El milagro de que aprecieran en una misma foto —casi cogiditos de la mano— los representantes de los partidos políticos, a saber: el jefe del partido uribista, Óscar Iván Zuluaga; el del Partido Liberal, Horacio Serpa; la de la Alianza Verde, Claudia López; el codirector del partido de la U, Roy Barreras; el presidente del Partido Conservador, David Barguil y el jefe de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, y que a ellos se uniera con su apoyo el indomable senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, sólo podían lograrlo las cabezas de la desprestigiada rama judicial, las cuales, lideradas por el fiscal general de la Nación, pretenden hundir como sea el proyecto del gobierno sobre equilibrio de poderes, que instaura un tribunal de aforados conformado por magistrados independientes, de alto nivel, que en teoría impediría que sus fechorías jamás fueran investigadas ni sancionadas porque ya los juzgaría ese insobornable (¡esperamos!) tribunal y no, como sucede ahora, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, cuyos juicios suelen dormir el sueño de los justos.

Para apoyar la reforma se reunieron el martes los jefes de los partidos. Y en su declaración final, no sólo respaldaron el trámite del proyecto de equilibrio de poderes en el Congreso sino que rechazaron las críticas que a él le hizo el fiscal Montealegre, quien en entrevista a Yamid Amad, dada con el propósito de hundir el proyecto al amenazar con que lo demandará ante la Corte por inconstitucional, logró el efecto contrario: garantizar el apoyo político necesario para su aprobación.

¡Muy bien, señores de la política!

¡Y qué vergüenza, señores de la justicia!

Lo sucedido tiene que convertirse en un serio llamado de atención a los honorables miembros del poder judicial, quienes tienen que reaccionar y darse cuenta del desastre en que se hallan sumergidos, el cual no es otro que su falta de credibilidad y el nulo respeto que el país siente por ellos: así lo dicen las encuestas, y así lo siente todo con el que uno habla.

Y ese, el de la falta de credibilidad en la justicia, y no el de la existencia de la guerrilla, ni del narcotráfico, ni de la minería ilegal, es el principal problema de Colombia: porque ¿cómo pretender que los guerrilleros se sometan a una justicia impartida por magistrados involucrados en los más vergonzosos escándalos? ¿Cómo, si la justicia no opera, o si a veces lo hace con excesivo rigor y otras no lo hace para nada, se puede creer que algunos de los afectados no hagan justicia por su propia mano? ¿Cómo se le puede pedir a la gente que confíe en las Cortes y las acate cuando sus miembros se acusan los unos a los otros? ¿Cómo tener fe en el fiscal y en el presidente de la Corte Suprema si es evidente que no quieren que exista un tribunal de magistrados intachables que pueda juzgarlos?

Es más, ¿cómo desenredar este país santanderista lleno de abogados que todo lo complican?

La primero, sería cerrar las facultades de derecho. Lo segundo, nombrar una comisión integrada por filósofos, matemáticos, ingenieros, poetas, arquitectos, antropólogos, ecólogos, médicos, siquiatras, escritores, empresarios y hasta economistas de muy alto nivel  (Mockus, por ejemplo, José Fernando Isaza, Ruddy Hommes, Rodolfo Llinás, Emilio Yunis, Maruja Vieira, etc) que piensen, diseñen e implanten un nuevo sistema de justicia. Y, lo tercero, que luego los abogados en ejercicio de cargos públicos, y los que los hayan ejercido, comenzando por el fiscal y el procurador, se vayan a pasear en un crucero bien largo, y se nombre gente nueva. Y limpia…