La hermana república de Venezuela está siendo sacudida hasta sus bases más profundas por la inconformidad social que suscita en las masas hambrientas la aplicación de un modelo de gobierno que, con tal de sobrevivir, se torna cada vez más de corte estalinista. Todos los regímenes bajo la presión del descontento generalizado suelen enrocarse para evitar salir del poder, acudiendo para ello a cuanta maniobra política, económica, social e institucional pueda, sea o no legal.
Es claro que el gobierno del presidente Nicolás Maduro cuenta con el manejo del presupuesto oficial –aunque mermado- como su caja menor, dado que en una medida desesperada resolvió saltarse el trámite obligatorio en la Asamblea Nacional y aprobar unilateralmente los gastos e inversiones del Estado para la próxima vigencia fiscal. Con esa acción el Palacio de Miraflores violó la Constitución y se puso fuera de la ley. De allí que esta sea una de las razones por la cual la Asamblea, que es dominada por las mayorías opositoras, decidió abrirle un juicio político al Presidente de la República. Es claro que el chavismo ha trastocado el sistema de separación de poderes, que es la columna del sistema democrático, para convertir a las ramas Judicial y Electoral, e incluso al estamento militar y policial, en martillo para golpear a la oposición.
Mediante acciones claramente cuestionables ha tratado de evitar por todos los medios que este año se efectúe el referendo revocatorio, contrariando el amparo constitucional, pues saben que de ir a elecciones perdería el poder.
Es patente el fracaso del experimento político del llamado “Socialismo del siglo XXI” en Venezuela, bajo la tesis de Hugo Chávez y sus asociados revolucionarios internacionales en torno a que se podía avanzar al socialismo conduciendo al pueblo de manera voluntaria y electoral.
Al comienzo dio la impresión de funcionar porque los petrodólares de Chávez financiaron campañas en varios países, consiguiendo llevar al poder a políticos como Lula o los Kirchner. Pero mientras en Venezuela se feriaban a nivel interno y externo los dineros públicos de manera irresponsable, el mismo Gobierno atentaba sistemáticamente contra la industria productiva. Al final sobrevino el fracaso de esa demagogia populista y todo desembocó en el asalto a las arcas estatales, rienda suelta a la corrupción y la quiebra económica oficial y privada. De esta forma, en Venezuela la riqueza acumulada por décadas de exportación de petróleo se dilapidó en el breve lapso de la era chavista.
Como se dijo, la mentada revolución fracasó y ahora el régimen debe ‘administrar’ el hambre y la miseria que causó, en tanto las masas famélicas desesperan. El problema más grave es que Maduro y su partido no entienden ni aceptan que el sistema populista agoniza y sueñan con otra alza súbita en el precio del crudo como último salvavidas, alternativa que no se ve factible en la actual geopolítica petrolera. Esa miopía es la que impide al Ejecutivo advertir la dimensión del conflicto político, social e institucional que generó y cree erróneamente que puede evitar caer al abismo aferrándose al inaceptable expediente de apuntar las armas al pueblo
¿Hasta cuándo, los militares y las milicias podrán reprimir a un pueblo cada vez más unido en la indignación y la resolución de cambiar, por la vía democrática y de las urnas, al fracasado régimen?
Mientras que varios líderes chavistas no tienen cómo buscar asilo en el exterior, pues saben que serán perseguidos por los tribunales internacionales por la violación desvergonzada y sistemática de los derechos humanos, otros dirigentes oficialistas más lúcidos parecieran estar dispuestos a negociar la cabeza de los principales implicados en el abuso, la represión y el desfalco estatal a cambio de salvar el pellejo.
Al cierre de la semana, es evidente que al violar la Constitución y desconocer la potestad constitucional de la Asamblea Nacional de Venezuela, el régimen avanza a la dictadura. La comunidad internacional condena al unísono al gobierno Maduro. El Congreso de Perú, incluso, denuncia un golpe de estado por parte del gobierno Maduro y pidió el retiro del embajador inca en Caracas así como activar la Carta Democrática de la OEA.
Es claro, entonces, que el régimen se queda día tras día sin oxígeno y ahora pretende ganar tiempo con la mediación papal, pero no hay mucho optimismo ya que en las actuales circunstancias pareciera que ninguna de las partes quiere dar marcha atrás.
Siendo la prioridad evitar un baño de sangre en la nación hermana, hacemos votos para que se insista y avance en fórmulas civilizadas para superar la honda crisis. Hoy es claro que para que el juicio político al gobernante se paralice, el chavismo tendría que clausurar la Asamblea Nacional, lo que se seguro aceleraría su caída. La confrontación política ya está al límite y la violencia merodea peligrosamente.
