Hasta un 20% de la superficie de Colombia está revestida de humedales. No se trata de una opinión, ni mucho menos, o algo que pueda ser sujeto de alguna interpretación posible (como sucedió, por demás, con las áreas protegidas).
Este es el más reciente diagnóstico disponible sobre dichos sistemas ecológicos: ha sido suministrado por el consenso científico, a través de la combinación de los criterios aceptados que conforman la definición misma de humedal, en conjunto con la innovación del uso de instrumentos tecnológicos de última generación. El resultado es contundente y sus implicaciones requieren la revisión de la idea que tenemos de este país tropical y, en gran parte, anfibio.
El estudio realizado entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Ideam y el Instituto Humboldt, con la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, indica que en Colombia hay 31.702 humedales detectados. Esta es una cifra inferior a la realidad, pues serían muchos más si en la lista se incluyeran los miles de humedales pequeños. En su aproximación más conservadora, el estudio señala 22 millones de hectáreas: son tierras húmedas, temporal o permanentemente cubiertas por las aguas dulces. A esta no despreciable superficie podemos añadir un millón y medio de hectáreas que corresponden a sitios donde la existencia de humedales es altamente probable. Conjetura, sí, pero podríamos confirmarla con levantamientos más detallados en el campo y, sobre todo, con la persistencia, durante varios años, de las condiciones de humedad en el suelo o las inundaciones. En suma, estamos en un rango de entre el 12 y el 20% de las tierras del país dentro de esta categoría.
La cifra inquieta, por decir lo menos. En especial cuando en el imaginario político del desarrollo los humedales son considerados como áreas en las cuales las actividades humanas quedarían proscritas. Nada más alejado de la realidad, pues hoy sabemos que son cientos de municipios y centenas de miles de personas los que viven en estos espacios: Colombia, insistimos, es un país anfibio. El documento de la Política Nacional de Humedales Interiores del país, lanzada en 2002, lo sugirió en su día, incluso sin la precisión que nos posibilita la tecnología actual. Por su parte, estudiosos reconocidos, como Orlando Fals Borda, mostraron la existencia en el país de conjuntos amplios de población que conforman las invisibilizadas culturas anfibias.
Con todo, no deja de ser paradójico que este conocimiento emergiera como resultado de una gran inundación (aquella que se produjo entre 2010 y 2011), cuando cerca de 800.000 ciudadanos resultaron directamente damnificados, con costos que superaron los $8.000 millones. Justamente una de las respuestas por parte del Gobierno Nacional, a través del Fondo de Adaptación, fue la realización del estudio citado. Entender que una parte importante del territorio está compuesto por humedales debería ser visto como una gran oportunidad.
Los humedales son fuente de recursos naturales, sustento de formas de vida y parte de la base de ecosistemas que nos permiten adaptarnos al clima cambiante. Tenemos, pues, que reconocerlos, y reconocernos en ellos. Una nueva visión del país debe emerger, esta vez de las aguas continentales y sus habitantes.
