Comisión o tribunal de aforados

Sigo creyendo que los países fracasan por culpa de sus instituciones, y las instituciones dependen de dos actores, los que legislan y los que aplican dichas leyes. El descrédito actual de la Justicia en Colombia es consecuencia de los elevados niveles de incompetencia, corrupción y resentimiento de un elevado número de congresistas, magistrados y jueces.

Espero no confundir a mis lectores con los comentarios a continuación sobre el tema del Tribunal de Aforados, el cual parece que se llamará en adelante Comisión de Aforados, porque las explicaciones y los comentarios de los medios de comunicación no son claros para mí.

En nuestra legislación tropical, han gozado de fuero numerosos funcionarios públicos; es decir, desde nuestra Independencia, los juzgan en el Congreso. Algún editorialista afirmaba acertadamente que el Congreso tan solo ha juzgado a Tomás Cipriano de Mosquera y al general Gustavo Rojas Pinilla, con resultados muy discutibles. En todos los países importantes del mundo los empleados públicos se juzgan como a cualquier ciudadano. ¿Quién juzgará a nuestros presidentes?

Entiendo que el cambio de nombre se debe a que los tribunales verdaderos investigan, acusan y juzgan la primera y la segunda instancia. En Colombia, solo investigará y acusará la Comisión de Aforados ante la Corte Suprema de Justicia, si se tratare de un delito penal, y ante el Congreso, si se tratare de un delito político.

Porque el juicio penal pasará a manos de la Corte Suprema de Justicia y el juicio político al Congreso. Al Congreso se le limitará el tiempo para declarar la ‘indignidad política’ al emitir su juicio antes de los 30 días. Ojalá no se repita en el Congreso la comedia del Proceso 8.000.

El senador ponente, Hernán Andrade, dijo que en la ponencia que se comenzó a discutir el pasado 6 de abril, se plantea que la primera conformación del tribunal de cinco candidatos será presentada por el presidente Santos y que el Congreso pleno los escogerá, aclarando que el Congreso podrá rechazarlos a todos o solo a algunos. Esta Comisión inicial tendrá una vida corta de dos años. Posteriormente se elegirán otros integrantes por medio de un concurso de méritos. Se propone que sean abogados destacados, mayores de 50 años. Nada democrático espero de la participación de Santos, se teme que nombre amigos suyos para perseguir a la oposición.

Entiendo que algo se convino para impedir que la revisión de las tutelas siga sirviendo como tercera instancia para dirimir grandes conflictos privados. Pero tanto o más importante que esto radica en corregir el ‘tropicalismo’ de la Corte Constitucional que, de derecho subsidiario para proteger derechos fundamentales, amplió la tutela para proteger todos los derechos humanos y divinos y congestionó nuestra ineficiente Justicia.

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