Causó dudas, en quienes apoyan el proceso de paz, la propuesta que el presidente Juan Manuel Santos hizo —como quien no quiere la cosa— de “crear una especie de ‘congresito’ que les dé desarrollo a los acuerdos”. Según el presidente, se trataría de un órgano legislativo especial con el fin de agilizar y asegurar la implementación de lo que se pacte en La Habana.

Con el anuncio, que fue una idea en abstracto sin mayor elaboración, el mandatario contó que los planes de hacer una constituyente o un referendo ya fueron descartados por su “inconveniencia”. En otras palabras, la promesa que desde el comienzo de la negociación se hizo, por voluntad propia del Gobierno además, de que el pueblo colombiano iba a poder refrendar lo acordado sigue siendo un problema sin resolver.

Las dudas que esta propuesta ha generado son válidas. El Gobierno sigue demostrando que no tiene aún una ruta viable para amarrar el acuerdo. Entendemos que la solución no se ha inventado y que la improvisación es un aspecto natural —y, podría argumentarse, necesario— del proceso, pero resulta conveniente dejar de estar arrojando propuestas “en abstracto” y que dicen poco a ver cómo reacciona la opinión. Por ese camino se avivan la preocupación y, sobre todo, la desconfianza.

El “congresito” genera muchas preguntas: ¿quién lo conformaría? ¿Bajo qué criterio? ¿Qué alcance tendrían sus poderes? ¿Podría modificar la Constitución? Si se trata, como intentó decir el presidente al ver la reacción a su propuesta, de un órgano dentro del mismo Congreso, ¿entonces cuál es su utilidad? ¿Una mera cuestión de agilidad? ¿Y cómo se les garantizaría la representación a las Farc? ¿Qué legitimidad tendría la presencia de las Farc en ese “congresito”? ¿Qué pasó con la voz del pueblo colombiano? ¿Se supone su representación por los congresistas que se elijan? ¿O es que se nos quiere imponer una constituyente elegida a dedo por la mesa? ¿No será que el Gobierno quiere plenos poderes para saltarse el paso de la refrendación? Como la propuesta no es clara, las preguntas son de ese talante.

El principal reto de un eventual acuerdo es, sin lugar a dudas, su solidez. Lo pactado, una vez aprobado e incorporado al ordenamiento jurídico —aún no sabemos cómo—, no puede depender de la voluntad política del Gobierno de turno. Si no perdura en el tiempo, todo este esfuerzo habrá sido en vano. Por eso mismo el mecanismo que se utilice tiene que darle voz al pueblo colombiano, como el propio presidente Santos aseguró desde un comienzo.

Si el Gobierno requiere un margen de maniobra, y seguramente lo requiere, debe ser a través de un mandato muy concreto y específico, muy bien explicado y elaborado. Hasta ahora, con tanta idea lanzada al viento, lo que se siente antes bien es un aparente deseo de recibir poderes absolutos para imponer el acuerdo en lugar de abrirlo a la refrendación de los colombianos. En un momento de transición hacia el posconflicto es apenas lógico que la creatividad debe guiar el actuar y que ciertas ataduras jurídicas pueden y deben flexibilizarse, pero, para la tranquilidad del país entero, las reglas de juego tienen que ser claras.

Las propuestas en abstracto no ayudan para el propósito último de fortalecer el acuerdo. Si el Gobierno tiene una idea debe plantearla respondiendo todas las dudas que genera. Eso de probar las aguas e ir modificando sus iniciativas al compás de la reacción popular sólo despierta mayor incertidumbre.