La utilización de disfraces institucionales para adelantar en sede jurídica enfrentamientos eminentemente políticos implica desconocer los principios rectores del Estado de Derecho.

Iván Cepeda ha pedido la realización de otro debate sobre los supuestos vínculos del ex Presidente y ahora Senador Álvaro Uribe con grupos paramilitares. No es nada nuevo, pues ya son varios los intentos por relacionar a Uribe con grupos delincuenciales, y los resultados fallidos de esas vaporosas acusaciones son de todos conocidos.

El móvil para semejante debate no es, como pretenden algunos, un genuino interés por la prevalencia de la justicia y la verdad, pues las acusaciones no solo son falaces, sino que además quien propone el debate hace parte de aquellos que promueven la impunidad y la representación política de los cabecillas de las FARC. El propósito es más bien un afán obsesivo por destruir a una figura cimera de la política nacional que sigue venciendo en las elecciones y en el corazón de los colombianos.

No hay nada que esconder, no hay ninguna prueba de alguna conducta acaso sombría, fuera de la luz, de Uribe; y sin embargo resulta irrespetuosa la atrevida insistencia en tratar de vincularlo, por enésima vez, con el paramilitarismo. Se ha convertido en una acusación infinita, inconclusa y volátil de manera que siempre tiene un nuevo matiz que le permite pervivir en el tiempo, dejando la honorabilidad del ex Presidente siempre en suspenso y socavando su derecho al buen nombre.

Pedir que la Corte Suprema sea la encargada de investigar a Uribe es un acto que empieza una vía hacia la ruptura de las instituciones colombianas diseñadas para proteger la integridad de las personas que detentan la primera Magistratura de la Nación. La utilización de disfraces institucionales para adelantar en sede jurídica enfrentamientos eminentemente políticos implica desconocer los principios rectores del Estado de Derecho y pone a Colombia en una peligrosa pendiente. Que la Corte Suprema juzgue a Uribe violenta todos los principios de imparcialidad que engalana la noción de justicia. Bien conoce el país la animadversión de sectores de esa Corte con el uribismo, más aún con el propio Uribe. Un juicio tal sería la negación de toda justicia y el inicio de una caída por el abismo de la destrucción de la credibilidad en las instituciones que terminará por amenazar toda la estructura de nuestro Estado.

Stalin y su implacable imperio, Castro y su paredón, Maduro y su “justicia” son solo algunos de los casos donde las instituciones sucumbieron ante los deseos de politizarlo todo.

El combate democrático se da en la arena de las ideas, con los discursos y las propuestas, y el único juez es el Pueblo colombiano, que vota y elige. Los colombianos ya se han pronunciado -y varias veces- y la voz del pueblo es la voz de Dios.