad intimidatoria que les da el uso de las armas, pretendiendo que su ingreso a escenarios como una Convención Nacional (en el caso del ELN) o a una Asamblea Nacional Constituyente (en el caso de las FARC), se realice sin haber renunciado a su estructura armada y a su organización clandestina. Es decir, siguen en la línea de la combinación de todas las formas de lucha, planteando programas democráticos o nacionalistas –como es el caso del llamado gobierno de transición, propuesto por las FARC– con la esperanza de conformar un régimen parecido al de Kerenski, que le permitió a los bolcheviques en la Rusia post-zarista hacer el tránsito hacia la dictadura del proletariado.

 

Fue por eso que los intentos de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana no rindieron ningún fruto. Desde el comienzo –tal como quedó demostrado en los documentos encontrado en los computadores de Raúl Reyes y como lo han confirmado muchos desmovilizados–, las FARC manejaron un doble lenguaje: mientras alentaban las esperanzas de paz, dilataban el diálogo para consolidar el dominio territorial en la zona de distensión y sus alrededores, a fin de fortalecerse militarmente. De ese proceso quedó claro que una negociación con un grupo armado ilegal no podía empezar por concederle ventaja territorial, entregándole una extensa zona del país para su control, paso que en vez de ayudar a la paz se convertía en obstáculo para lograrla y causa de nuevas violencias.

 

§d. De manera simultánea con el intento de avanzar en un proceso de paz con las FARC, el gobierno de Andrés Pastrana abrió un espacio de diálogo con el ELN. Para presionar en la mesa de negociación, este grupo realizó tres secuestros masivos –el secuestro del avión de Avianca, y los de la Iglesia la María y el kilómetro 18 en Cali–. El gobierno fue generoso en la convocatoria a sectores de la sociedad civil, cuyos representantes viajaron a La Habana como lo pedía el grupo guerrillero, mientras se intentaban pactar con el COCE –Comité Central del ELN– unas reglas de juego para una zona de encuentro y un cese al fuego. Como ha sido usual con este grupo guerrillero, cuando solo restaba refrendar el acuerdo con la firma, todo se vino al suelo, sin que se lograra ningún avance sustantivo.

 

Tal como había sucedido en el proceso con las FARC, a raíz de los actos violentos por parte del ELN para presionar a la sociedad y al gobierno en la mesa de negociación, quedó claro para el país que los procesos de diálogo con organizaciones ilegales que no se traducían en una disminución de la violencia, sino en su incremento, rápidamente llevaban a una pérdida de la confianza por parte de la ciudadanía en las salidas dialogadas.

 

2. Una nueva política de seguridad

 

§i. Si bien la confianza en las instituciones sociales es un valor capital de cualquier sociedad humana, dicho valor adquiere una importancia mayúscula en las sociedades abiertas que se rigen bajo las leyes del mercado y los vaivenes de la opinión democrática. Como no existe un jefe autoritario que encarne la solidez del Estado, imponiendo las leyes incluso bajo el terror, las sociedades democráticas necesitan de la fe pública para dar validez a sus reglas y mantener así un nivel básico de gobernabilidad. De allí que los grupos terroristas busquen minar esa confianza ciudadana en las instituciones, para generar un caos e incertidumbre que haga fácil conseguir sus propósitos. El terrorismo es ante todo una estrategia de guerra psicológica de una minoría fundamentalista o despótica contra una mayoría que se percata de su indefensión, cayendo en la incertidumbre y la desconfianza. La ganancia neta del terrorista es minar la confianza colectiva, para provocar un cambio de opinión que obligue a los gobernantes a ceder ante sus demandas.

 

Las políticas de seguridad varían dependiendo del régimen que las ponga en marcha. Hay y han existido en la historia políticas de seguridad autoritaria, que privilegian la imposición del orden sobre el ejercicio de las libertades. En el mundo actual y bajo el horizonte preferible de fortalecer la sociedad abierta, priman las políticas de seguridad democrática o seguridad humana, que tienen por propósito la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y el incremento del pluralismo político. Pero hasta comienzos de la década de los ochentas primó el modelo de la Seguridad Nacional que pretendía defender al Estado eliminando el enemigo interior, identificado por entonces con la subversión comunista. Este modelo resultó exitoso en muchos países de América del Sur –como el caso de Argentina y Chile–, a costa de romper la tradición democrática y caer bajo dictaduras militares de corte autoritario.

 

En Colombia, a pesar de la puesta en marcha del Estatuto de Seguridad durante la administración de Turbay Ayala, el procedimiento no dio los resultados esperados. Se levantó más bien un interés por explorar una salida negociada que tuvo sus altibajos durante la administración Betancur, cuando un movimiento colectivo de opinión que pintó palomitas hasta en los más alejados muros de la patria, se vio confrontado con hechos de guerra como la toma del Palacio de Justicia por parte de un grupo del M-19, que curiosamente reivindicaba como motivo de su acción bélica el haber sido traicionado en sus esfuerzos de paz. Por otro lado, los acuerdos de La Uribe firmados con las FARC y el nacimiento de la Unión Patriótica como producto final de estos acuerdos tuvieron un lánguido final con el exterminio de los miembros de esa organización sin que el Estado pudiera contener a los genocidas.

 

Finalmente, en los últimos años de la década de los ochentas, logró perfilarse un proceso de paz con el M-19, grupo que tendría una significativa participación en la Constituyente de 1991. Esta Asamblea Constitucional fue la primera en la historia del país de corte pluralista. A diferencia de las constituyentes del siglo XIX, aquí no se refrendó la voluntad del vencedor. Se eligió una presidencia tripartita, con representación de los dos partidos tradicionales –liberal y conservador– y los grupos guerrilleros. Los antiguos enemigos pactaron una Carta con énfasis en la defensa de los derechos humanos y la democracia participativa. De manera tímida, Colombia se abrió a la construcción política concertada.

 

El Presidente Gaviria popularizó su lema “La Constituyente es el camino”. Por su carácter consensuado, su defensa de los derechos fundamentales y la participación ciudadana, la nueva Carta logró amplia legitimidad, aunque dejó serios vacíos en lo relacionado con orden público y política de seguridad. La Constitución del 91 se  fundamentó en la ilusión de una paz que se lograba a través de la plena vigencia de los derechos fundamentales, sin prestar mucha atención a los instrumentos necesarios para enfrentar a unos grupos al margen de la ley que desconocían de plano su vigencia. Al finalizar el gobierno de César Gaviria, tanto las FARC y el ELN como las autodefensas iniciaban una curva exponencial de crecimiento que llevaría al casi colapso del Estado de Derecho a finales de los años noventas y comienzos del dos mil.

