Colombia silente

Que sea Ernesto Samper Pizano quien prohíje el ingreso del Régimen Venezolano al Consejo de Seguridad de la ONU es una burla a la coherencia, una derrota de la ética, un triunfo de la villanía y la mayor degradación de la tradición democrática del país.

La Nación no tiene memoria y pareciera que padece de autismo, de otra manera no se entiende su silencio ante semejante despropósito. El Despachador de Hadera dijo: “La debilidad del bien es la fortaleza del mal y su silencio convalida la fechoría”.

Para infortunio nacional, no son pocos los desvaríos del actual Gobierno, y el más reciente, la intentona de conjurar el déficit fiscal que su reelección y su gasto irresponsable ha causado, declarando a Panamá paraíso fiscal, pretendiendo con ello y bajo amenaza, que el Gobierno panameño violente los derechos universales que protegen la reserva bancaria y el velo corporativo.

Declarar a Panamá paraíso fiscal, más que una decisión orientada a recomponer la raquítica hacienda pública nacional, es una manera obtusa de atacar los efectos de un problema y no sus causas. Antes que discriminar a Panamá, Colombia debió promover la firma de un convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, como los que ha suscrito con Suiza, España, Canadá, Chile y México.

El presidente Santos maltrata e irrespeta a Panamá, pone en riesgo inversiones de empresas colombianas cercanas a los US$6.500 millones y se arroga potestades de pretor imperial al tratar de descalificar un modelo económico soberano, caracterizado por la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal, y orientado a promover la expansión económica y el progreso social.

El modelo económico panameño merece el mismo respeto que merece el nuestro, que es inmejorable para premiar el capital, castigar el trabajo, concentrar la riqueza y masificar la pobreza. Contrario a lo que sucede en Colombia, en Panamá se estimula el trabajo, se privilegia la libertad de mercado, el derecho del consumidor, la democratización del crédito, la racionalidad de las tasas de interés y el cobro moderado de tributos fiscales.

La decisión del Gobierno, además de precipitada y hostil, desconoce la soberanía, la autodeterminación y la impenetrabilidad territorial y jurídica de Panamá, además, configura claro incumplimiento de los principios de “Nación más favorecida” (NMF) y de “No discriminación” (ND), celosamente regulados en acuerdos y tratados suscritos por Colombia.

Santos olvida, que en las naciones democráticas las autoridades judiciales son las únicas que pueden levantar la reserva bancaria y descorrer el velo corporativo. De no ser así, gobernantes abusivos invadirían la jurisdicción de los jueces y se reeditarían procesos sumarios propios de regímenes totalitarios.

Santos también olvida, que en la legislación colombiana existen instrumentos legales para levantar la reserva bancaria y descorrer el velo corporativo, cuando se advierte el uso de bancos o sociedades ‘Off-Shore’ para blanquear activos, solapar negocios fraudulentos y cometer ilícitos.

El trato desconsiderado que el gobierno colombiano le da a su homólogo panameño, contrasta con su lenidad frente a las tropelías del régimen venezolano. Ojalá que la afrenta a Panamá no sea otra imposición de La Habana y que pronto Venezuela pague su abultada deuda a las empresas colombianas.

El Gobierno debe replegarse y enmendar.

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