El gobierno enderezó la gestión de la crisis con Venezuela. Pero la atención inmediata a los deportados es solo la superficie de un problema hondo y lleno de ramificaciones.

La actual crisis con Venezuela no es solo por la situación que reflejan las imágenes, dramáticas y llenas de dolor humano, de cientos de colombianos cruzando la frontera con sus escasas pertenencias a espaldas, retornando a un país que poco les ha ofrecido. Ahora están siendo expulsados o deportados por parte de un régimen acosado por sus propias turbulencias internas, que se juega su incierto destino en unas elecciones el próximo 6 de diciembre.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha adoptado varias decisiones que hay que mirar en conjunto. Su delirio con la supuesta invasión paramilitar y la consecuente expulsión en masa de colombianos no surge de súbito. Hay un contexto donde se mezclan varios factores, aparte del electoral y de su necesidad de desviar la atención de problemas de corrupción y narcotráfico. Por mencionar algunos de los más relevantes:

Primero, la expedición, este año, de un decreto que tenía efectos sobre las delimitaciones marítimas pendientes con Colombia, zonas en litigio. El gobierno de Juan Manuel Santos considera que esta situación está resuelta mediante diplomacia “discreta y eficaz”. Esta semana Maduro se refirió expresamente a la creación de “una nueva frontera”, refiriéndose a la terrestre.

Segundo, las visitas de Maduro a Cuba, específicamente a Fidel Castro, la más reciente con Evo Morales, el pasado 13 de agosto. El decano de los dictadores latinoamericanos, no por supuestamente retirado deja de tramar movidas que él y sus incondicionales consideran “estratégicas” pero que tienen consecuencias nefastas para la libertad de millones de personas.

Tercero, la intención del régimen chavista –expresada por el propio Maduro el pasado 26 de julio– de introducir en Colombia la llamada “Misión Milagro”, que bajo el ropaje de intervenciones médicas para curar problemas de visión, trae aparejada una intensa labor de infiltración y adoctrinamiento con las tesis del Socialismo del siglo XXI.

Por otra parte, las deportaciones de colombianos han sido continuas en los últimos meses. En diciembre del año pasado, en enero y marzo de este, la Cancillería colombiana anunció eventuales gestiones ante Venezuela para recomendar que se respetaran ciertos derechos básicos de los colombianos enviados forzadamente de regreso al país. Hace apenas tres semanas, la canciller María Ángela Holguín decía que “las deportaciones han disminuido” y agregaba que “muchas de ellas son personas que están desde hace mucho tiempo de forma irregular en Venezuela y su gobierno está en su derecho de que ellos no vivan allá”.

La gestión de la crisis por parte del gobierno colombiano ha enderezado su rumbo. Esta semana al fin midió la magnitud del problema inmediato y altos funcionarios hicieron presencia en Cúcuta y otras zonas de frontera. Hay participación de la Oficina de Gestión del Riesgo y una activa presencia de la Defensoría del Pueblo. Los partidos políticos han apoyado las últimas medidas, entre ellas el llamado a consultas del embajador de Colombia en Caracas. La convocatoria de la OEA es conveniente, no así la de Unasur, aunque formalmente hubiere que hacerla. De esta cabe esperar muy poco, atendiendo su origen y su actuación bajo el guión único del entorno chavista.

Todo el país, y por supuesto el Gobierno, parecieron adquirir conciencia de lo que pasa en la frontera, tierra de nadie y dominio de toda clase de actores informales e ilegales. Y de la situación de millones de migrantes colombianos que un día son aceptados por el gobierno de Venezuela para que puedan votar en unas elecciones, luego hostigados y señalados, y de nuevo invitados, como lo destapó Maduro hace tres días sin disimulo alguno, para que se integren a las consignas del régimen. Solo así se les respetarán sus derechos.