Todo periodismo bien hecho termina fortaleciendo la democracia, construyendo la paz y defendiendo los derechos humanos.

La radicalización de los discursos periodísticos en Argentina ha puesto sobre la mesa la conveniencia de una cláusula de objeción de conciencia para los comunicadores de ese país. La discusión sureña no es ajena a Colombia.

Un medio de comunicación tiene todo el derecho a fijar una línea editorial a favor o en contra del proceso de paz de La Habana. Pero si aspira a algún grado de seriedad, no puede llevar su posición al área informativa.

Los ciudadanos debemos entender los hechos que dan muestras del fortalecimiento de la negociación tanto como aquellos que apuntan a su debilitamiento. Queremos conocer las conductas de las partes, las nocivas como las virtuosas. Si las Farc violan el cese unilateral del fuego, necesitamos saberlo; si el Ejército comete violaciones de derechos humanos, también.

El periodismo militante, por buena que sea la causa, lo degrada porque el periodismo no es de aquí, ni es de allá. Al fin y al cabo, todo periodismo bien hecho termina fortaleciendo la democracia, construyendo la paz y defendiendo los derechos humanos. La información es cuanto más agitadora si se concentra en los hechos. La verdad tiene vocación revolucionaria.

No se trata de caer en la ingenuidad. La objetividad periodística no existe. Al escoger el hecho que se va a relatar, el comunicador muestra su sesgo. Pero si la objetividad resulta un espejismo; la honestidad, no.

No es honesto un medio que omite la información que podría sostener la tesis contraria a la que predica. Hay silencios tan grandes que se convierten en mentiras.

Cuando un medio cuenta un solo lado de la moneda, otro medio cuenta solo el otro lado para equilibrar cargas y así se van profundizando narrativas opuestas alejadas de la realidad.

En medio de la precarización laboral que caracteriza al sector está el periodista, solo, con su paupérrimo salario. Con dependencia laboral de por medio, el periodista puede verse obligado a adherir a una línea editorial que no comparte, o incluso rechaza, y a poner su trabajo al servicio de ella.

En Argentina, el proyecto de ley en discusión propone reconocer “el derecho de los periodistas profesionales, sin perjuicio alguno, a negarse a participar en la elaboración y/o difusión de informaciones contrarias a sus principios éticos de la comunicación en el medio al cual están involucrados laboralmente”.

Se pretende así proteger la independencia del periodista cuando el empleador exige resultados conforme a una cierta orientación ideológica. Ningún trabajador debe violar las normas de la empresa que lo contrata, pero, en casos de cambio extremo de orientación ideológica de un medio, el periodista debe poder abandonarlo indemnización mediante.

Tampoco un medio puede demandar la deformación de un suceso o la inexactitud en una noticia, por menor que sea, para proteger una línea editorial. ¿Cuántos periodistas en Colombia han encontrado publicados artículos con sus nombres, que fueron alterados por los jefes a sus espaldas? ¿A cuántos les han exigido notas parcializadas? ¿A cuántos les han dictado enfoques contrarios a los hechos?

¿Por qué un periodista debería estar obligado a buscar información solo a favor o solo en contra de la mesa de La Habana? ¿Solo anti-Petro o solo pro-Petro? O ¿denunciar la corrupción de un sector sin acercarse a la de otros?

Hay que sacar al periodista de la política. Él no tiene por qué caer en la lógica de la empresa para la cual trabaja.

La iniciativa argentina surge del kirchnerismo, un movimiento que no se conoce como un patrono de la libertad de expresión. Pero existe en varios países, como Chile y España. Quizás valdría la pena considerarla.