 

Al ser elegido como Presidente en 1994, Ernesto Samper movilizó a su favor una opinión que creía en su talante liberal, de hombre capaz de construir caminos hacia la paz con justicia social. Casi de inmediato, después de su posesión como Presidente, se conoció de la infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña, lo que quitó legitimidad a su mandato. Fue entonces cuando empezó a gestarse un sentimiento de molestia ciudadana, en el que confluían intereses golpistas con sincera vergüenza frente a los hechos investigados. Al afectarse la gobernabilidad se dificultó también el manejo del orden público. Las Fuerzas Armadas mostraron reticencia a los intentos de Samper por poner en marcha un proceso de paz con las FARC que partía de una concesión territorial para iniciar negociaciones, en aquella ocasión el despeje militar del municipio de La Uribe. Entre tanto, crecían tanto los grupos guerrilleros como paramilitares, a un ritmo que no se había visto en la historia del país. Al final de la administración de Ernesto Samper la guerrilla de las FARC logró romper el equilibrio de la guerra, pasando de la guerra de guerrillas a la de movimientos, copando unidades militares que dejaban por saldo decenas de muertos y de miembros de la fuerza pública retenidos por este grupo guerrillero.

 

Preocupado por los perfiles autoritarios de este sentimiento ciudadano que empezaba a justificar la implantación en Colombia de un régimen semejante al de Alberto Fujimori en Perú, propicié la propuesta del Mandato por la Paz, movimiento civil que en octubre de 1997 agrupó a colombianos de todas las tendencias en un pronunciamiento que pedía cese de la violencia, respeto a los derechos humanos y salidas dialogadas a nuestros problemas. Empresarios, sindicalistas, políticos tradicionales y antiguos guerrilleros, se integraron a la dinámica del mandato, logrando por primera vez en muchos años un consenso nacional en torno a un tema vital para nuestra democracia. De esta manera se daba a la indignación popular un cauce, a la vez enérgico y moderado, de rechazo a la violencia pero de afirmación de la vigencia de los procedimientos democráticos.

 

Andrés Pastrana, tanto en su condición de candidato como después en su condición de Presidente, recogió el sentimiento de los diez millones de colombianos que depositaron su voto por la paz. Años después de abandonar la presidencia, repetía todavía: “Marulanda perdió la gran oportunidad de su vida, que fue hacer la paz. Después de que en 1997, y eso se le olvida al país, hubo cerca de 10 millones de votos en lo que se llamó el mandato para la paz, promovido por País Libre, cuya cabeza era el hoy vicepresidente Santos. El siguiente presidente, que fui yo, tenía que obedecer ese mandato. Y así lo hice” 1.

 

En efecto, en nombre de este mandato se expidió en octubre de 1998 la resolución presidencial que ponía en marcha la zona de distensión del Caguán, a fin de iniciar diálogos con las FARC. Siempre tuve serias dudas sobre la interpretación que se le dio al Mandato ciudadano de 1997, pues creía –y sigo creyendo–, que los ciudadanos pedían un cese inmediato de la violencia más que un diálogo con los grupos ilegales. Al optar la mayoría de los dirigentes del Mandato, con el apoyo de sectores políticos, eclesiásticos, académicos y empresariales, por buscar el cese de la violencia a través del diálogo con los ilegales, estaban obligados a producir con rapidez resultados en el cese de la violencia, lo que de hecho no sucedió, pues en vez de aplacarse, la dinámica violenta se intensificó.

 

De allí la gran desesperanza que produjeron en los colombianos los diálogos del Caguán, generando hacia finales del gobierno de Andrés Pastrana un clima de desconfianza ciudadana que superaba el 90%. Entre finales del 2002 y comienzos del 2002 entre el 88 y el 92 % de los colombianos encuestados consideraba que el país iba mal y que en el futuro la situación podía empeorar. Mientras tanto Andrés Pastrana alcanzaba cifras históricas de desaprobación de su gestión, que para octubre de 2001 alcanzaba la cifra record de un rechazo ciudadano del 74% mientras apenas un 17% de colombianos seguía confiando en su gestión.

 

§ii. La opinión pública, cansada de diálogos que no conducían a la paz tan anhelada y buscando un fortalecimiento de la autoridad del Estado, volcó sus preferencias hacia Álvaro Uribe Vélez, el candidato liberal disidente que con más ahínco había criticado los diálogos con las FARC, por no habérsele pedido al grupo guerrillero cese de hostilidades ni veeduría internacional para la zona de distensión que el gobierno había entregado a los insurgentes en el Caguán. Su propuesta de recuperación de la autoridad democrática y de fortalecimiento de los lazos entre la ciudadanía y la Fuerza Pública caló con entusiasmo en todos los sectores.

 

Aunque sus detractores pintaban escenas dantescas y proclamaban el advenimiento de una guerra total, él insistió en que la suya no era una política de guerra sino de contención de los violentos. Que expresaba el sentimiento de millones de colombianos cansados con la violencia, ofreciendo un camino para sacarnos de la impotencia y recuperar el capital colectivo de confianza. Que no impulsaba un gobierno autoritario sino la aplicación democrática de la autoridad, con el propósito indeclinable de incentivar el pluralismo y mejorar la defensa de los derechos ciudadanos. Que no se oponía al diálogo con los grupos alzados en armas, sino que buscaba hacerlo útil, orientándolo hacia un verdadero fortalecimiento de la democracia.

 

Uribe fue claro en que el diálogo con los grupos insurgentes debe tener como resultado un mutuo capital de confianza, que solo puede consolidarse si los colombianos constatan una reducción significativa en los niveles de violencia. De allí su exigencia de un cese de hostilidades, abriendo un compás de espera prudencial para la desmovilización y el desarme. Silenciadas las armas, no importa el tiempo que nos tomemos para consolidar una paz negociada, que debe complementarse con una política de reformas capaz de llevarnos del Estado Burocrático al Estado Comunitario, del autoritarismo armado al libre juego de propuestas de poder que caracteriza a la democracia. 

 

Contrasta sin embargo la transparencia de Uribe y su sincero compromiso con el pluralismo con la enconada oposición que sus propuestas despiertan en algunos sectores de la izquierda y de ONGs de Derechos Humanos. Desconfianza que nace de la firmeza con que Uribe Vélez defiende la cooperación de los ciudadanos con la Fuerza Pública en su tarea de contener a los violentos. Atrapados en viejos esquemas de las políticas de Seguridad Nacional, consideran que su postura cae en el autoritarismo, persiguiendo al disidente político cuyos derechos fundamentales pueden ser vulnerados como sucedió en algunos países del Cono Sur. Hay sin embargo una gran diferencia entre fortalecer la autoridad democrática –sujeta a reglas, respetuosa de los Derechos Humanos y con unas Fuerzas Armadas sometidas al control civil– y legitimar el autoritarismo, que en el caso colombiano ha sido encarnado básicamente por guerrilleros y paramilitares.

