Problema grande tiene una sociedad que no confía en su propia justicia. No es lo mismo desconfiar de los políticos que tradicionalmente prometen más de lo que cumplen; eso ya es parte del paisaje.

Pero cuando no se confía en la justicia se pierde la esencia del pacto que hemos hecho para vivir en sociedad. Revela la encuesta de Ipsos-Napoleón Franco (*) que sólo 15% de los colombianos confían en la justicia.

La justicia es por esencia la encargada de resolver los conflictos, la que dice quién tiene la razón y quién no: si hay muerte, si hay inseguridad, si hay corrupción, si hay abuso de niños, si hay problemas con el vecino… Todos buscamos justicia, pedimos justicia, exigimos justicia. Tanto que se nos va la mano y hemos llegado al populismo judicial que intenta resolverlo todo aumentando penas que en la práctica no se cumplen. Vemos a la justicia como la salvación, el camino para salir del atolladero en que nos hemos metido cuando todo parece colapsar.

Y cuando la justicia falla, ¿qué nos queda? La ley del más fuerte, el “sálvese quien pueda”, la justicia privada, la defensa propia. Bajo esos preceptos se linchan delincuentes, se compran jueces y testigos, se hacen leyes a la medida de personas, se encarcelan inocentes, y los delincuentes llegan a las altas esferas con total impunidad. Bajo esos preceptos nacieron la guerrilla y los paramilitares; una y otros buscando conseguir por las armas lo que la justicia no dio al amparo de la ley.

Lo que la encuesta refleja no es un problema de ahora. Desde hace años se ha instaurado en nuestra mente colectiva una percepción de justicia que riñe con lo que dicen la Constitución y los códigos. Ese sentir que no hay justicia se nos ha metido en la sangre y se refleja en frases populares como “la ley es para los de ruana” y “usted no sabe quién soy yo”, máximas que reflejan la dos caras de una misma moneda: nuestra justicia no es ciega y por el rabillo del ojo se vuelve severa con los de a pie y generosa con quienes tienen alguna conexión que permita evadirla o comprarla. Una justicia injusta.

Es frecuente que un ciudadano se pregunte ante un delito: ¿para qué denunciar si no pasa nada? Ocurre a diario ante hechos sencillos o complicados. Basta citar uno reciente y aberrante: el asesinato de cuatro niños en Caquetá fue una tragedia atroz que pudo evitarse si la Fiscalía hubiera actuado. Ante las amenazas los padres denunciaron pero la justicia ni siquiera cojeó, no se movió en absoluto, no hizo nada hasta que fue demasiado tarde para los niños masacrados. ¿Cuántos casos como este? ¿Cuántas denuncias que no se escuchan?

La impunidad campea en lo macro y en lo micro, pero, entonces, ¿por qué sólo en estos tiempos dejamos de confiar? Hasta hace poco las encuestas mostraban que creíamos, quedaba algún rezago de confianza. Pero ahora no. Tal vez tocamos fondo cuando nuestras cortes, que eran esperanza y referente, se hunden en el mismo fango y el país asiste impávido al espectáculo vergonzoso de unos magistrados haciendo trampas para conseguir pensiones o dedicados al lobby en el Congreso buscando puestos y dádivas en las leyes. Hoy el magistrado Jorge Pretelt, presidente de la Corte Constitucional, dice que si él se hunde se hunden todos, en una advertencia de corte mafioso que amenaza con romper la ley del silencio; acusa a otros magistrados y dice que un fiscal fue elegido por los paramilitares. Se habla de sobornos, de precios de fallos, de cohechos y prevaricatos. Ya no hay pudor y perder la confianza en la justicia es síntoma de que nuestro andamiaje social se resquebraja. Si 8 de cada 10 colombianos no confían en la justicia y, según la misma encuesta, uno de cada dos cree que la Corte Constitucional en pleno debería renunciar, algo grave pasa y no es problema de jueces y magistrados. Es un problema de todos.