Colombia, la democracia al 13%

El congreso de Colombia aprobó recientemente las condiciones para que la ciudadanía refrende o no los hipotéticos acuerdos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo narcoterrorista de las FARC, que se pudiesen alcanzar en La Habana.

Dichas condiciones serían principalmente las siguientes.

Una; que dicha consulta popular adoptará la forma de plebiscito, que se convocaría para los meses de mayo o junio del año entrante tras la hipotética firma de los acuerdos prevista por Santos para antes del 23 de marzo. Dos; que dicho plebiscito se celebrará en un solo día y que la pregunta sería maquiavélicamente cerrada y direccionada, algo asi como ¿está usted de Acuerdo con la Paz en Colombia?, imposible de decir que No; Tres; que solo treinta días antes de la fecha del plebiscito se conocería el texto íntegro de lo pactado en La Habana. Cuarto y más sorprendente, que sería suficiente para conseguir una legitimidad formal, que exista una participación plebiscitaria favorable a dicho proceso de tan sólo el 13% del censo electoral, alrededor de 4,4 millones de votantes frente a los casi 34 millones que lo conforman, muy por debajo del 50% del umbral previsto en la Constitución de 1991 para dichas consultas plebiscitarias. Ello supone en la práctica un hecho sin precedentes en las naciones occidentales, que acerca a Colombia más al régimen chavista de Venezuela, acostumbrado a fijar medidas ad hoc que beneficien sus intereses políticos y electorales que a las tradicionales democracias liberales.

«Las encuestras publican que casi el 80% de la población está en contra de la impunidad a los dirigentes de la guerrilla»

No hay duda alguna que el actual presidente colombiano y su Unidad Nacional son conscientes de que su Proceso de Paz tiene muchos detractores no solo del uribismo sino también de amplísimos sectores de la población civil. No hay que pasar por alto que las encuestas publican que casi el 80% de la población está en contra de la impunidad y participación política de los dirigentes de las FARC, precisamente los nudos gordianos de los Acuerdos y cuando en materia de narcotráfico se cree que las FARC no solamente no han abandonado o dismunuido la intensidad de dicho negocio sino que directa o indirectamente han logrado que Colombia vuelva a encabezar en el 2014 el triste ranking de país mayor productor y comercializador de cocaína, según ha expuesto hace unos días el prestigioso medio The Washington Post.

El presidente Santos basa su decisión para impulsar esa interesada rebaja en que la participación popular en comicios electorales en dicho país iberoamericano, incluso para Elecciones Presidenciales, no es habitualmente alta y que con dicho umbral constitucionalmente establecido del 50% no se aprobarían los acuerdos de Paz de la Habana y ello pondría a una difícil situación al país, según dice. Si bien a quien se le instalaría en una difícil tesitura sería a él mismo como promotor de un Proceso de Paz cuestionado, tal como en una entrevista reciente a la BBC inglesa el entrevistador le espetó al mandatario colombiano, al preguntarle que si en caso de no ratificarse su Proceso de Paz y después de tres años de negociaciones, lo más lógico no sería que presentara su renuncia a la Presidencia de la República, a lo que Santos contestó que eso nunca iba a suceder pues los Acuerdos de Paz se iban a aprobar. ¿Tal sospechosa seguridad en la citada aseveración, cuando las encuestas hablan de que el pueblo no quiere ni impunidad ni curules para FARC, podría devenir de la rebaja del umbral de apoyos al SI, al 13%? A la Paz no se llega toreando y modificando a su antojo desde el propio Estado colombiano la Constitución, para burlar que se impongan las mayorías, así sean silenciosas.

Todo lo anterior enlaza con un aspecto primordial y que no es otro que la Legitimidad Internacional que tendrían dichos Acuerdos de Paz infrarefrendados.

Dirigentes europeos de países azotados por la barbarie terrorista islamista, ¿aceptarían que unos Acuerdos de Paz con los narcoterroristas de las FARC aliados acreditados en negocios de droga y armas con ISIS, Al Qaeda, etc., fueran solo aceptados por un porcentaje ridículo de poco más del 13% del censo electoral colombiano, de espaldas al otro 87% que integraría el no y la Abstención? ¿Hasta qué punto es lógico someter a ratificación popular unos Acuerdos de Paz de los que solo el pueblo conocería su contenido apenas treinta días antes de acudir a la consulta?

¿No es ello otro ataque a la transparencia del proceso plebiscitario?

Europa en esta materia no puede continuar con su cortesía diplomática de apoyar al Gobierno colombiano en sus concesiones de impunidad y de participación política y medidas nconstitucionales en aras de un valor sobre el que todos estamos de acuerdo y que no es otro que la consecución de la Paz. Y ello cuando Santos está hablando de que la financiación de su postconflicto principalmente va a venir de un Fondo Fiduciario europeo. ¿Es que la UE para otorgar tal financiación no va a exigir a Santos ni siquiera mínimamente pruebas de que las FARC van a reparar a las víctimas con el ingente dinero obtenido del narcotráfico, es decir, del beneficio obtenido de decenas de miles de europeos fallecidos a causa de la cocaína elaborada y comercializada por las FARC? ¿Olvida la UE que las FARC es el grupo terrorista con mayor nivel de ingresos por narcotráfico en el mundo tras el ISIS y Al Qaeda?

En el viejo continente las consultas populares se siguen celebrando y es comúnmente aceptado un 50% de participación para tener la suficiente legitimación democrática en Grecia consulta popular sobre los recortes, que tuvo una participación del 62,5% del censo electoral, por encima del 40% que la ley griega exige y del 50% comúnmente aceptado en la comunidad internacional para tener la suficiente legitimidad. En febrero del 2015, Eslovaquia celebra un referéndum para la ratificación del matrimonio gay que contó con una participación del 21% del censo muy inferior al 50% legalmente previsto, siendo invalidado dicho referéndum por falta de quórum. En Italia se llevó a cabo en el 2005 un referéndum sobre ratificación de la ley de reproducción asistida. Contó con un participación del 25% del censo, inferior al 50% previsto en su legislación, por lo que tampoco prosperó.

El Gobierno español que predica para Colombia lo que no hace aquí con la ETA debería analizar si también apoya a Santos no solo en sus concesiones al grupo terrorista FARC, colaborador del ISIS y Al Qaeda, como han hecho hasta ahora sino también en esta deriva antidemocrática del mandatario iberoamericano para salir airoso por la puerta de atrás en la ratificación rebajada de los Acuerdos, cuando lo lógico es que un verdadero Proceso de Paz en Colombia, legítimo, real, estable y duradero, concitara la adhesión de la gran mayoría de un país y no solamente de un porcentaje simbólico que se impone para evitar el más sonoro de los fracasos. Todo lo que no sea asi el Proceso de Paz en Colombia estará abocado a que se cierre en falso y a que la Paz así lograda y ratificada no sea para todos los colombianos, sino solo para el 13%.

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