El poder ha encontrado otro blanco de ensañamiento y el mareo de su éxito hoy le hace perder nuevamente proporciones. Todo exceso cobra facturas y la historia, tarde o temprano, llegará para cobrárnoslas. Cléver Jiménez será para Rafael Correa el retrato de su contrario; el adversario que no pudo vencer, el argumento que no pudo desvirtuar, la denuncia que no pudo desmentir. No hay peor error para poder arbitrario que escoger mal a sus víctimas. Le ocurrió ya con el coronel César Carrión.

La integridad y la valentía de él y de su familia dejaron desnudas las miserias del poder. Durante su juicio, con parquedad y firmeza los Carrión deshojaron las mentiras oficiales; las arrinconaron al ridículo y a la vergüenza. Por eso hoy hablan de un nuevo proceso judicial en su contra. Por eso hoy no cesan en su obsesión de llevarlo a la cárcel. Su libertad, integridad y decencia son cicatrices en la mirada del monstruo. Es muy sencillo: si Carrión probó su inocencia en un juicio sujeto a todas las presiones, entonces, ¿quién mintió, quién manipuló los hechos para justificarse? A Jiménez lo conocí cercanamente cuando ejercí las funciones de asambleísta en el período anterior.

Me impresionó su naturaleza paradójica: pequeño de cuerpo pero gigante en espíritu de lucha; con voz fina pero con estruendosos argumentos; de una fragilidad corporal evidente pero dotado de un porte con una fuerza que asusta. Pero Jiménez tiene un problema. No sabe callar cuando algo le oprime y le molesta. Lo tildan de denunciólogo por eso; le increpan que su quehacer legislativo ha tenido un énfasis mucho mayor en la fiscalización que en la legislación. ¿Pero qué hace un legislador decente cuando llega a él una denuncia de corrupción probada; cuál es el mandato que está obligado a seguir? ¿Aún más, qué debe hacer con la información que tiene si es parte de una Asamblea que renunció a la fiscalización, y ha transformado a la comisión correspondiente en una comisión de complicidad y archivo? ¿Debe guardársela para que la hereden sus hijos; debe sumarse al silencio oficial? Lo que Jiménez ha hecho sistemáticamente es el único camino probo en estos casos: denunciarla a la opinión pública y ponerla en conocimiento de la Fiscalía.

Que ese no es estrictamente el trabajo de un asambleísta; que aquello abona la tendencia a judicializar la política; que el quehacer parlamentario debe trascender el show mediático, son quizá argumentos con algún asidero cuando existe una función legislativa que hace control político, pero no en las actuales circunstancias en las que por ética, por consecuencia con la representación recibida, los asambleístas tienen la obligación moral de al menos hacer pública la corrupción que el poder quiere ocultar. Cuando todo esto pase, cuando la Revolución Ciudadana no sea más que un mal recuerdo con buenas carreteras, estoy seguro que la memoria histórica no destacará al poder y sus miserias, sino que recordará las historias de integridad de quienes supieron enfrentarlo.