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Miércoles 20 de Junio del 2018

Consultas previas, costoso populismo

Tal como están siendo aplicadas hoy, las consultas implican un cuestionamiento a la soberanía del Estado.

Las llamadas consultas previas se han convertido en el más absurdo de los procedimientos del populismo que le está saliendo muy costoso al país. En muchos aspectos el país está y va a seguir paralizado por obra y gracia de este mecanismo cuya creación se basó en unas intenciones “políticamente correctas”, pero que con el correr de los años se ha convertido en una traba insalvable que nos hace perder a los colombianos un tiempo precioso para su desarrollo y su bienestar.

Es increíble que para que la Universidad Nacional pueda iniciar una investigación sobre un árbol, sus académicos tengan que previamente consultar a 400 comunidades étnicas. Es inaceptable que un país tan críticamente urgido de mejorar su infraestructura vial tenga paralizados durante años 30 proyectos estratégicos de vías a la espera de que unas pequeñas comunidades los aprueben. Es catastrófico que en el sector minero-energético se disminuya la inversión como reacción a la incertidumbre en las reglas del juego provocadas por las susodichas consultas previas. Es absurdo que los planes de erradicación de una plaga que afecta el cultivo de palma aceitera, y que ha ocasionado pérdidas por 650.000 millones de pesos, también tengan que pasar por el inacabable proceso de consulta previa a las comunidades locales antes de ponerse en marcha; por supuesto, la plaga camina más rápido que la consulta previa y para cuando se haya realizado la consulta, seguramente ya la plaga habrá devorado los cultivos, y acabado de paso con el empleo y el ingreso de las comunidades consultadas. Absurdos casos como estos se multiplican a lo largo y ancho del país.

Para completar, las consultas previas han contribuido a hacer aún más lenta la amodorrada parsimonia gubernamental en su agenda legislativa. Al menos tres proyectos clave para el país han sufrido irremediables retrasos debido tanto a la lentitud del Gobierno para estructurarlos, como a la irritante lentitud de las consultas previas: la ley de desarrollo rural, la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y la reforma del Código Minero. En algunos de ellos el país presencia incrédulo un estéril “peloteo” entre comunidades y Gobierno, cada uno adjudicándole al otro la responsabilidad de la demora en la presentación al Congreso de esas iniciativas, ninguna de las cuales alcanzará a ser presentada tampoco en la legislatura que se inicia el próximo mes de marzo, aunque se han gastado 12.000 millones de pesos en sus consultas previas.

Las consultas previas carecen de una reglamentación específica que delimite con precisión su ámbito, clarifique su alcance, establezca procedimientos expeditos y señale plazos perentorios. Todo esto para evitar que muy respetables minorías, muchas veces seudo-representadas y manipuladas por organizaciones burocratizadas y permeadas por la corrupción, terminen sometiendo a su propio, particular y chantajista interés las aspiraciones de desarrollo y bienestar de las mayorías nacionales.

Pero como ni en la física, ni en la política, ni en la administración existe el vacío absoluto, este vacío legal en que se desarrollan las consultas previas se han apresurado a llenarlo desde las altas cortes hasta los jueces de circuito, muchas veces con consecuencias nefastas para los intereses nacionales. Este es otro caso más de la inconveniente intromisión de la justicia en la administración de la cosa pública. En este tema los jueces se han convertido en legisladores y administradores y han llenado el vacío que han dejado el Ejecutivo y el Legislativo, a los que les correspondería precisar el ámbito, el alcance, los procedimientos y los plazos de las consultas previas, como representantes elegidos que son de las mayorías nacionales, a las cuales les deben rendir cuentas por sus decisiones. Los jueces no han sido elegidos, ni le rinden cuentas a nadie, por eso no deben legislar ni administrar, sino limitarse a aplicar las leyes aprobadas por los representantes del pueblo.

Tal como están siendo aplicadas hoy las consultas previas, estas implican un cuestionamiento a la soberanía del Estado y una fragmentación del territorio nacional. Los intereses de unas minorías étnicas, por respetables que sean, se están poniendo por encima de los intereses nacionales, representados por el Estado nacional. Y esto en el dudoso caso de que las organizaciones que dicen representar a esas minorías las representen efectivamente.

En consecuencia, las consultas previas se han convertido en la dictadura de unas minorías, o, mejor, en la dictadura de las burocracias que dicen representar a unas minorías. Esto es inadmisible en una democracia. Las minorías deben ser respetadas y sus derechos garantizados, pero esto no puede significar la subordinación de los derechos y los intereses de las mayorías, representados y encarnados en el Estado nacional. Esta es la discusión ideológica de fondo que se oculta debajo del tema de la consulta previa, y del alcance y la naturaleza de los  resguardos indígenas y los territorios para afrodescendientes, a los que ahora los diálogos de La Habana quieren adicionar las zonas de reserva campesina y las zonas campesinas de producción de alimentos. En total, serían 54 millones de hectáreas, el 48 por ciento del territorio nacional, con jurisdicciones especiales y autónomas. Esta fragmentación del territorio y el consecuente debilitamiento del Estado son inaceptables.

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