¿CUÁNTO COSTÓ LA ALFOMBRA ROJA?

Las necesidades de los colombianos son muchas, la mayoría insatisfechas por un desbalance histórico entre los gastos del alto gobierno, la asignación de los recursos y el control de los mismos. Proyectos existen por doquier, unos para cubrir necesidades apremiantes, otros muchos se han ejecutado a medias o no se han realizado por falta de un estricto control, tanto en su presupuesto como a los contratistas. Tal es el caso de las inundaciones generadas por el fenómeno de La Niña en gran parte del territorio de la Nación y hoy se presentan las mismas emergencias pero ya no generadas por el agua, sino por la sequía que persiste en las zonas en donde se han marginado las inversiones por parte de mandatarios seccionales y nacionales, a pesar de las promesas.

Colombia ha tenido una economía estable y su porvenir está relativamente asegurado de continuar las tendencias macroeconómicas, pero el Presidente Juan Manuel Santos debe ser más responsable y ejercer más controles en el manejo del gasto del aparato del Estado; ejemplos se encuentran en otras latitudes en donde los japoneses y los países europeos han sufrido los faltantes generados por las guerras, los gobiernos y sus gentes han sabido que el ahorro es la base fundamental para sobrevivir y desarrollarse.

Sorprenden a la comunidad los derroches en fiestas, desplazamientos, en la publicidad de los estamentos del Estado y en algunos actos del alto gobierno, no se quedan atrás muchos de los congresistas y magistrados de las altas cortes, quienes al llegar al poder exigen costosos vehículos blindados de años recientes, lujosas oficinas, demandantes de altos salarios y jugosas prebendas, cuando las gentes de la periferia y de zonas apartadas del país, no cuentan con los recursos mínimos para subsistir condenados al abandono.

Preocupa a la comunidad el faltante de 12 billones de pesos al presupuesto de la nación y no se ve un compromiso al control de los gastos por parte de la Presidencia, por el contrario, se pretende realizar otra reforma tributaria para grabar a los mismos de siempre con énfasis en la clase media, que es la que soporta la mayor carga impositiva. El costo del postconflicto demandaría del Gobierno, en el caso que se firme la paz, un esfuerzo fiscal adicional que va a agravar el déficit de las arcas del Estado y solo por la vía de impuestos se tendrá que solucionar; los ingresos de la nación no se incrementarán, a pesar de un crecimiento esperado del país del 5 % para este año, por el bajo resultado de las exportaciones, la incertidumbre de los ingresos del petróleo y la minería; lo más grave es que los guerrilleros serán exigentes y demandantes de esos recursos atenidos a unos compromisos de los acuerdos a que se llegue y seguramente no renunciarán a ellos.

También el débil comportamiento de la industria y los pobres resultados de la actividad agrícola no son tranquilizantes, la construcción ha tenido crecimiento hasta del 14%, pero si los ingresos de los colombianos no crecen, tampoco será sostenible su desarrollo; se escuchó en la reciente asamblea de la Andi el clamor de los empresarios para que el Gobierno los apoye en la reconversión industrial con el objeto de incrementar la competitividad del aparato productivo, mediante el estímulo a la importación de bienes de capital con la baja de aranceles y del IVA, pero el Estado, en su necesidad de obtener recursos a toda costa, se ha hecho el de los oídos sordos, con el argumento del porcentaje de descuentos ya otorgados a los impuestos de esos bienes, atados al índice de crecimiento de la actividad específica a un corto plazo, cuando es sabido que el incremento de la productividad solo se da en el tiempo.

La Contraloría General de la Nación, responsable del control de los recursos públicos, debe ejercer su labor con mayor rigor en la fiscalización del gasto, hasta del más mínimo realizado por el Gobierno, como en el caso de la alfombra roja utilizada para la posesión del Presidente, porque el buen ejemplo empieza por casa; los recursos deben usarse racionalmente para fortalecer las arcas del Estado y poder así darles solución a los apremiantes problemas sociales y estimular el desarrollo.

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