Mientras no se tenga una definición clara de Política integral de Fronteras, continuaremos viviendo en la incertidumbre, puesto que ignoramos lo que nos pertenece y los derechos que tenemos más allá y dentro de las fronteras terrestres y marítimas, que como en el caso de Nicaragua, últimamente, vivimos pendientes de lo que pueda pasar en los estrados judiciales internacionales, Corte Internacional de Justicia.

No nos debemos sorprender que esto ocurra puesto que desde la épocas de nuestra independencia, con algunas pocas modificaciones, nuestros gobierno han sido lerdos en esta materia y no se han preocupado por hacer valer los derechos que nos corresponden, unas veces por amistad con sus vecinos y otras porque prefieren pasar de agache para evitar problemas de orden diplomático, razón por la cual en los actuales momentos estamos enfrentados a dos países: Nicaragua y Venezuela, que con la solidaridad de Ecuador y Bolivia, nos quieren conculcar derechos adquiridos, que a la luz de las normas intencionales fronterizas nos pertenecen.

Mientras el gobierno no disponga de unas políticas claras e integrales en relación con las fronteras, cualquier cosa puede ocurrir, como en el caso de Venezuela, que cada que a su gobierno se le antoja, nos ataca por el lado más débil y como no disponemos de mecanismos jurídicos idóneos para defenderlas, es por lo que siempre nos ganan la batalla o entramos en desventaja.

Colombia cuenta con 6.342 kilómetros de fronteras terrestres y adicionalmente posee fronteras marítimas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, sus fronteras terrestres se posan sobre cinco países: Venezuela y Brasil por el oriente; Ecuador y Perú por el Sur; y Panamá por el noroccidente, si bien existen definiciones entre Colombia y sus países fronterizos, son convenios de mera amistad, pero nada de profundidad jurídica en relación con el derecho internacional fronterizo, que exige regulaciones precisas las cuales deben ir amparadas dentro de un proceso de negociación, para que una vez suscrito por los respectivos emisarios, los mandatarios de turno procedan a surtir en ambos países el trámite legislativo que finalmente debe ser refrendado por la Corte Constitucional.

La historia de los límites de Colombia con sus países fronterizos empieza en el año de 1820, cuando nuestro país alcanzó su completa libertad, aplicando para tal fin el: Uti Possidetis de Jure de 1.810, que se refería al territorio de la Nueva Granada del mismo año, con la tendencia de ser modificados en el futuro, pero con la visión de estructurar planes y programas de desarrollo para beneficio de los connacionales de las partes. Lo que nunca ha sucedido.

Desde los inicios de nuestra independencia hasta el año de 1.993 cuando se creó la Consejería Presidencial de Fronteras, – que lamentablemente fue liquidada-, por capricho de algunos funcionarios ignorantes de su importancia-, por falta de claridad fronteriza se han presentado todo tipo de problemas de orden público, como principal motivo ocasionados por el fenómeno del contrabando, puesto que estas regiones, no pasan de ser corredores que se encuentran abandonados por el Estado, o cuando menos administrados por funcionarios corruptos.

Colombia cuenta con doce departamentos fronterizos, dentro de los cuales a algunos de sus municipios se le ha permitido organizarse como: Unidades de Desarrollo Fronterizo, para estos efectos de se expidió la Ley 191/95, sin embargo, a la fecha todo es letra muerta, puesto que el imperio del contrabando y la delincuencia organizada son más fuertes que el propio Estado de Derecho.

Los habitantes de estos municipios, no se dan cuenta de las inmensas prerrogativas que poseen, con el fin de evitarse tantos dolores de cabeza, transitando por la trocha con mercancías de contrabando, las autoridades de los departamentos y municipios beneficiados con la Ley de Fronteras, no se han preocupado por instruir a sus gentes sobre cada uno de estos beneficios, que si bien la Consejería de Fronteras desapareció, las normas legales y jurídicas que los protegen continúan vigentes.

Los graves problemas que estamos viviendo en la frontera con Venezuela, tiene su incidencia en la falta de una política clara de fronteras, que lamentablemente ningún gobierno se ha preocupado por tramitar ante el Congreso de la República un proyecto de Ley que ponga en orden tanto abuso fronterizo que se comete, especialmente de los contrabandistas en contubernio con funcionarios corruptos: de la Dian y de la Policía Aduanera.

Valdría la pena que el gobierno hiciera un esfuerzo con el fin de modernizar las regiones fronterizas de nuestro País, pero definiendo muy claramente a la luz de la normatividad jurídica, las definiciones concretas que en esta materia nos pertenece, pero también nos compete estructurar planes y programas de desarrollo fronterizo con fundamento en el recurso humano y los procesos de desarrollo, existentes en cada uno de sus municipios.

Estoy absolutamente seguro que el delito del contrabando en las fronteras y demás actos de delincuencia organizada, no es más que falta de un cronograma de capacitación: industrial y comercial, pera que sus habitantes puedan ejercer actividades, sin mayores problemas.

Es claro que el contrabando de frontera a todo lo largo de sus más de 6.432 kilómetros, es por física desorganización y el deseo de los funcionarios corruptos de pescar en río revuelto.

Las regiones fronterizas no están desarrolladas, para lograrlo se requiere de toda una infraestructura organizacional y jurídica, que le permita a sus habitantes habilitarse con sus pares fronterizos, estableciendo nexos comerciales con desgravaciones arancelarias,- ya reguladas-, que les permita importar materias primas con el fin de regresarlas transformadas a sus lugares de origen.

En conclusión, en las fronteras hay mucho por hacer, puesto que existen las normas de comercio exterior que lo permite, así mismo hay mano de obra calificada, para esto se requiere implementar las cámaras de comercio binacionales.