El Gobierno emplea un lenguaje optimista y valedero desde su óptica: acordar todos los puntos antes de abril próximo. Pero la gente se pregunta por asuntos nucleares: justicia y plebiscito, por ejemplo.

Entre los negociadores del Gobierno en La Habana asoma una figura: en la tarea de cruzar el río agitado y revuelto del conflicto armado con las Farc, para dejarlo atrás definitivamente, se está muy cerca de alcanzar la otra orilla, aunque no se pueda descartar que siempre existe el riesgo de que alguien se devuelva.

Las palabras del presidente Juan Manuel Santos en Cartagena, tras dos días de cónclave con su equipo de gobierno y un grupo de expertos y asesores internacionales, enfatizan en la idea de que aquella expedición que lleva más de tres años de pulsos políticos para ponerse de acuerdo con esa guerrilla, en un recorrido paciente y trabajoso, está cerca del final.

Para ello, Santos acaba de anunciar que buscará una sesión permanente, “de la cual no nos levantaremos, ojalá sino hasta que hayamos acordado todos los puntos”. Por tratarse de la apuesta de gobierno en la que el presidente se ha jugado todo el capital que tenía, y pensando que en últimas si gana logrará que desaparezca el más dañino de los actores del conflicto armado colombiano, su visión contiene un optimismo valedero.

Hay anuncios llamativos en sus declaraciones de esta semana: pedirá facultades especiales al Congreso, mediante modificaciones a la Ley 418 de Orden Público, para adelantar la concentración de las Farc en “zonas de ubicación que serán acordadas”.

A los críticos no les parece adecuado que Santos muestre las cartas antes de tiempo: que solicite una legislación extraordinaria en febrero, mientras que las Farc no han firmado ni le hacen saber al país en qué condiciones pretenden concentrarse y, por supuesto, desmovilizarse en el terreno.

Con ello vienen zonas grises y preguntas: ¿al fin, las Farc entregarán las armas o las dejarán? ¿De qué tamaño serán esas áreas de concentración y qué tan ajustadas a la necesidad de no poner en riesgo la seguridad interna y fronteriza del país? Aunque se habla del Ejército Nacional, ¿quién vigilará esos territorios, Naciones Unidas, la OEA?

Algunas dudas pueden parecer de la elemental intuición ciudadana y otras más capciosas, pero tienen sentido cuando se advierte que la información dada por las partes al respecto es nula y además, precisamente, ruta de la negociación en los días por venir respecto del tercer punto Fin del Conflicto (que en la práctica será el último, sumado al sexto de Implementación, Verificación y Refrendación).

Y aunque el tema de Justicia y Víctimas ya tiene un marco definido, y el presidente le respondió a Human Rights Watch que es el mejor acuerdo logrado en la historia de la resolución de conflictos de este tipo, el asunto sobre cuánta dosis de impunidad traerá para las Farc la Jurisdicción Especial para la Paz no deja de inquietar a la oposición y a los más escépticos.

La composición del tribunal especial, la aplicación final de penas privativas o no de la libertad y el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y de los crímenes de guerra, con “sanciones alternativas y reducidas”, siguen siendo una inquietud legítima e incuestionable de las víctimas en ejercicio de sus derechos.

No es menos enigmático el futuro de un plebiscito para el que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, acaba de anunciar garantías para el SI y para el NO, pero que no se acaba de consolidar como mecanismo y regla incondicional de refrendación popular de los acuerdos y del proceso.

No se trata de ver el vaso medio vacío o, para volver a la figura inicial, de avistar tan lejos la orilla del fin del conflicto. Allá, no hay duda, quieren llegar los colombianos, pero sin que río abajo corran ahogadas las exigencias de una paz sin entreguismos, sin impunidad. Con el decoro necesario para que no nos avergüence ni nos quite el sueño en el futuro.