 

Consideré válida la propuesta de Seguridad Democrática del Álvaro Uribe Vélez, que se diferenciaba de los antiguos modelos de seguridad nacional por no perseguir al disidente político sino al actor armado que atentaba contra la democracia; por condenar el terrorismo de Estado para basarse en una defensa de los derechos humanos, y tener como objetivo el fortalecimiento del pluralismo. Resalté desde el comienzo la importancia del planteamiento de Uribe de recuperar la confianza ciudadana con la puesta en marcha de una efectiva política de seguridad, que lograra el doble efecto de legitimar las instituciones democráticas y favorecer la confianza inversionista.

 

Había sabido del entonces gobernador de Antioquia cuando, en mi condición de coordinador del Mandato por la Paz en 1997, debí tratar con sectores civiles que desde Redepaz y otras organizaciones de DDHH exigían se colocara en la papeleta del Mandato un punto para condenar de manera expresa las Convivir y de manera indirecta al gobernador Uribe. Leí con cuidado la documentación pertinente (que me envió el entonces Personero de Medellín, Rafael Rincón) y escuché muchos puntos de vista al respecto.

 

Desde entonces me di cuenta que existía un equívoco, pues a partir de la crítica justa y pertinente al decreto firmado a finales de su gobierno por César Gaviria y el Ministro de Defensa Rafael Pardo, y reglamentado por Samper a comienzos de su mandato, que permitía entregar armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas a los ciudadanos para su defensa, lo que se buscaba en realidad era condenar cualquier colaboración ciudadana con la Fuerza Pública, alegando que el DIH exigía una supuesta neutralidad de los ciudadanos frente a los grupos armados (dentro de los que se incluían la policía y el ejército), posición que me parecía inadecuada. De allí que me llamara mucho la atención la posición del Gobernador Uribe, quien durante el debate sobre el tema en la Corte Constitucional en 1997 condenó de manera expresa la legitimidad de la autodefensa colectiva, desestimando la importancia que algunos concedían al uso de las armas por parte del ciudadano, para reafirmar que su deber fundamental dentro de un Estado de Derecho era cooperar con la Fuerza Pública en la defensa de las instituciones y la lucha contra los violentos.

 

El planteamiento se había integrado como columna vertebral de su campaña presidencial: “La cooperación ciudadana con la Fuerza Pública –decía entonces– es apoyo para la eficacia y vigilancia para la transparencia. A medida que todos participemos en apoyo a la Fuerza Pública, se eliminará el sesgo antidemocrático del que solamente se exponen los pobres, reclutados como policías y soldados. En la teoría  todos somos integrantes de Estado de Derecho, luego no podemos relevarnos de la tarea de cooperar para garantizar la vida y la libertad que debe protegernos ese Estado”

 

El entonces el candidato venía insistiendo en el tema al promover el acompañamiento transparente, permanente y organizado de la ciudadanía a la Fuerza Pública, anunciando al respecto:

 

“Que las empresas de vigilancia cuiden los espacios públicos adyacentes a las edificaciones particulares y estén en permanente comunicación con centros de reacción de la Policía. Que los grupos de vigilancia  comunitaria se hagan cargo de vigilancia en actividades sociales, culturales, deportivas, para disponer así de más Fuerza Pública para las zonas de violencia. Que las redes civiles de informantes ayuden a la Fuerza Pública a evitar los retenes guerrilleros en las carreteras. Que campesinos y empresarios del campo colaboren con la Fuerza Pública, sin paramilitarismo. La cooperación debe ser fundamental en comunicaciones y transporte, no necesariamente con porte de armas. La presión civil por armas disminuirá a medida que la Fuerza Pública sea suficiente y este bien dotada. Creo que se debe agravar la pena por porte ilegal de armas y eliminar el beneficio de la excarcelación.

 

La cooperación ciudadana con la Fuerza Pública es presupuesto de eficiencia y transparencia en el servicio público de seguridad. El día que Colombia organice un millón de ciudadanos de manera transparente, en apoyo a la Fuerza Pública, no necesariamente armados, ese día empieza el fin de la guerrilla, la desmovilización de los paramilitares y la recuperación de los derechos humanos. Entre mayor sea la eficacia de la Fuerza Pública menor será la presión de los particulares por armas.”

 

Y dijo entonces muchas veces en sus discursos: “Esos mismos ciudadanos organizados para apoyar a la fuerza pública deben convertirse en promotores de paz, de convivencia y de negociación pacífica de conflictos. Todo ser que aprenda que un conflicto se puede solucionar creativa y pacíficamente, repudia la violencia¨.

 

Dentro de la esta política de seguridad ciudadana estaba prevista la posibilidad de negociación con grupos al margen de la ley. “Quiero una Colombia sin guerrilla y sin paramilitares” repitió Uribe en la campaña. Y agregaba: “La solución a nuestros problemas de seguridad no puede ser paramilitar. A diferencia de lo sucedido en Centro América y en el Cono Sur, la paz en nuestra Patria tiene que surgir de la autoridad firme y transparente y nunca de la guerra sucia. Una pacificación paramilitar es incierta. Una pacificación paramilitar o de tierra arrasada dificulta más la reconciliación interna y abre heridas adicionales ante la comunidad internacional cuya cicatrización tomaría varias generaciones”.

 

En torno al diálogo con los violentos, dijo durante su campaña presidencial en 2001 el candidato Álvaro Uribe:

 

“Para superar el conflicto necesitamos autoridad que contenga a los violentos. Sin una determinación gubernamental de enfrentar a los violentos, no habrá negociación productiva sino prolongación de la violencia. La recuperación de la autoridad actúa como elemento disuasivo de la violencia que facilita la negociación. El diálogo no puede adelantarse al precio de perder el estado el ejercicio de la autoridad y el monopolio del poder en todo el territorio nacional. Esto no quiere decir que no se busque la reconciliación. Se pueden adelantar diálogos sin abandonar la población de las zonas donde los guerrilleros se concentran con las debidas garantías, como ha sucedido con otros grupos en años anteriores.

 

En mi gobierno se hará una oferta generosa de diálogo, dentro del ejercicio del derecho y con la exigencia de resultados. La política de diálogos eficaces  y conducentes no se contradice con la Política de Seguridad Democrática adelantada por el Estado. Antes bien, se complementan, pues ambas buscan el mismo propósito: generar confianza entre los ciudadanos, legitimar nuestra democracia y fortalecer el ejercicio del pluralismo político. El diálogo sin autoridad estimula la soberanía del crimen. El Estado de Derecho no hace la guerra a sus ciudadanos, ejerce autoridad para disuadir la violencia y recuperar el imperio de la ley.

 

El diálogo no puede caer en la trampa de facilitar la toma del poder por los enemigos de la iniciativa privada y de las libertades públicas. Hay que enfrentarlos con toda determinación a fin de que pierdan la ilusión de una victoria con terror y accedan a acuerdos razonables. De la guerrilla sabemos su vieja adhesión al marxismo pero desconocemos su plataforma real de hoy y su grado de ajuste o discrepancia sobre lo que nosotros consideramos irrenunciable.

