Los vacíos en las administraciones salientes
Repensar regímenes departamentales y locales

A pocos días de que los actuales alcaldes y gobernadores entreguen sus respectivos cargos, hay varias situaciones que debe analizarse sobre lo que significa dejar el poder ejecutivo a nivel departamental o municipal.

De entrada, por ejemplo, no son pocos los mandatarios salientes que urgen a las autoridades que les mantengan sus respectivos esquemas de seguridad, pues durante la gestión se crearon a su alrededor situaciones de riesgo, enemistades y enemigos acérrimos que podrían ahora aprovechar la ausencia de escoltas y otras medidas de seguridad para perpetrar atentados en su contra. Allí la Nación, con las instituciones respectivas para la protección de personajes con riesgos de seguridad, debe establecer rápidamente quiénes deben seguir con algunas medidas de protección y quiénes, en realidad, sólo quieren seguir gozando de privilegios de escoltas y vehículos blindados sin atravesar una situación que lo amerite.

Por otra parte, los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría deben proyectar lo antes posible sendos informes sobre la contratación adelantada en gobernaciones y alcaldías a partir del 26 de octubre pasado, cuando se levantó la restricción que imponía la Ley de Garantías Electorales. Desde varias regiones se advierte que algunas administraciones departamentales y municipales se lanzaron a firmar contratos de obras, servicios y personal a diestra y siniestra cuya pertinencia debe ser establecida a la mayor brevedad. Se advierte, además, que en algunos casos los gobernadores y alcaldes salientes, así como muchos funcionarios de secretarías departamentales y municipales, al igual que institutos descentralizados de esos dos niveles, se dedicaron en las últimas semanas a ‘amarrar’ su burocracia por lo menos un año más, restringiendo así el margen de maniobra de los mandatarios entrantes.

También se debe a revisar lo relativo a las llamadas vigencias futuras presupuestales que se convirtieron, a punta de esguinces normativos y excepcionalidades recurrentes, en una especie de puerta trasera para comprometer los ingresos de las entidades públicas por varios años, haciendo prácticamente inflexibles los cronogramas de gastos de inversión y funcionamiento a mediano y largo plazos.

No menos preocupante resulta lo que está pasando en materia de elección de contralores departamentales y personeros municipales. A los primeros, según la llamada reforma de “equilibrio de poderes”, ahora hay que elegirlos por convocatoria pública, en tanto que a los segundos la ley obliga a escogerlos por concurso de méritos. En uno y otro caso las asambleas y los concejos salientes han advertido que no tienen recursos, experticia ni tiempo para proceder a esos procesos de selección, lo que podría generar un vacío de poder en torno a la titularidad de estos entes de control frente a los gobernadores y alcaldes que arrancan este 1 de enero. Incluso en ciudades tan grandes como Bogotá hay todo una controversia en torno a cómo escoger al nuevo Contralor Distrital, alegando que la falta de una reglamentación más clara sobre este procedimiento hace imposible adelantar el proceso con la suficiente seguridad jurídica.

Otra queja recurrente en las últimas semanas, como lo anotáramos tiempo atrás en estas páginas, ha sido lo relativo a los empalmes entre las administraciones salientes y entrantes. Quedó en evidencia que los pulsos políticos y electorales que se plantearon en las urnas el 25 de diciembre en torno a la escogencia de gobernadores y alcaldes se trasladaron en algunos casos a la entrega y rendición de cuentas de los equipos que dejan sus cargos y los llamados a sucederlos. Es claro que falta un protocolo reglamentario que defina puntualmente en qué consiste el empalme y las formalidades que debe cumplir, de manera tal que no quede a la discrecionalidad de mandatarios entrantes y salientes.

También quedaron en el tintero otros temas que no son de poca monta. Por ejemplo, desde el sector central salud se había pedido que los entes de control pusieran lupa sobre los alcaldes y gobernadores salientes que no habían cumplido con los pagos a la red pública hospitalaria. En materia de corte de cuentas a las inversiones en obras y proyectos financiados con regalías, en especial los niveles de ejecución, persisten todavía grandes vacíos que las administraciones salientes no aclararon…

Como se ve, no es para nada halagüeño el panorama de los mandatarios salientes a nivel regional y local, salvo muy contadas excepciones. Se trata de una falencia normativa tan estructural como transversal a la administración pública, que debería llevar a pensar si no es hora ya de una reforma a fondo a los regímenes departamentales y municipales, pues muchos de sus mandatos ya se evidencian anacrónicos, inútiles o insuficientes.