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Jueves 16 de Agosto del 2018

Defensa de José Obdulio Gaviria

Autor(a): FCPPC  | 

Fecha: 06/04/2013

Pese a retractarse públicamente de una supuesta calumnia contra sindicalistas que asistieron a un Foro en Quito que respaldó la lucha terrorista de las Farc y el Eln, un juez se ha obcecado en proseguir el proceso contra José Obdulio Gaviria.

José Obdulio Gaviria ha sido uno de los más aguerridos defensores de la doctrina de la Seguridad Democrática y pilar inconmovible del ex presidente Uribe. Eso le ha representado un enorme costo humano al convertirse en blanco predilecto de los enemigos del ex presidente. Con mayor saña ahora cuando irrumpe el Centro Democrático, reivindicando las estrategias uribistas abandonadas por el gobierno actual,  obsesionado por negociar un acuerdo con la guerrilla de las Farc dentro de parámetros que muchos colombianos califican de inaceptables.

El estilo de José Obdulio es frentero: no se expresa con circunloquios sino que llama las cosas y a las personas como cree que son y no rehúye el debate.

Su modo de escribir, debatir y ser, ha incomodado de tal manera a sus contradictores, que lo tienen como un objetivo político y militar. Ha sufrido constantes amenazas de muerte, se le ha tratado de vincular a procesos judiciales  como cómplice o ideólogo de los paramilitares, o como instigador de las famosas “chuzadas” (siendo víctima reconocido de ellas) y de todo cuanto a sus detractores se les cruza por la cabeza con el propósito nada disimulado de acallarlo. Ha sido, con seguridad, uno de los hombres más escudriñados por la Fiscalía, que ha recibido incontables denuncias en contra, que no han podido prosperar porque evidentemente no son ciertas.

Su origen familiar ha sido arma preferida de sus enemigos para desprestigiarlo. Cada vez que se refieren a él lo anuncian como “el primo de Pablo Escobar”, como si una persona pudiera elegir quienes son los componentes de su familia. José Obdulio no tiene la culpa de ser primo de nadie y su trayectoria se define no por este hecho, sino por las relaciones ilegítimas que hubiese podido establecer con ese criminal, obviamente inexistentes. Nunca se ha rebajado a contestar semejantes calumnias y provocaciones.

Pero sus enemigos no pueden resistir que esté vivo, libre y ejerciendo su dialéctica demoledora e implacable. Es un estorbo para el proyecto de construir una Colombia bolivariana y socialista, si es que esos dos calificativos son compatibles.

En sus escritos y declaraciones ha tenido como principio aferrarse a los hechos, en ejercicio de la libertad de expresión que la Constitución protege, y cuando se ha equivocado, sin que nadie se lo ordene, ha rectificado por iniciativa propia. Desde el punto de vista epistemológico la -a veces muy delgada- línea entre la verdad y la falsedad, es en ocasiones, un asunto de interpretación, tal como enseña la hermenéutica, pero tiene aspectos que pueden contrastar lo enunciado con los hechos, que es una manera de determinar si una interpretación puede ser más aceptable que otras.

La interpretación jurídica, tiene, en cambio, un elemento de subjetividad más grande y por eso intenta introducir las pruebas científicas para calificar si una acción es un delito o no; y si lo es, si se trata de uno leve o grave, si tiene atenuantes o no, etc. En el caso de José Obdulio, todo mundo sabe que el 25 de julio 2007 publicó en El Colombiano un artículo titulado “Todo pecado comienza con el pensamiento”, señalando que dirigentes de Sintraemcali, Sintraunicol y Sintrateléfonos, habían firmado en una cumbre de partidos comunistas marxistas-leninistas en Quito, a la que asistieron las Farc y el Eln, una declaración que expresa: “apoyamos todas las formas de lucha (…) el uso de la violencia organizada (para) conquistar el poder”. En la columna José Obdulio reprocha esta actitud de los dirigentes sindicales, que, asegura, es rechazada en sus mismas filas, pues “es un martirio para el sindicalismo colombiano”. Gaviria se basó en una declaración que hizo el vicepresidente Santos, en la que los denunció como apologistas del terrorismo (“nos solidarizamos con la lucha de los insurgentes en Colombia”), con base en la publicación de una página web en la que aparecía la declaración de Quito firmada por los tres sindicatos.

Los sindicalistas afirmaron que sus organizaciones habían sido incluidas como firmantes sin que hubiesen dado su autorización, que no asistieron a la sesión final que aprobó el comunicado, y establecieron una demanda contra Francisco Santos y José Obdulio Gaviria, por calumnia agravada, afirmando además que ese hecho había puesto en grave riesgo sus vidas y generado amenazas de muerte de paramilitares.