 

Debe entonces existir claridad en cuanto al temario de la negociación. Si el diálogo es consecuencia de una demostración real y veraz de voluntad de paz, debe enfocarse a discutir con la guerrilla temas importantes, como el fomento del pluralismo político  y la garantía efectiva del Estado para que pueda practicarse. Es decir, sobre la manera de consolidar las condiciones para que los grandes problemas del país se enfrenten y solucionen por la vía del debate democrático.

 

La agenda de negociación no puede cambiar las competencias del Estado de Derecho. El gobierno tiene la obligación de combatir a todos los grupos irregulares, y además, le está prohibido cogobernar con cualquiera de ellos para enfrentar a los demás.

 

Solo se puede dialogar con generosidad y tolerancia, una vez que haya absoluta claridad sobre el tema principal que se debe abordar: fortalecimiento de la democracia y puesta en marcha de mecanismos que permitan un adecuado respeto al pluralismo político. De allí que no tenga sentido discutir nuestra Agenda de Gobierno con los violentos y alzados en armas, no modificar por capricho el orden jurídico bajo la presión de las armas, desconociéndose la autonomía de la ciudadanía y del gobierno legítimamente constituido para sacar adelante su propuesta de nación. No se trata de controvertir con organizaciones al margen de la ley los propósitos que libremente los ciudadanos y el gobierno han formulado.

 

En la historia de Colombia ha intervenido un falso civilismo que ha negado la seguridad y ha abandonado los ciudadanos a la suerte de los poderes irregulares. La seguridad es orden y como lo predica nuestro escudo sin orden no hay libertad. La seguridad es valor fundante de las libertades democráticas. Sin seguridad no hay libertad de empresa para el empresario, ni de trabajo para el trabajador ni de prensa u opinión para el periodista. La seguridad es una fuente de recursos para erradicar la pobreza y construir equidad.

 

La paz necesita el diálogo, pero los violentos no toman el diálogo en serio sino cuando los enfrenta un gobierno con autoridad, con medios, con voluntad política de derrotarlos. El proceso de paz de Irlanda del Norte nació de la voluntad de la Sra. Thatcher de derrotar el ala más terrorista de la guerrilla.”

 

Discurso que le permitió a Uribe ganar las elecciones presidenciales en el 2002.

 

3. Un nuevo enfoque en política de paz

 

§i. A partir del abrumador mandato recibido en las elecciones del 26 de mayo de 2002, que pedía el fortalecimiento de la autoridad democrática como camino para enfrentar nuestra situación de violencia interna, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez modificó de manera sustantiva lo que hasta entonces había sido la política de paz, que se presentó en adelante como una política afín a la seguridad democrática y coherente con el sentimiento ciudadano que se había expresado en las urnas.

 

Desde el inicio de la administración hicimos grandes esfuerzos por dejar abiertas las puertas para una negociación con los grupos armados ilegales que decidieran participar en la vida democrática. Una salida negociada le permitía al país superar con mayor rapidez la crisis humanitaria, garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los colombianos, incrementar el pluralismo político, y afirmar los valores democráticos en lo local y lo regional.

 

La Política de Seguridad Democrática fue diseñada para fortalecer la autoridad democrática frente al poder de los violentos, garantizando en todo el territorio nacional el imperio de la ley y la colaboración activa de los ciudadanos con la fuerza pública. Se partía de un supuesto fundamental: si el Estado de Derecho rige plenamente, los derechos y libertades del ciudadano estarán protegidos. Y en la medida en que el ciudadano se sienta protegido, se fortalecerá la participación ciudadana y la será sostenible una política de seguridad.

 

La política de seguridad democrática puesta en marcha por el Presidente Álvaro Uribe Vélez estuvo orientada a consolidar el control territorial por parte de la Fuerza Pública y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Así lo había hecho saber desde su campaña: “Más y mejor Fuerza Pública es un elemento necesario para que la autoridad institucional del estado de Derecho defienda a los colombianos frente a los poderes irregulares, derrotar la impunidad, y otros delitos de impacto social. Solamente si la política de orden público contiene el crimen, éste se irá reduciendo a niveles que permitan la eficacia y la justicia. El fortalecimiento de  la Fuerza Pública mantendrá  la línea de incrementar su adhesión a los derechos humanos, como garantía de eficacia y transparencia en el orden público”2.

 

Dicha política fue complementada con una política de paz, que tuvo diferencias sustantivas con la de gobiernos anteriores. Desde su campaña Álvaro Uribe hizo un planteamiento innovador y para su momento heterodoxo. Afirmó que estaba dispuesto a conversar con los miembros de todos los grupos armados ilegales, fueran guerrilleros o paramilitares, siempre y cuando se comprometieran a cesar en sus acciones violentas. Sin reconocerles legitimidad a unos ni a otros, abría por igual una salida pragmática con ambos.

 

Desde el primer momento tuvimos claro con el Presidente Uribe que no apostábamos a una guerra de exterminio. Para dejar atrás las ideologías de seguridad nacional, que en el combate del enemigo interior se permitieron a finales del siglo pasado en América Latina la violación de los derechos humanos fomentando un terrorismo de Estado, nuestra política de seguridad fue calificada desde sus comienzos como democrática. A diferencia de la seguridad nacional, la seguridad democrática no se propone perseguir al disidente político, ni justifica la ruptura institucional para enfrentar la amenaza terrorista. Los propósitos de la seguridad democrática se inscriben dentro de la defensa de los derechos humanos y el fomento del pluralismo, incluyendo dentro de sus métodos las alternativas dialogadas con aquellos grupos armados ilegales que muestran un real interés en alcanzar la paz y la reconciliación.

 

Aunque calificamos a los grupos armados ilegales como terroristas, pues no de otra manera se puede llamar a quienes con las armas y el uso del terror atentan contra una tradición e instituciones democráticas que expresan la opinión mayoritaria de la nación, nuestra postura frente al terrorismo no fue fundamentalista. A diferencia de quienes consideran que con los terroristas sólo cabe capturarlos o darlos de baja, creímos posible una tercera vía, la del diálogo, siempre y cuando aquellos que recurren al terror muestren una voluntad de abandonar el uso de las armas y reintegrarse al seno de la democracia.

 

§ii. Álvaro Uribe integró seguridad y paz en un solo propósito. No como dicotomía “garrote” o “zanahoria”, sino como el propósito de avanzar en el control territorial por parte del Estado, desmontar las organizaciones armadas ilegales y recuperar la institucionalidad democrática. Una política de seguridad a través del uso legítimo de la fuerza, complementada con una política de paz a través de la persuasión para que los violentos abandonaran las armas y se reintegraran a la civilidad.

 

A fin de avanzar en este camino, varios dogmas debieron ser disueltos. El primero, sobre la existencia de un “conflicto político, social y armado” que las anteriores administraciones habían reconocido, mermando la legitimidad del Estado. Bajo la nueva perspectiva se habló de amenaza terrorista a las instituciones democráticas, pues son terroristas quienes asesinan a civiles inocentes y secuestran e intimidan a las autoridades legítimamente establecidas. Con los terroristas se habla, pero bajo la condición de abandonar la violencia y mostrarse dispuestos a reconocer la vigencia de la Constitución y la ley común.

