A menos de un mes de las elecciones, los riesgos de corrupción son evidentes y ponen en peligro su legitimidad.
Por ejemplo, los dirigentes de los partidos políticos ya no tienen ningún reparo en apoyar abiertamente, delante de miles de seguidores, a candidatos que hace apenas unos meses rechazaban por sus presuntos vínculos con personas acusadas de diferentes delitos. Con el argumento de que la política en las regiones es diferente, o que es “dinámica”, pierden todo el pudor que decían tener, como recientemente lo hizo el director de Cambio Radical.
También se ha conocido que en cumplimiento de lo que ordena la ley, el CNE ha invalidado cerca de la mitad de las cédulas de ciudadanos que se inscribieron para participar en los próximos comicios, al comprobar que corresponden a personas que no residen en los municipios donde surtieron este trámite. Esto no solamente constituye un grave delito electoral, sino una violación al derecho de elegir libremente a los gobernantes. Esto significa que cerca de 2 millones de potenciales electores no podrán votar. Sin importar si estas inscripciones obedecieron a desconocimiento, complicidad o interés de recibir prebendas, son un delito y como tal sus responsables deben ser sancionados.
De otra parte, con relación a la financiación de campañas, es muy preocupante que el reporte de ingresos y gastos por parte de los candidatos sea muy bajo. A 28 de septiembre, de los 113.083 candidatos inscritos, solamente 9.325, equivalente al 8,2 %, había ingresado información al aplicativo Cuentas Claras, a pesar de que la ley ordena que esto se debe hacer desde el día de la inscripción y en tiempo real. Esta responsabilidad le compete tanto a los partidos, como a todos los aspirantes, independientemente de si se inscribieron por una organización partidista o por un movimiento significativo de ciudadanos. Ninguno ha cumplido con seriedad este deber. Incluso hay municipios donde ninguno de los candidatos a la Alcaldía había reportado ingresos o gastos, como es el caso de Soacha, para mencionar solo uno. El CNE debe actuar con celeridad y firmeza para que los ciudadanos puedan conocer de dónde proviene la financiación de las campañas y exigirles rendición de cuentas.
En cuanto a los gastos reportados, no sorprende que el mayor rubro sea el de publicidad. A pesar de esto, los datos no se compadecen con los miles de afiches y vallas que inundan las calles y vías del país. Es importante recordar la resolución 1823 de 2015 del CNE, según la cual “los medios de comunicación social, periódicos, revistas, emisoras de radio o canales de televisión y empresa de publicidad o comercializadoras de vallas deberán informar al Consejo Nacional Electoral dentro de los diez (10) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Resolución acerca de la propaganda electoral contratada con ellos hasta la fecha”. La autoridad electoral debe comunicarle a la ciudadanía si efectivamente las empresas están cumpliendo y si la información corresponde a lo que están reportando los candidatos. Más allá de sus obligaciones legales, tanto los medios, como las agencias de publicidad, le harían un gran aporte a la transparencia si hacen pública esta información. Al fin y al cabo es información de interés general.
