Los magistrados del Consejo de Estado acogieron los argumentos esgrimidos por la ponencia de Alfonso Vargas Rincón quién considera que el burgomaestre tenía otros recursos jurídicos para tumbar el fallo emitido por el Ministerio Público, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, “igualmente efectivo e idóneo para la defensa de sus derechos (…) Solamente se falló la tutela interpuesta por el señor alcalde de Bogotá”. Aseguro el magistrado Vargas.

En el debate jurídico, que duró seis sesiones, el alto tribunal tuvo en cuenta las facultades que tiene la Procuraduría General para investigar disciplinariamente y, si es el caso, emitir sanción disciplinaria en contra de los funcionarios elegidos por voto popular.

En este caso se tuvo en cuenta el fallo emitido por la Corte Constitucional en el caso de la ex Senadora liberal, Piedad Córdoba en contra de la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General. “Se evidenció que el Procurador General si es competente para adelantar procesos disciplinarios y destituir a los funcionarios”. Señaló la Presidenta del Consejo de Estado, María Clara Rojas.

“En términos generales el recurso de procedibilidad se exige cuando hay de por medio un interés económico, si el Alcalde pretende la nulidad de la decisión del Procurador no tendría que ejercer previamente este requisito de procedibilidad. Podría venir directamente de la justicia contenciosa administrativa y solicitar una medida cautelar para que se le protejan sus derechos”. Aseguró la magistrada.

Finalmente resaltó que se ha enviado un mensaje a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional de que aquí la justicia si funciona. “La Comisión Interamericana debe tener en cuenta lo que está haciendo el juez natural en el país”. Subrayó la funcionaria.