 

La segunda falacia que fue necesario destruir, era que se podía hablar con los terroristas de izquierda más no con los terroristas de derecha. Mientras los representantes del gobierno se enfrascaban en interminables y estériles diálogos con las cúpulas guerrilleras, los grupos paramilitares o de autodefensas se extendían por todo el país sin que el gobierno pudiera contenerlos. Y una cosa estimulaba a la otra. Los diálogos ineficaces con la guerrilla que generaban más violencia, estimulaban que los ciudadanos apoyaran a los grupos armados de derecha que ofrecían seguridad ilegal allí donde el Estado había dimitido. Durante el gobierno de Álvaro Uribe invertimos la ecuación. Ante la negativa de los grupos guerrilleros para avanzar en un diálogo serio, nos concentramos en el desmonte de los grupos paramilitares, que con su accionar herían de muerte la legitimidad del Estado. Por esta vía abrimos espacio a un proceso de desarme con justicia y reparación, a diferencia de los procesos de paz con impunidad de los años anteriores.

 

§iii. La salida dialogada siempre hizo parte estructural de la política de seguridad democrática. Tuvimos claro que era necesario superar una dicotomía simplista entre paz o guerra, pues sólo un gobierno fuerte, decidido a recuperar la autoridad y repeler a los violentos, tiene la capacidad de adelantar con los grupos armados ilegales un diálogo útil que conduzca al desmonte de sus estructuras y su reincorporación a la civilidad.

 

No tuve por eso problema en mantener abiertos los caminos del diálogo mientras llamábamos a los ilegales terroristas. No entré en las peripecias del gobierno Pastrana para defender internacionalmente que las FARC no eran narcotraficantes, mientras conversaba con ellos en el Caguán. Así como las afirmaciones de la cruz Roja Internacional sobre la aplicación del DIH a la situación de violencia interna que vive Colombia no tienen consecuencia alguna sobre la calificación política del Estado ni de los terroristas que lo atacan, así tampoco nuestra negativa a aceptar la existencia del un conflicto armado interno o guerra civil que divide la nación pretendía tener ninguna consecuencia jurídica adversa sobre la validez de las normas humanitarias. Se trataba de dos lenguajes diferentes, complementarios más no excluyentes.

 

Nuestra afirmación sobre la inexistencia del conflicto armado es política. La de la Cruz Roja reconociéndolo es jurídica y humanitaria. Y así como nosotros nos cuidamos de no cambiar ni un ápice el habeas jurídico nacional e internacional que obliga a respetar el DIH, la Cruz Roja se cuida de no sacar ninguna conclusión política de sus afirmaciones. Cosa diferente sucede con activistas colombianos que pasan sin cuidado del campo jurídico al político, extrapolando del cuerpo normativo del DIH conclusiones que ponen en cuestión la legitimidad de la democracia colombiana.

 

Bajo estos postulados, durante el gobierno del presidente Uribe se cambió de paradigma en política de paz. Se modificó la ley de Orden Público (ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por la ley 782 de 2002) para facilitar la desmovilización individual de guerrilleros –pues hasta ese momento solo se favorecían las desmovilizaciones colectivas autorizadas por sus comandantes– y para adelantar diálogos con grupos paramilitares. Se dio capital importancia a las negociaciones con los grupos de autodefensas, que habían crecido de manera desorbitada durante los gobiernos anteriores, negociaciones que generaban temor por la decisión de las guerrillas de vetar como eventual interlocutor a quienes adelantaran diálogos con dichas estructuras. Se impulsó la ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005) que descarta el indulto y la amnistía para delitos atroces, como había sido usual en la historia de Colombia, adentrándonos en una dinámica de verdad, justicia y reparación compatible con el avance en procesos de paz. Se articuló de manera estrecha la política de paz con la política de seguridad, definiendo para ambas el mismo objetivo: avanzar en el control territorial por parte de la institucionalidad democrática y disminuir los índices de violencia en el país. Y se definieron parámetros para la negociación con grupos guerrilleros, exigiendo cese de hostilidades con verificación y zona de encuentro con reglas de juego claras y acompañamiento internacional, dejando atrás la posibilidad de un cese al fuego o de hostilidades que fuera utilizado por los ilegales para fortalecerse militarmente, o de un despeje territorial por parte de la Fuerza Pública que pudiera ser aprovechado por la guerrilla para consolidar su dominio en el territorio despejado. 

 

§iv. Las diferencias más notorias en política de paz en relación con anteriores gobiernos, fueron las siguientes:

 

a) En primer lugar, se partió de considerar a todos los grupos armados ilegales como terroristas, sin ninguna legitimidad política, lo que no fue obstáculo para dialogar con ellos y buscar una salida negociada si estaban dispuestos a abandonar la violencia. Esto llevó a modificar la ley vigente en Colombia que obligaba al Gobierno a dar reconocimiento político al grupo guerrillero con el que se iniciaban diálogos. La antigua Ley 418 de 1997 fue modificada en este punto, estableciéndose en el artículo 3° de la ley 782 de 2002 prorrogada por la ley 1106 de 2006, que el Gobierno Nacional puede adelantar diálogos y celebrar acuerdos para el logro de la paz con miembros de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (según la definición del art.1° del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra), sin necesidad de darles previo reconocimiento político. En otras palabras, el Ejecutivo puede adelantar interlocución política con sus miembros representantes o voceros sin tener que dar reconocimiento político expreso a la organización armada ilegal.

           

b) En segundo lugar,  no se hace diferencia entre guerrilleros y paramilitares, modificando así el anterior punto de vista que favorecía el diálogo con los grupos guerrilleros por considerar que tenían un proyecto político, pero lo impedía con los paramilitares, por considerar que para éstos solo quedaba el camino del sometimiento a la justicia o la reducción por la vía militar. Dentro del concepto de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley se incluye tanto a los grupos guerrilleros como de autodefensas, tal como lo establece de manera expresa  el inciso 2° del artículo 1° de la Ley 975 de 2005. De esta manera se abrió la puerta para un proceso de paz con los grupos de autodefensas, que habían crecido al punto de superar en número a las guerrillas, interponiéndose con su accionar en cualquier intento de diálogo con éstas mientras cooptaban al Estado a nivel regional y municipal.

 

c) En tercer lugar, se puso en marcha una legislación especial de paz basada en los principios de verdad, justicia y reparación, para que los responsables de delitos atroces, en vez de recibir amnistía o indultos, respondieran ante los jueces y pagaran una pena privativa de la libertad reducida con la condición de contar la verdad sobre sus actuaciones y reparar a las víctimas. La Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, sancionada el 25 de julio de 2005, dejó atrás los procesos de paz que terminaban con perdón y olvido, para instaurar nuevos requerimientos de justicia compatibles con las exigencias nacidas de la puesta en marcha de la Corte Penal Internacional o la llamada jurisdicción universal. Aplicada inicialmente a los grupos paramilitares, dicha ley ha establecido el estándar con el cual deben juzgarse también los miembros de grupos guerrilleros que participen en procesos de diálogo.

