Desperdicio por ineficiencia

El informe del BID sobre la ineficiencia del gasto público en Latinoamérica refleja un panorama patético. Y por supuesto en Colombia. Por cuenta de la incompetencia se van por las alcantarillas inmensos recursos tan necesarios en una región y en un país llenos de inequidades y atiborrados de impuestos, que siempre caen sobre la población más vulnerable e inerme.

Sostiene el BID que el desperdicio de recursos de la región equivale al 4,4% del PIB, o sea a más de 220.000 millones de dólares anuales. De esa suma Colombia aporta al roto 13 mil millones de dólares –39 billones de pesos– valor cuantificado de su ineficiencia, de su irracionalidad, de su torpeza en el manejo del gasto público.

Con esta suma que se desperdicia anualmente por la abulia, indiferencia e incompetencia del Estado, se podría financiar –con racionalidad en la operatividad del gasto– no solo el costo del posconflicto sino aliviar muchas de las carestías que en materia económica y social asfixian al país. Y así no habría tenido que decir el presidente Duque en la Asamblea de la ONU, que “el proceso de paz es frágil por su penuria presupuestal y fragilidad institucional” con que lo recibió, situación que lo podría precipitar al fracaso.

El diagnóstico del BID es preocupante. Pero en este medio latinoamericano y colombiano, los informes de las entidades internacionales, primero impactan y conmueven y luego se van difuminando en medio de la indiferencia y el estratégico olvido. O aparecen otros hechos de tanta gravedad que los ocultan o los borran. Y al pasar a mejor vida, sin encontrar solución, acumulan frustraciones que en cualquier momento revientan sin posibilidades ya de topar soluciones oportunas.

Contribuyen a este melancólico panorama de la irracionalidad en el manejo del gasto público las obras públicas mal planeadas, mal ejecutadas, mal diseñadas. Aquí en Colombia los ejemplos abundan. Puentes que se caen, represas que fallan, túneles que no avanzan, carreteras que se hunden, no tanto por acción de nuestra topografía abrupta, sino por errores y picardía humana. Y si a ellos se le suman –como lo reseña Portafolio– la venalidad y las avivatadas en las compras públicas, los “derroches en los sistemas de la salud, educación y sistema pensional, que se lleva la mayor tajada de los subsidios para favorecer al 40 % de la población que está en la parte de arriba de la pirámide de ingresos”, el panorama no puede ser más negro.

Lo que en Colombia se derrocha en el manejo del gasto público daría no solo para mitigar los déficit que nos agobian, sino para aliviar las demandas de los colombianos y de los venezolanos que hoy entran a chorros al país con un costo de mantenimiento de 4 billones de pesos, según el presidente Duque. Con más transparencia, no habría necesidad de adoptar tantas reformas tributarias draconianas.

Todo esto es un sueño de una noche de verano. Mientras la cultura de la honradez y la eficiencia en el manejo de la cosa pública esté aun lejos de alcanzarse, todo esfuerzo fiscal que se haga, se quedará corto por la aferrada presencia de la dilapidación y el malgasto estatal.

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