A mediados de 2002 recibí una llamada telefónica inesperada: al otro lado de la línea, un escritor cordobés me proponía suscribir una protesta contra la Fiscalía, pues presuntamente actuaba de manera hostil contra la costa Caribe.

Cuando pregunté cuál era el argumento para sustentar tal apreciación, recibí una respuesta que aumentó mi desconcierto: según el escritor, la Fiscalía estaba sesgada en sus investigaciones sobre los nexos entre políticos y paramilitares. A mi interlocutor le resultaba inaceptable que el proceso – ya por entonces conocido con el nombre de "parapolítica"–, se concentrara en la costa Caribe.

Le dije que no veía el problema. — ¿Acaso no hay parapolíticos en el resto de Colombia?, me preguntó, exasperado.

— ¡Por supuesto que sí… Pero a nosotros no nos afecta que investiguen a los de nuestra tierra.

Añadí que si todos tuviéramos su particular sentido del honor regional, terminaríamos viviendo una situación absurda: defender –solo porque pertenecen a nuestra región– a políticos miserables que se aliaron con criminales para asesinar a civiles indefensos.

Al final sugerí que más bien le diéramos las gracias a la Fiscalía por librarnos de semejantes crápulas.

Amo profundamente mi costa Caribe, pero jamás metería las manos al fuego por sus políticos: arman coaliciones sin ningún propósito serio, apenas para canjear respaldos por votos; encabezan el ausentismo en el Congreso de la República; le entregan la contratación pública a mercenarios; lideran el saqueo más descarado en las obras civiles, y luego construyen carreteras con materiales deleznables; convierten áreas sagradas como la salud y la educación en un asqueroso festín burocrático.

Varios, como ya dije, han hecho pactos con escuadrones de asesinos para amedrentar y masacrar a la población civil.

El periodista cartagenero Libardo Muñoz hace este señalamiento grave: "el poder de la corrupción en las gobernaciones costeñas es tan fuerte, que ya los jefes del paramilitarismo redactan decretos y se los envían a los gobernadores y a los alcaldes para que los firmen".

Esa relación bochornosa quedó en evidencia cuando Libardo Simanca s, entonces gobernador de Bolívar, fue abofeteado en su propio despacho por la empresaria de apuestas conocida con el alias de "La Gata". Esta señora, como se sabe, ha sido acusada de numerosos delitos, y desde hace ocho años se encuentra presa. Indigna ser representados por líderes que en realidad son simples pajes de las mafias.

No pasa un día sin que los políticos de nuestra región generen escándalos. La revista Semana publica un informe sobre la descomunal fiesta de cumpleaños del concejal cartagenero Quinto Guerra.

Las cifras de la francachela son impresionantes: se consumieron trescientas cajas de whisky Old Parr (cada caja trae doce botellas, y cada botella vale 80 mil pesos); los mil invitados recibieron un sombrero aguadeño y un poncho.

La fiesta fue animada por los conjuntos vallenatos de Jorge Celedón y Beto Zabaleta. El primero cobra setenta millones de pesos por concierto y el segundo, treinta y cinco.

¿De dónde salió el capital para financiar esta velada que hacía recordar más al capo don Vito Corleone que al político de una ciudad colombiana golpeada por gravísimos problemas sociales?

Es cierto que en el poder central algunos señoritos perfumados que parecen de mejor familia son socios ocultos de los políticos costeños. Es cierto que en otros lugares hay dirigentes corruptos. Pero eso no me sirve de consuelo en absoluto ni impide que sienta un profundo desprecio por los políticos de mi región y por los electores que los ayudan a perpetuarse en sus curules para que sigan robando, para que sigan generando ruina y atraso.