 

d) En cuarto lugar cabe destacar el impulso a la desmovilización individual de miembros de grupos armados ilegales, que hasta el inicio de la primera administración del Presidente Uribe no era prioritaria para los distintos gobiernos, pues preferían los intentos por lograr una negociación colectiva con los jefes de las organizaciones ilegales a la cabeza, dejando en segundo plano el estímulo a la deserción y la delación. Durante la administración del Presidente Uribe se desmovilizado individualmente alrededor de 17000 guerrilleros, la mayoría de ellos miembros de las FARC. Es decir, el triple del total de guerrilleros que se desmovilizaron durante la décadas de los noventas en procesos de paz con el M-19, el EPL, la Corriente de Renovación Socialista y otros grupos menores.

 

e) En quinto lugar, desde la primera administración de Álvaro Uribe se puso en marcha una política dentro de las cárceles colombianas, en las que mantenían las FARC control sobre los presos de su organización y sus familias, ilusionándolos con la posibilidad de un canje de secuestrados por guerrilleros presos. Entre 2004 y 2007 se concedieron los beneficios del indulto o cesación de procedimiento a cerca de 150 miembros de de ese grupo guerrillero procesados o condenados por el delito de rebelión, quienes se incorporaron con sus familias al programa de reinserción a la vida civil. A mediados de la segunda administración del presidente Uribe, el gobierno expidió un decreto reglamentario a fin de permitir que miembros de las FARC y el ELN que estaban en las cárceles pudieran acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

 

III.4. De la negociación a la gracia

 

El Presidente mostró voluntad de buscar la paz con todos los actores armados. No hubo diferencia en el tratamiento que se le debía dar a la guerrilla y a las autodefensas, pero sí límites: la ley, la Constitución Política Nacional y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia. En relación con las guerrillas, desde el momento de su posesión el Presidente Uribe dejó abierta la posibilidad de buscar un camino dialogado para lograr la libertad de las personas que padecían en Colombia el flagelo del secuestro. El 26 de mayo de 2002, al momento de recibir de los colombianos un claro mandato de recuperación de la autoridad, anunció en su discurso como presidente electo que tomaba la iniciativa de solicitar una mediación de Naciones Unidas para conversaciones de paz con las FARC, proceso que debía estar precedido de un cese de hostilidades por parte de ese grupo guerrillero. Así lo reiteró días después en Nueva York, ante el Secretario General de Naciones Unidas, quien sugirió que en vez de mediación se hablara de gestión de buenos oficios.

 

Aunque al comienzo se ligó la posibilidad de un acuerdo humanitario al inicio de un proceso de paz, por sugerencia de dirigentes nacionales y familiares de los secuestrados, durante su visita a la sede de Naciones Unidas en Nueva York entre el 24 y el 26 de septiembre de 2002, tomó Uribe la decisión de diferenciar los dos escenarios. Mes y medio después de su posesión había accedido a separar el acuerdo humanitario de un proceso de paz, retirando en consecuencia la exigencia de un cese de hostilidades para avanzar en un mecanismo que permitiera la liberación de los secuestrados. Así como habían desconocido la propuesta inicial, las FARC tampoco aceptaron esta propuesta.

 

Esto no fue obstáculo para que el Presidente Uribe en persona siguiera comprometido en la búsqueda de una alternativa humanitaria para las personas secuestradas. Atento a las quejas de los familiares de los secuestrados, se reunió varias veces con ellos, tanto de manera colectiva como individual. Constatando de manera directa su preocupación y dolor, en todas estas reuniones insistió el Presidente en la necesidad de encontrar un mecanismo razonable para lograr la libertad de las personas secuestradas. En todo momento se mostró el gobierno dispuesto a lograr un acuerdo humanitario que permitiera su liberación, siempre y cuando se adelantara bajo el marco jurídico vigente y cumpliendo con dos condiciones razonables: sin despejes militares y con el compromiso de los guerrilleros liberados de no retomar las armas ni volver a delinquir. Sin embargo, tanto las iniciativas para establecer un canal directo con las FARC, como los esfuerzos por concretar un acuerdo humanitario, resultaron inútiles.

 

De manera paralela hicimos grandes esfuerzos para iniciar un proceso de paz con el ELN. El gobierno le hizo saber a los jefes de esa organización guerrillera que puesto en marcha un cese de hostilidades con reciprocidad gubernamental, estábamos dispuestos a convocar la “Convención Nacional” que ellos habían tenido como bandera. Fue tal la importancia que se le concedió a la posibilidad de entablar diálogos fructíferos con esta guerrilla, que una vez designado Alto Comisionado para la Paz por el presidente Uribe y antes de posesionarme, recibí una carpeta con documentos aportados por antiguos facilitadores de paz con ese grupo guerrillero, indicándome que existía la posibilidad de retomar con éxito los diálogos con el ELN en Cuba que habían sido suspendidos al final de la administración de Andrés Pastrana.

 

Así se lo habían hecho saber al nuevo mandatario tanto la comisión facilitadora de paz Antioquia –de lo que hacía parte Jaime Jaramillo Panesso–, como la comisión facilitadora civil para un proceso con el ELN –con miembros destacados como Jaime Bernal Cuellar y María Ema Mejía–. Realizamos por eso algunas reuniones con el vicepresidente electo Francisco Santos para preparar mi viaje a Cuba, tarea en la que nos ayudó el futuro Director de Derechos Humanos del gobierno, Carlos Franco.      

 

Ocho días después de posesionado el Presidente Uribe, viajé a Cuba el 16 de agosto de 2002 en mi condición de Alto Comisionado para la Paz, para adelantar una primera ronda de conversaciones con el ELN que se extendió hasta diciembre de ese año. Desde entonces quedó planteada la posibilidad de un proceso de paz en dos fases: una primera que iniciaba con un cese de hostilidades y una segunda fase, que permitía la convocatoria de una Convención Nacional, exigencia planteada por el ELN desde 1997.

 

Las conversaciones con el ELN tuvieron muchos altibajos, incluido el ingreso de México como país facilitador en mayo de 2004 y su retiro por un veto impuesto por el ELN en abril de 2005. A finales de 2005 se inició en Cuba la llamada Fase Formal Exploratoria, que se extendió hasta el año 2007, quedando sobre la mesa un texto de Acuerdo Base listo para la firma de las partes. El escollo que impidió avanzar fue la negativa del ELN para aceptar una adecuada verificación del cese de acciones violentas por parte de sus miembros. Decisión congruente con la que habían tomado en el IV Congreso, reunido a mediados del 2006, en el que se prohibió a los negociadores tratar con el gobierno temas relacionados con el desarme, la desmovilización o el desmonte de su estructura clandestina. Quedaba claro al final del proceso que el ELN se negaba a dejar de lado la lucha armada, persistiendo en su punto de vista de combinar las distintas formas de lucha, lo cual hacía imposible avanzar hacia una paz definitiva.