En una audiencia de conciliación Santos se retractó diciendo que había cometido un error contra los sindicalistas porque no tenía información que las respaldara. José Obdulio lo hizo en El Mundo y El Colombiano de Medellín. La juez penal 26  aceptó dichas retractaciones argumentando que cumplían los requisitos de ley fijados para tales eventos, pues Santos se había retractado en una audiencia y una rueda de prensa y Gaviria en dos periódicos del mismo ámbito regional (Antioquia) en el que había escrito su artículo

No obstante, el pasado 2 de abril, el Juez 27 penal de conocimiento, revocó el fallo de la juez 26, en lo que respecta a José Obdulio, porque contrario a los argumentos de su colega dictaminó que la retractación no cumplía con los requisitos para este tipo de acciones: que no demostraba arrepentimiento, que no desvirtuaba la calumnia, que no hacía la retractación de manera “tan contundente y clara” como cuando había escrito el artículo, y lo reprendía por citar en varias ocasiones las declaraciones de Santos, pues José Obdulio argumentaba que se había basado en las afirmaciones del ex vicepresidente y que si este asumía que había un error y no tenía información en la cual respaldar sus afirmaciones, entonces, él también, con base en este hecho, se retractaba. En consecuencia el juicio por calumnia agravada debía realizarse.

Aprovechando la situación, los sindicatos mencionados han pedido que se impute a José Obdulio por las amenazas terroristas, es decir, nada menos que como determinador: “Es claro, señor fiscal, que las amenazas provenientes de las estructuras paramilitares se produjeron 16 días después de las publicaciones efectuadas por el señor José Obdulio Gaviria”, se lee en el derecho de petición de nueve páginas. Esta investigación es llevada por la Fiscalía 7 antiterrorismo. Son argumentos bien curiosos si se tiene en cuenta que en el artículo, como cualquiera lo puede constatar, lo que se dice es que muchos sindicalistas han muerto en manos de las lasFarc el Eln o las Auc, por practicar la combinación de todas las formas de lucha, que es el martirio de los sindicalistas, según afirma un gran número de sus dirigentes. Ataca igualmente a guerrilla y paramilitares por tal tragedia.

El argumento de que por haber transcurrido 16 días entre el artículo y las amenazas denunciadas hay una relación de causa–efecto, no resiste el menor análisis. Se trata de un número arbitrario de días. En esa lógica, si hubiesen transcurrido  2 días o 17 o 20, o un mes, o 6 meses, también se podría establecer la misma conclusión, de suerte que cualquier amenaza a los sindicalistas podría atribuirse al artículo mencionado. Lo que hay de fondo es empapelar a José Obdulio, silenciarlo, encarcelarlo, para sacarlo del debate político del país.

Y el mayor contrasentido, como alguien lo expresó en su momento, es que ahora resultan los pájaros tirándole a las escopetas. Resulta que el evento de Quito que respaldó la acción violenta de los grupos terroristas se realizó, que los sindicalistas colombianos mencionados asistieron, que las Farc y el Eln enviaron mensajes y documentos al certamen, y que en Internet apareció la declaración aprobada con los nombres de los tres sindicatos. No todo eso fue casual, ni inocente, ni inventado para poner en riesgo la vida de quienes voluntariamente fueron a Quito. Puede ser que los sindicalistas colombianos no hayan asistido a la sesión final ni autorizado incluir sus nombres como respaldándola, y que efectivamente no compartan sus términos, como posteriormente argumentaron. Pero en el momento en que se produjeron las denuncias de Francisco Santos y José Obdulio Gaviria esos eran los hechos, y no podían provocar sino rechazo. Lo inaudito es que sean estos ahora los señalados y juzgados, incluso habiéndose retractado cuando conocieron las informaciones posteriores.

Es inevitable que cualquier observador imparcial termine por relacionar este tipo de procedimientos con la campaña para acallar y amedrantar la oposición que se viene desarrollando en el país, en todos los frentes, de la que Gaviria es uno de sus principales objetivos. O si no, recordemos la cancelación de su columna en El Tiempo o la de su programa en Cable-noticias. O las infamias que lanzan a diario calumniadores profesionales, denigrando de él, de Uribe o de quienes se atrevan a disentir del gobierno.

Colombia es un país de democracia liberal que profesa el debido proceso y el cultivo de la verdad procesal y judicial. La inmensa mayoría de jueces, magistrados y fiscales seguramente aplican la Constitución y la ley de manera justa, sin falsas incriminaciones o falsos testigos. Pero todos sabemos que la confrontación que vive Colombia también se libra en el campo jurídico, y que a muchos inocentes se les encarcela sin pruebas, o se las fabrican; que el cartel de los falsos testigos está esencialmente conformado por aquellos que fueron golpeados por la Ley de Justicia y Paz en alianza con los que desean acallar, encarcelar, asesinar, exilar, a quienes se oponen a sus macabros designios de convertir a Colombia en una dictadura bolivariana y socialista, de la que hablábamos más arriba, junto con sus valedores en el poder.  

En un Estado de derecho, como el colombiano, debe acatarse el debido proceso como elemento fundamental de justicia igual para todos. Esperamos que el sistema judicial proceda de manera recta con José Obdulio, aunque lo acaecido genera grandes dudas y provoca una enorme preocupación. El Periódico DEBATE estará atento al desarrollo de este proceso que tantos interrogantes suscita sobre la imparcialidad y transparencia de no pocos jueces y el futuro de la libre expresión en nuestro medio. 

Redacción Periódico DEBATE

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