Como se esperaba, la Corte Constitucional convalidó la vía rápida para la aprobación de las leyes y reformas constitucionales tendientes a poner en efecto los acuerdos del Gobierno y las Farc. La decisión, cuyo texto completo no se conoce y no conoceremos sino dentro de algunos meses, parece que supedita esta decisión a que el Congreso ratifique la refrendación que ya hizo este cuerpo legislativo hace un par de semanas, lo que posiblemente se dé antes de que esta nota salga publicada. Los peligros que implica una subordinación casi absoluta de las Cortes y del Congreso al jefe del Ejecutivo no necesitan ser puestos de relieve.
Nos basta mirar hacia Venezuela para constatar el daño a la democracia que la coalición de dos de las tres tradicionales ramas del Estado, ejecutivo y judicial, pueden hacerle a un país, aun con un legislativo mayoritario en la oposición.
Por lo que ha dicho la prensa, parece que un elemento importante para la decisión fue que la llamada vía rápida “está dirigida a apoyar el fin fundamental que es el logro de la paz”. En otras palabras, bastaría que con una medida “se busque la paz” para que se justifique la violación de la Constitución. Ya lo saben el Eln y bandas criminales como los Úsuga. Cuando estos grupos delincuenciales se vean cercanos a la destrucción total, como estaban las Farc, reducidas por la política de seguridad democrática y el Plan Patriota, de 22.000 guerrilleros a 5670, pedirán al Gobierno concesiones similares o mayores a las que obtuvieron las Farc. Claro que muchos colombianos nos preguntamos cómo nuestras fuerzas armadas pudieron reducir a las Farc a una cuarta parte de lo que eran y ahora no pueden acabarlas cuando solo tienen 5670 hombres en un país de 49 millones de habitantes (cifras del Dane). Estoy seguro de que si el Gobierno les da libertad de acción si pueden.
Las exageraciones del Gobierno y de quienes lo apoyan, buscando disculpar las concesiones con el argumento de que todo se justifica para detener el desangre del país, son muchas. Como ejemplo, un periodista extranjero, de la revista The New Yorker, hoy frecuentemente destacado en los medios, afirma que en 52 años de lucha contra las Farc han muerto “más de 8.000.000 de personas.”
Primero que todo, las Farc no tenían mayor importancia militar en 1964, pero suponiendo que la hubieran tenido, implicaría que cada año, desde entonces, hubo 153.846 muertos, es decir, 421,49 diarios. Para una comparación, los muertos, civiles y militares, en la guerra de Vietnam, cuya intensidad no es comparable con la de la lucha contra las Farc, fueron 1.314.189. Esto es la manipulación flagrante de la verdad para justificar una política oficial.