 

Aunque la prioridad al iniciarse el primer gobierno de Álvaro Uribe era adelantar un proceso de paz con el ELN –grupo con el que sostuvimos cuatro reuniones en Cuba durante el año 2002–, al terminar ese año la realidad era otra: estaba bloqueada la posibilidad de avanzar en un proceso de paz con esa guerrilla y abiertas las puertas para avanzar con las autodefensas. Las autodefensas decidieron aprovechar de manera pragmática la oportunidad de diálogo que abrió el gobierno de Álvaro Uribe con todos los grupos ilegales, pues hasta entonces la puerta para ellos había estado cerrada. Entendieron que la política de seguridad democrática les quitaba la bandera que justificaba su existencia por la falta de lucha estatal contra las guerrillas. Pero también, que la fuerza del Estado se descargaría sobre ellos con la anuencia de la comunidad internacional, como lo demuestran las estadísticas que dan cuenta del mayor operativo militar contra estos grupos en la historia del país de manera simultánea con el proceso de diálogo que se adelantó con ellos.

 

Partiendo del lugar común de considerar que los problemas de violencia que vivimos tendrán al final una “salida negociada”, como Alto Comisionado para la Paz le aposté a pasar de la negociación a la gracia3. Entendí que el quid del asunto no estaba en si se negociaba o no, sino en que o cómo se negociaba. Durante años se había llamado “negociación política” al intento de discutir la agenda sustancial de la nación con grupos al margen de la ley, que por tal motivo adquirían el carácter de “actores políticos”, buscando de esta forma que los crímenes cometidos para cumplir sus propósitos “altruistas” fueran perdonados.

 

A todas luces, esto no era posible en la Colombia contemporánea. La agenda sustancial de la nación no podía ser tratada con grupos armados minoritarios, a espaldas de la mayoría de la población. Los cambios de fondo en el régimen constitucional y legal solo podían hacerse a través de los mecanismos propios de la democracia. Mal mensaje enviaríamos a los ciudadanos si cambiábamos sin su consentimiento las reglas de juego válidas para todos, atendiendo a los intereses de una minoría armada. No podíamos pasar por alto la opinión de quienes se habían mantenido bajo la ley, cumpliendo cabalmente con las obligaciones estatales.

 

Tanto para el caso de los diálogos con las autodefensas, como el inicio de un proceso de paz con el ELN o la concreción de un acuerdo humanitario con las FARC, propuse dejar atrás el viejo modelo que consiste en intercambiar poder de intimidación armada por poder civil, para ingresar a otro modelo en el que la paz se construye por actos de buena voluntad, regalos mutuos que tanto el gobierno como los ilegales hacen a los ciudadanos desarmados para fortalecer la sociedad democrática y afianzar la convivencia. Mutua donación en vez de trueque cicatero, que podíamos entender como el paso de la negociación a la gracia.

 

La sorpresa de algunos por la negativa del Gobierno para convertir la Ley de Justicia y Paz en tema de negociación de la mesa de Santa Fe Ralito, o la insistencia de otros para que nos sentáramos a negociar con la guerrilla un “canje” de guerrilleros presos por ciudadanos secuestrados sin ninguna exigencia a los insurgentes liberados, poniéndonos así por debajo de las exigencias internacionales en cuanto al cumplimiento del mínimo humanitario, eran muestra de la confusión que persistía en torno a lo que debe negociarse o no. La negociación no puede entenderse como la forma de convertir un capital de chantaje, extorsión y muerte, en un nuevo poder civil, o peor aún, en un incremento de la capacidad de intimidación de los grupos terroristas.

 

La negociación con los grupos armados ilegales debe estar orientada, en esencia, a brindar condiciones para su ingreso a la vida civil, de tal manera que sus miembros puedan defender sus ideas en el seno de la democracia sin ningún tipo de restricciones. Esto no quiere decir que se suspenda la aplicación de la justicia por los crímenes cometidos. Cabe para ellos la aplicación del indulto en los casos de personas que no son responsables de delitos graves o atroces, pero se necesita de un mecanismo de justicia alternativa para los responsables de delitos no indultables que contribuyan de manera eficaz con la consecución de la paz nacional. A fin de avanzar en el proceso, era sin embargo necesario en todos los casos que los grupos ilegales mostraran su buena voluntad que sería retribuida de manera recíproca por parte del gobierno.


Un gesto de buena voluntad de las autodefensas fue la declaratoria de un cese de hostilidades y el anuncio de la desmovilización de sus miembros, entregando su mortífero arsenal de guerra. El gesto de buena voluntad del gobierno consistió en el otorgamiento a algunos de sus jefes de la condición de miembros representantes –en términos de la ley 782 de 2002– y la puesta en marcha de una zona especial, donde los jefes de las autodefensas sentados en la mesa de diálogo permanecieron bajo control del Estado sin ser capturados. Fueron también gestos de buena voluntad del Estado la reincorporación a la civilidad de los desmovilizados, con ayudas diversas canalizadas a través del programa de reincorporación; y la puesta en marcha por parte del Congreso de la ley de Justicia y Paz, que permitió conceder beneficios judiciales a responsables de delitos no indultables que se hubieran desmovilizado. Gestos de paz del gobierno que debían ser refrendados a su vez con la culminación del proceso de desmovilización y el desmonte total de los grupos de autodefensa.


El acuerdo humanitario con las FARC no lo entendí nunca como una mesa de negociación sobre secuestrados sino como un acuerdo de voluntades: de la buena voluntad del gobierno y la buena voluntad de la guerrilla. El gobierno liberaba a guerrilleros que estaba en las cárceles por el delito de rebelión, quienes se comprometían a no volver a delinquir. La guerrilla por su parte liberaba a los secuestrados en su poder, enviando al mundo un mensaje de humanidad que todos reclamaban. Igual acontecía con el ELN: se pidió a ese grupo que cesara sus acciones violentas y en reciprocidad cesaba el gobierno los ataques militares contra ellos, abriendo la posibilidad para una Convención Nacional que consolidara el proceso de paz a través de una dinámica participativa.

 

Sólo respondieron a la propuesta del gobierno los otrora poderosos grupos paramilitares, que se desmovilizaron y entregaron sus armas gracias a un proceso de paz que devolvió a la Fuerza Pública y a la institucionalidad democrática su legitimidad, gravemente afectadas por su accionar. El 15 de julio de 2003 firmamos con los jefes de las autodefensas un acuerdo marco que se fue cumpliendo paso a paso, en medio de crisis y dificultades. En dicho acuerdo se establecía el 31 de diciembre de 2005 como fecha máxima para la desmovilización de dicho grupos. Fue imposible cumplir ese objetivo. Las desmovilizaciones colectivas por parte de los jefes de autodefensas continuaron hasta agosto del 2006, después de lo cual entramos en la fase judicial del proceso.

