Decisión de la Corte sobre objeciones a la JEP envía un buen mensaje: Gobierno

El alto consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, dice que la discusión se sigue dando en los poderes públicos.

El gobierno nacional destacó la reciente decisión de la Corte Constitucional, que se abstuvo –por ahora- de emitir cualquier concepto sobre las seis objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hasta tanto el Congreso el de trámite.

Para el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, era “natural” que la Corte Constitucional se inhibiera de conocer sobre las objeciones y, de paso, permitirle al Congreso una “discusión democrática”.

“Porque es lo que dice la Constitución y la ley. Hay una respuesta casi natural porque no había mecanismo constitucional que permitiera eso y creo que es un buen mensaje para el país, en la medida en que todo se está discutiendo en el marco de los poderes públicos”, señaló Barbosa en RCN Radio.

El alto funcionario señala que, de todas maneras, en caso de modificaciones, adiciones o supresiones frente a los seis artículos objetados por el presidente Iván Duque en la ley de la JEP, la Corte tendría la posibilidad de hacer un control de constitucionalidad derivado de sus facultades.

“Son dos temas que se calaran que me parecen importantes  y que le dan más tranquilidad al país”, indicó Barbosa.

Para el alto consejero presidencial para los Derechos Humanos, el Congreso sí alcanzaría a tramitar las objeciones antes del 20 de junio, fecha límite que le do la Corte para tramitarlas. “Depende de la dinámica”, del Legislativo, señaló Barbosa, teniendo en cuenta que no es el trámite formal de un proyecto de ley.

El consejero consideró como un caso sui generis y diferente las distintas posibilidades que se presentan frente a lo que pueda suceder con las objeciones a la ley de la JEP: si se caen los artículos cuestionados, si se aprueban o si se modifican.

“Este es un asunto que va a generar algunas interpretaciones. Pero va a ser el Congreso de la República el que va a genera un camino y las propia Corte, en todo caso, va a tener control de constitucionalidad sobre lo que ocurra en torno  a esas disposiciones modificadas”, precisó Barbosa.

Explicó, según su interpretación, que si llegan a archivarse los artículos objetados o si llega a votarse negativamente, sale del ordenamiento jurídico.

“Allí, de forma inmediata, la norma no tendría ya existencia y, en ese orden de ideas, la Corte Constitucional no tendría (que analizarla); Se haría una reflexión sobre lo existente y no sobre lo no existente”, indicó.

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