 

No faltaron las dificultades logísticas. Alrededor de 36.000 miembros de las autodefensas dejaron las armas, sumando tanto aquellos que lo hicieron de manera individual, como los que abandonaron la organización en las ceremonias colectivas y los mil menores desvinculados. Algunos críticos creyeron que bastaba reunirme con los ilegales para tomarnos una foto el día de entrega de armas. Pero se trató de un trabajo arduo, que requería identificación plena de quienes se iban a desmovilizar, indagación sobre sus antecedentes judiciales, capacitación sobre la nueva vida que emprendían, definición del sitio de retorno y traslado en condiciones de seguridad, coordinación con autoridades civiles y militares, reuniones con los pobladores de la zona donde el grupo armado ilegal venía operando, medidas de seguridad en el área donde se producía la desmovilización, verificación de armamento, y muchas otras tareas propias de un proceso de sensibilización, concentración y desmovilización de un grupo ilegal que volvía a la civilidad4.

 

En cada desmovilización se comprometían de manera directa al menos 250 funcionarios entre miembros de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, miembros de la Fuerza Pública, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fiscalía, el DAS, el Programa de Reincorporación a la Vida Civil de Ministerio del Interior y el SENA, para mencionar sólo algunos de ellos. Trabajando intensamente, era casi imposible realizar más de dos o tres desmovilizaciones por mes, aunque en ocasiones, y de manera excepcional, superamos ese promedio.

 

La población desmovilizada presentaba marcadas ansiedades en el proceso inicial de desarme y reincorporación a la civilidad, problemas que abordamos desde el momento de identificación y concentración en las zonas de ubicación destinadas para tal fin. Un equipo de atención psicosocial trabajaba en un ritual de paso, que incluía quemar su antiguo “alias” mientras recibían capacitación en valores ciudadanos, labor en la que nos apoyó la policía, pues resultaba capital su acercamiento con la autoridad uniformada que representaba a las instituciones democráticas. A través de talleres se les preparó para su regreso al seno de la familia.

 

Encontramos en general un gran deseo de los desmovilizados por reorientar sus vidas dentro de la civilidad. Pero no conocían a cabalidad las mediaciones propias de la institucionalidad democrática. Tenían pobre capacidad de espera. Como venían de un modelo autoritario de paternalismo armado, no estaban preparados para los conflictos de la convivencia. Aunque detectamos en algunos casos rasgos de personalidad que dificultaban su adaptación social, el porcentaje de desmovilizados con trastornos psiquiátricos que ameritaban tratamiento especializado no fue muy alto, equiparándose al de la población general.

 

Tal como se lo dije en una ocasión a Luis Moreno, Fiscal de la Corte Penal Internacional que me preguntó al respecto, la desmovilización de las autodefensas fue posible por la confluencia de varios factores: i) que el gobierno del presidente Uribe impulsara una política de seguridad firme, dejándolos sin discurso y argumentos en cuanto a la indiferencia del Estado para defender a los ciudadanos de los abusos de la guerrilla; ii) las luchas entre ellos que habían generado guerras intestinas que ponían en peligro la vida de los jefes, lo que los motivaba a lograr un acuerdo rápido con el Gobierno; iii) el pobre acompañamiento de la comunidad internacional –excepción hecha de la Misión de la OEA y la muy discreta presencia de la OIM–, pues a diferencia de lo que sucede en procesos de paz con las guerrillas en los que el generoso acompañamiento internacional estimula a dilatar los diálogos, en este caso, su ausencia motivó para un desenlace rápido; iv) el creciente asedio de las autoridades, que propinaban golpes a sus estructuras; v) y la creciente convicción que tenían los jefes de que debían lograr un pacto de paz con el gobierno del Presidente Uribe, pues de no ser así, ningún otro Gobierno estaría dispuesto a pagar el alto costo político que significaba dialogar con ellos.

 

Treinta y cinco estructuras históricas de las autodefensas se desmovilizaron y sus jefes pasaron a centros carcelarios, respondiendo ante las autoridades judiciales dentro de los procesos de justicia y paz. Miles de crímenes se han esclarecido y gracias a la información suministrada por los desmovilizados se han encontrados cientos de cadáveres. La totalidad de los 31.671 desmovilizados colectivos y los 3.500 desmovilizados individuales de las autodefensas fueron plenamente identificados y rindieron versión libre sobre su pertenencia al grupo, información que sirvió de base para el inicio de la actuación de los fiscales de Justicia y paz. Después de identificadas y ser sometidas a pruebas balísticas con el propósito de ayudar en investigaciones judiciales, las 18.052 armas entregadas en las desmovilizaciones colectivas fueron destruidas en su totalidad, así como las 9.000 granadas y los 2 millones y medio de proyectiles entregados por los ilegales.

 

En algunas zonas de desmovilización relacionadas con cultivos ilícitos, aparecieron después de la desmovilización bandas criminales emergentes para tomar el control del negocio del narcotráfico que antes era manejado por las autodefensas. Aunque estas bandas han sido confrontadas por la Fuerza Pública, dando de baja o capturando a varios de sus jefes, han mostrado capacidad de reproducción en la medida en que subsiste la dinámica comercial ilícita. Sin embargo, ya no se trata de grupos paramilitares o de autodefensas pues no combaten a la guerrilla, sino de grupos dedicados al narcotráfico que se alían incluso con la guerrilla para optimizar su negocio ilícito, alcanzando sin embargo en ocasiones control social sobre poblaciones marginadas vinculadas a los cultivos y procesamiento de la hoja de coca.

 

La desmovilización de los grupos paramilitares permitió legitimar nuestras instituciones democráticas y recuperar el monopolio de la fuerza y la justicia en manos del Estado. Amplias zonas del país, que habían caído en la locura cultural de apoyar aparatos de seguridad ilegal para enfrentar la acción de las guerrillas, recuperaron su confianza en el Estado y en la acción de la Fuerza Pública. La lógica cerrada de una organización que imponía a sus miembros la lógica mafiosas de considerar al “sapo” o “delator” como un ser despreciable, se transformó en apetito de sus miembros por confesar la verdad, giro dado gracias a la ley de justicia y paz y el compromiso de los jefes paramilitares de contar y aceptar sus crímenes ante la justicia. Este apetito por la verdad facilitó las denuncias de miles de víctimas, a tal punto que al dejar mi cargo de Alto Comisionado para la Paz en marzo de 2009, cerca de 130.000 de ellas se habían acercado ante las autoridades para romper su silencio. Y arrastró también a cientos de guerrilleros que desde las cárceles pidieron se les permitiera someterse a la ley y dar testimonio de su renuncia a la violencia, colaborando con el esclarecimiento de hechos criminales en los que habían participado o de los que tenían conocimiento.

Luis Carlos Restrepo Ramírez

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